Mordidas millonarias por corromper a cargos del PSOE críticos con el PP: así operaba la trama que hizo caer al subdelegado del Gobierno en Valencia

Era la forma que tenía de ir «colonizando» las instituciones: los investigadores calculan que se generaron hasta siete millones de euros en efectivo «cuya finalidad era el pago de las comisiones ilícitas en metálico a cargos públicos y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Valencia, de entes públicos y de aquellos Ayuntamientos en los que el Grupo Axis tenía intereses urbanísticos».

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia señala que el abogado José Luis Vera –actual jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, empresa pública de la Diputación de Valencia– percibió de las empresas de Febrer 1,3 millones de euros entre 2007 y 2012 facturando servicios inexistentes a través de su propia mercantil.

Su cometido no pasaba por asesorar al grupo inmobiliario del promotor, sino por «posibilitar y materializar» negocios «en aquellas administraciones públicas al frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido». De hecho, estaba casado con una diputada autonómica, fue director general de Consumo con el socialista Joan Lerma al frente de la Generalitat y había ejercido como magistrado.

[La Justicia investiga al diputado del PP Jorge Bellver en la trama corrupta de Azud]

Vera concertó junto a Febrer y José María Corbín , también abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, al menos siete contratos de operaciones urbanísticas. Por una de ellas recibió 150.000 euros. Su único mérito fue sentar en una mesa a Febrer con Rafael Rubio , entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, y Pepe Cataluña , histórico responsable de finanzas del PSPV, para eliminar cualquier escollo que pudiera obstaculizar la operación.

El promotor quería conseguir varias parcelas de uso residencial, propiedad del consistorio, a cambio de asumir una deuda millonaria que había contraído la corporación liderada por Rita Barberá . Rubio, en la oposición, había pedido ante los medios a la entonces alcaldesa que investigara a su núcleo más cercano, tras tener conocimiento de que una de les mercantiles de Febrer había obtenido grandes beneficios de una operación tras recibir un trato de favor por parte del consistorio, al obtener información privilegiada.

Según consta en el sumario, la comida se produjo en el restaurante Berenice de Valencia. Hasta ese momento, tanto Rubio como Cataluña eran habituales en las listas de regalos de Navidad del constructor, a los que obsequiaba con botellas de vino que rondaban los 200 euros. Pero en los meses posteriores, los investigadores han detectado «un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros» en las cuentas del que más tarde sería subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Valencia y se vería obligado a dimitir tras su detención en 2021. Además, consta que abrió una caja de seguridad en una sucursal bancaria de la Plaza del Ayuntamiento en 2007. De hecho, en las anotaciones de Jaime Febrer que obran en la causa figura un cargo de 300.000 euros a «RR», a quien los responsables del caso identifican como Rafael Rubio.

La causa, que se inició a raíz de una denuncia anónima en la Agencia Tributaria, investiga ya a sesenta personas por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Entre los imputados se encuentra el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau , que habría recibido más de dos millones de euros en mordidas urbanísticas. Las operaciones realizadas entre 1999 y 2013 también afectaban a otros municipios como Xixona, Burjassot y Benicàssim.

En el marco de la causa que investiga la trama corrupta del caso Azud, otro de los nombres propios es el de Jorge Bellver , actual vicepresidente segundo de la Mesa de las Cortes Valencianas. El diputado del Partido Popular habría recibido en su etapa como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia un reloj de lujo a cargo del empresario Jaime Febrer.

Al respecto, el auto de la juez de Instrucción número 13 de Valencia expone que Bellver favoreció a este constructor en una operación compensatoria de una deuda del Consistorio municipal a diez centros educativos. No obstante, tan solo podría ser imputado por los magistrados del TSJCV al mantener la condición de aforado por su cargo de diputado en el Parlamento autonómico.