6-D en estado de alarma

El Real Decreto 1673/2010 , de 4 de diciembre, forma ya parte de la historia de la democracia y desde este fin de semana se encuentra en el Congreso, en concreto en la Comisión Constitucional, que se reunirá próximamente para analizarlo y pedir la información que considere procedente. El Gobierno necesita la autorización del Congreso para prorrogar, en su caso, el estado de alarma, que tiene una duración de 15 días, según el decreto.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido la cabeza visible del Ejecutivo este fin de semana para anunciar y explicar esta medida extraordinaria, que otorga a los controladores aéreos la consideración de personal militar, por lo que quedan sometidos a la autoridad del Ejército del Aire, y a las leyes penales y disciplinarias militares. Rubalcaba adelantó que iba a pedir la comparecencia urgente en el Congreso para explicar las razones que han llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma. Pero a la oposición no le pareció suficiente esto, y criticó la «desaparición» de Zapatero en un momento crítico como este. Ante las críticas, que amenazaban con arreciar en las horas y días siguientes, fuentes de Moncloa se apresuraron a señalar que el presidente del Gobierno pediría una comparecencia ante el Pleno de la Cámara. Al final, será el próximo jueves, casi una semana después de que se produjera el cierre del espacio aéreo y quedaran afectadas cientos de miles de personas en los aeropuertos de toda España.

Rubalcaba prosiguió ayer su ronda de explicaciones públicas, y en Onda Cero subrayó que «quien le echa un pulso al Estado, pierde». A su juicio, el estado de alarma «había que hacerlo» porque «no puede ser que periódicamente se eche un pulso al Estado sin que este responda». Respecto a la «desaparición» de Zapatero, explicó que el presidente del Gobierno ha estado al frente de la nave en todo momento y ha sido quien finalmente ha tomado las decisiones, como es lógico.

Los buenos y los malos

La crisis de los controladores ha servido al Gobierno, al menos, para dar una imagen de contundencia justo cuando su palpable debilidad política había traspasado ya todas las fronteras, y estaba siendo aprovechada desde distintos frentes. El Ejecutivo, además, se ha agarrado con fuerza a un escenario donde aparece como el «salvador» de los derechos e intereses de los ciudadanos, frente a los «malos» de la película, que serían los controladores, objeto de las iras de millones de personas. Rubalcaba, en esa situación, sabe moverse como pez en el agua. Y si de paso se asocia al PP con esos «malos», mejor.

Mientras tanto, el ministro de Fomento, José Blanco , que el viernes se encargó de plantar cara a los controladores, ha cedido todo el peso de la gestión de la crisis a Rubalcaba, y ha pasado a ocupar un discreto segundo plano. Blanco arrastraba el conflicto sin resolver con los controladores desde hacía un año, y decidió aprobar por decreto-ley sus nuevas condiciones laborales en el Consejo de Ministros del viernes por la mañana. Por la tarde se produjo la baja masiva de ese colectivo. El ministro, que compareció ayer para hacer un balance con la crisis ya encarrilada, suspendió el viaje que tenía previsto emprender a China.

En la recepción oficial que tendrá lugar en el Palacio de las Cortes, con motivo de la fiesta de la Constitución, continuará, previsiblemente, la batalla política entre el PP y el PSOE, que se recrudeció cuando el responsable socialista de relaciones institucionales, Gaspar Zarrías, acusó a los populares de estar al lado de los «presuntos delincuentes» y de haber mantenido reuniones previas con ellos. El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso , mantuvo esa línea y exigió ayer al PP que explicara el contenido de sus supuestas reuniones con los controladores. «No nos hemos reunido con los controladores. Pero si lo hubiéramos hecho, ¿qué? Estaríamos en el ejercicio de nuestro legítimo derecho a tener información sobre el conflicto», comentaba un diputado de la oposición molesto por las acusaciones directas del PSOE.

El estado de alarma coincide con otro estado de emergencia no declarado: el paro y la crisis económica, la mayor «catástrofe» de los últimos tiempos que no ha merecido hasta ahora ningún decreto parecido al excepcional sobre el caos de los controladores, y eso que los afectados por el desempleo son cuatro millones y medio de personas.