La trama corrupta del caso Azud pagó gastos electorales como sobornos a petición de cargos del PSOE valenciano

Así lo detalla la Fiscalía Anticorrupción en uno de los informes incluidos en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso ABC. El Ministerio Público considera que Febrer «de manera continuada ha venido, tras pagar por ello importantes cantidades de dinero y de regalos, colonizando diversas instituciones públicas ». «Su manera de proceder aparece unida a la compra de funcionarios encargados de tramitar y resolver resoluciones administrativas, realizando en su beneficio los propios pliegos de contrataciones y participando directamente en su redacción al objeto de favorecer sus propio intereses», apunta. De este modo se calcula que se llegaron a abonar hasta siete millones de euros en mordidas.

Esos gastos electorales habrían sido solicitados por José Luis Vera -abogado, exmagistrado y exalto cargo socialista-, Pepe Cataluña -responsable de finanzas del PSPV- y Rafael Rubio -portavoz del grupo municipal socialista en el consistorio gobernado por Rita Barberá-.

Los tres formaban parte de la lista de receptores de suculentos regalos que Febrer -cuya defensa ejerce el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata - enviaba a políticos de todos los colores cada Navidad. Ellos, en concreto, recibieron botellas de vino de entre 100 y 200 euros desde 2002.

Febrer anotó cada uno de sus movimientos -reuniones y comisiones- durante todo el periodo que se investiga 1999 y 2013. En ese sentido, Anticorrupción pone el foco en la «evidente relación» y los «contactos mantenidos» entre Febrer y Cataluña «durante las fechas cercanas al periodo electoral» .

Sin embargo, José Luis Vera fue, según detalla la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, el que más tajada sacó de los tres por su relación con Febrer: más de 1,3 millones de euros por supuestos servicios de asesoría que en realidad consistían en abrirle la puerta de los despachos. Mismas facturas ficticias que elaboraba Jose María Corbin, el cuñado de Barberá que también ejercía como conseguidor.

La función de Vera, actual jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra -empresa pública de la Diputación de Valencia-, era «posibilitar y materializar» negocios «en aquellas administraciones públicas al frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido». Estaba casado con una diputada autonómica y fue director general de Consumo con el socialista Joan Lerma al frente de la Generalitat.

El rastro de todos ellos lleva a los investigadores a una comida celebrada en un restaurante de Valencia en septiembre de 2005. Vera recibió 150.000 euros de Febrer por sentar a Rubio y Cataluña con el promotor para eliminar cualquier escollo que pudiera afectar a una beneficiosa operación inmobiliaria que se iba a llevar a cabo.

El empresario quería hacerse con tres parcelas de uso residencial, propiedad del consistorio, a cambio de pagar una deuda millonaria que el Ayuntamiento había contraído. Rubio, en la oposición, había denunciado en los medios que una de las mercantiles de Febrer había recibido información privilegiada del Ayuntamiento.

Tras ese encuentro, la instructora advierte «un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros» en las cuentas del que más tarde sería subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Valencia y se vería obligado a dimitir tras su detención. Además, consta que abrió una caja de seguridad en una sucursal bancaria de la Plaza del Ayuntamiento en 2007. Un modus operandi que replicaron otros investigados. De hecho, en las anotaciones de Jaime Febrer figura un cargo de 300.000 euros a «RR», a quien los responsables del caso identifican como Rafael Rubio.

La causa, que se inició a raíz de una denuncia anónima en la Agencia Tributaria, investiga ya a sesenta personas por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Entre los imputados se encuentra el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau , que habría recibido más de dos millones de euros en mordidas urbanísticas.