Quién es quién en el caso Azud: de los dos millones de euros en comisiones de Grau a los 300.000 de Rubio

La Justicia investiga el cobro de comisiones por un importe de siete millones de euros , así como la recepción de regalos a cambio de adjudicaciones urbanísticas. Pero, ¿quién es quién en la macrotrama corrupta que se investiga?

La red que se investiga parte de «la participación necesaria e imprescidible» del promotor valenciano Jaime Febrer , quien, a través de su conglomerado empresarial, el Grupo Axis , según el auto del Juzgado de Instrucción número 13 al que ha tenido acceso ABC , se dedicó al pago de comisiones ilícitas a diferentes cargos públicos, funcionarios y abogados para la obtención de beneficios administrativos acordes a sus intereses mercantiles, entre los años 1999 y 2013 . Un mecanismo similar con otros cinco grupos empresariales.

Según la investigación incluída en el sumario del caso, Febrer, con su red empresarial , contaba con «toda una estructura personal y societaria que, formalmente ajena al mismo, habría actuado a su servicio, a modo de apéndice, posibilitando la generación de importantes sumas de dinero en efectivo».

El periodo investigado alcanzó, «por lo menos, la cantidad de 7.000.000 de euros , cuya finalidad era el pago de las comisiones ilícitas en metálico a cargos públicos y funcionarios del Ayuntamiento de Valencia, de entes públicos y de aquellos ayuntamientos en los que el Grupo Axis tenía intereses urbanísticos».

El principal imputado de la macrocausa corrupta Azud es el exvicealcalde de Valencia en la época de máximo esplendor de Rita Barberá, el popular Alfonso Grau , de quien se investiga «el cobro de comisiones ilícitas cuya cuantía se estima, cuanto menos, en más de 2 millones de euros».

El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha puesto la lupa en su patrimonio y en el de su entorno, pues, se ha identificado la existencia de «un incremento patrimonial de origen ilícito que, entre los años 2004 y 2014, se cuantifica en al menos 728.051,75 euros , lo cuales habrían sido manejados en efectivo e integrados, a través de diferentes vías y procedimientos en sus patrimonios personales con la intención de ocultar su origen, bien a través de ingresos en efectivo en cantidades que escapan al control financiero».

Grau ha ostentado diversos cargos dentro del organigrama del Consistorio de la capital valenciana. Fue concejal por el Partido Popular desde el año 1995 hasta el 2015 y era el hombre de confianza de la alcaldesa Barberá. Además de vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, pasó por áreas como Economía y Grandes Proyectos o Dinamización Económica y Empleo. Además, por delegación, tuvo el cargo de presidente del consejo de administración de AUMSA.

El siguiente investigado que mayor relevancia política tiene en la causa, por el papel que desempeñaba como líder de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia es el socialista Rafael Rubio , quien debía fiscalizar las actuaciones del Gobierno municipal de la época. Del sumario se desprende que el portavoz del PSPV-PSOE en el Consistorio «tuvo un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros ».

Además de concejal portavoz del Grupo Socialista, Rubio formaba parte del consejo de administración de la entidad pública AUMSA , la sociedad municipal encargada de los estudios urbanísticos, la actividad urbanizadora, la edificación, la rehabilitación urbana y la gestión de proyectos en el término municipal de Valencia. Las pesquisas apuntan a que el dirigente percibió todavía más dinero por su intermediación en asuntos relacionados con la materia: «Una comisión en metálico por importe no inferior de 300.000 euros ».

En uno de los autos del sumario consta que «en el mes de julio de 2007, el investigado Rafael Rubio y su esposa alquilaron una caja de seguridad en la sucursal del BBVA sita en la Plaza del Ayuntamiento». Hasta el 2015, el socialista, que fue subdelegado del Gobierno central ya con Pedro Sánchez , según las investigaciones, después del aumento de su patrimonio «procedió a invertir en todo tipo de productos de ahorro y de inversión».

Otro nombre, también del PSPV-PSOE, que es de máxima relevancia en la operación Azud es el de José Luis Vera , a quien se le atribuye haber recibido 'mordidas' del Grupo Axis de más de 1.341.086,36 euros , entre los años 2007 y 2012, «bajo supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias realizándose pagos por servicios inexistentes de los realmente prestados, todo ello sin perjuicio del dinero en efectivo que recibiera».

Vera, que era jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra (empresa pública de la Diputación de Valencia) en los últimos años, estaba casado con una diputada autonómica y fue director general de Consumo con el socialista Joan Lerma al frente de la Generalitat Valenciana.

Vera concertó junto al contratista Febrer y el abogado José María Corbín , cuñado de Barberá, al menos siete contratos de operaciones urbanísticas. Por uno de esos tratos, según el auto, recibió 150.000 euros , únicamente por reunir al propio Febrer con los socialistas Rubio y Pepe Cataluña , histórico responsable de finanzas del PSPV-PSOE, para eliminar cualquier rastro que pudiera obstaculizar la operación.

El inicio de la red se remonta a una denuncia anónima de un particular a la Agencia Tributaria de Valencia que señalaba al cuñado de la histórica alcaldesa, es decir, al abogado Corbín, casado con María Asunción Barberá . En este setido, su figura cobra especial relevancia por «sus influencias políticas y familiares» para la obtención de los fines del Grupo Axis, el del promotor urbanístico Febrer, considerado el principal corruptor de la trama.

Corbín, según el escrito de la juez del caso Azud, «a través de la mercantil Corbín Abogados SL obtuvo la cantidad de 602.156,48 euros por facturaciones ficticias, más aquellas cantidades en efectivo que constan en las distintas operativas».

En las diligencias practicadas, se ha constatado que «la mercantil Corbín Abogados SL debía casi el 80% de sus ingresos a pagos efectuados consistentes en comisiones ilícitas desembolsadas como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia o de alguno de sus entes públicos principalmente en materia urbanística, centrándose por tanto la instrucción en el origen y causa de los pagos realizados a Corbín Abogados S.L. de seis grupos empresariales».