La zozobra judicial de Ximo Puig y Mónica Oltra a un año de las elecciones autonómicas

Ximo Puig tiene la potestad de adelantar los comicios, pero el horizonte judicial que afrontan el PSPV-PSOE y Compromís, los dos partidos que forman el Ejecutivo junto a Unidas Podemos, le conduce a un laberinto sin más salida que esperar al último domingo de mayo de 2023.

La citación del hermano del presidente de la Generalitat para que preste declaración en un caso que indaga si se cometió fraude en las ayudas públicas percibidas por las empresas en las que trabaja Francis Puig se ha solapado con la crisis abierta en el seno de la Generalitat ante la posible imputación de su vicepresidenta y líder de Compromís en el caso en el que otro Juzgado de Valencia investiga si desde la Conselleria de Igualdad se trató de ocultar el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado a cinco años de prisión el exmarido de Mónica Oltra .

Hasta la fecha, el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat han cerrado filas en su mutua defensa. Sin embargo, si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decide imputar a Oltra se abriría un escenario sin precedentes desde que la izquierda comenzó a gobernar en junio de 2015.

En esta legislatura, las imputaciones de miembros del Ejecutivo han afectado a altos cargos del segundo escalón y se han saldado con archivos en los tribunales. En el caso de Oltra, el juez de instrucción considera que existen «indicios sólidos y racionales» en unos hechos que podrían acarrear «responsabilidad penal». Además, la Fiscalía respalda la exposición razonada realizada por el magistrado.

La dirigente de Compromís niega cualquier tipo de acusación, atribuye su delicada situación judicial a una «cacería de la extrema derecha» por la filiación política de algunos de los abogados que ejercen la acusación particular y ha mantenido su agenda desde el mismo momento que el magistrado pidió su imputación.

Oltra, además de no dimitir, se mantiene como portavoz, lo que le expone a un desgaste semanal que preocupa en el Palau de la Generalitat. También en su partido, con el diputado nacional Joan Baldoví como único activo con tirón electoral a la hora de afrontar unos comicios, aunque algunos cargos aseguran que, si ella quiere, será cabeza de cartel aunque sea imputada .

A la izquierda valenciana se le ha vuelto en contra a modo de bumerán la estrategia de judicializar la vida política que empleó para desgastar al PP. Ahora, emplean el mismo discurso que sus adversarios antaño: «Quieren ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas». La diferencia es que en la izquierda se ha optado por no dimitir cuando llega una imputación.

Esa actitud choca con algunos de los discursos del argumentario del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos en relación a la defensa de las mujeres o contra la corrupción. A día de hoy, un juez mantiene imputados a trece cargos y funcionarios de la Conselleria de Oltra en la causa que trata de dirimir si se trataron de ocultar los abusos sexuales de Luis Eduardo Ramírez Icardi a un niña de catorce años tutelada por la Administración autonómica cuando estaba casado con la vicepresidenta.

En paralelo, otro magistrado investiga si las productoras en las que trabaja el hermano del presidente de la Generalitat percibieron subvenciones de forma irregular. Los tribunales ponen en entredicho tanto la bandera del feminismo como la del combate contra la hipoteca reputacional que suponía la corrupción para la Comunidad Valenciana enarbolada por los socialistas y sus socios de un Gobierno que afronta la inminente precampaña para las elecciones autonómicas y municipales con la mirada puesta en los Juzgados en un guión al que resta por añadir un inquietante capítulo.

El llamado «caso Azud» permanece bajo secreto de sumario en Instrucción 13 de Valencia. Se trata de una macrocausa sobre corrupción urbanística con cerca de sesenta imputados y con derivadas transversales, ya que afecta tanto al PP como al PSPV-PSOE.

De hecho, en el marco de este caso fue detenido y encarcelado el subdelegado del Gobierno socialista, Rafael Rubio, en la actualidad en libertad provisional. Las pesquisas sitúan al empresario Jaime Febrer como el presunto cabecilla de una trama de corrupción urbanística que cobraba mordidas para conseguir obras públicas entre los años 2004 y 2011.

Las agendas de Febrer han destapado vínculos con dirigentes de la izquierda que apuntarían a una presunta financiación irregular. Por lo pronto, históricos del socialismo valenciano como José Cataluña (antiguo jefe de las Finanzas del partido) están imputados en una causa en la que el actual portavoz del PSPV, Manolo Mata , ejerce de abogado del empresario señalado por la Guardia Civil como muñidor de la trama que amenaza con aumentar la zozobra del Gobierno valenciano en los estertores de la legislatura.