Cinco años de la disolución de ETA: votos por presos

«ETA da por concluida toda su actividad política», leyeron Josu Ternera, detenido pocas semanas después, y Anboto, entonces presa en Francia, para a renglón seguido intentar disimular su fracaso: «Existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro, gracias al trabajo realizado en distintos ámbitos y la lucha de diferentes generaciones».

El comunicado se producía siete años después de que la organización terrorista anunciase el «cese definitivo de la violencia», su auténtica acta de defunción. Eso sí, ni en 2011 ni en 2018 los asesinos admitieron su derrota inapelable, ni tampoco pidieron perdón a las víctimas. Y aún quedan 379 asesinatos sin resolver judicialmente.

Un lustro después cabe preguntarse cómo ha evolucionado la situación en los tres frentes aún activos: el judicial, el de los presos y el político. En el primero, el principal caballo de batalla es el intento de asociaciones de víctimas de imputar a la dirección que estaba al frente de ETA en cada momento los asesinatos que se cometieron en esa etapa concreta, porque o bien los ordenaron o bien no hicieron nada por impedirlos. Entre todas las causas ya reabiertas hasta noviembre del año pasado estaban en el punto de mira 42 integrantes de seis direcciones de la banda, querellados por «autoría mediata por dominio».

En el horizonte próximo, además, se vislumbra el juicio contra la etarra Itxaso Zaldua, alias 'Sahatse', a la que por ahora se implica en dos asesinatos: el del concejal del PP de Zaragoza Manuel Giménez Abad y el del guardia civil Juan Carlos Beiro. Según datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), desde la disolución de ETA se han celebrado 61 juicios relacionados con la banda. Además, hay unos 40 procedimientos 'vivos' en la Audiencia Nacional.

El segundo de los frentes activos un lustro después de la desaparición de ETA es el de los presos. En este ámbito el hito ha sido el fin de la dispersión de los internos de la banda que se encuentran en España. Desde mediados de marzo pasado todos están en cárceles del País Vasco y Navarra. Solo hay una excepción: Natividad Jáuregui, que espera en la prisión madrileña de Alcalá de Henares a que la Audiencia Nacional termine de instruir la causa contra ella por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981. Quedan 127 presos en cárceles vascas, siete en Pamplona y doce en Francia, además de una veintena que cumplen condena en sus casas y en centros especializados.

El fin de la dispersión de los presos de ETA, que en un principio se justificaba porque los beneficiados habían pedido perdón y se comprometían a indemnizar a las víctimas, se generalizó a todo el colectivo, incluidos aquellos que aún apuestan por la violencia y protagonizan acciones de protesta, como se vio hace solo unos días con una huelga de hambre de ocho de ellos.

Esta política penitenciaria fue el precio que el Gobierno de Pedro Sánchez pagó a Bildu a cambio de contar con sus votos en Madrid. Los proetarras, como adelantó ABC en su momento, han doblado ahora la apuesta y exigen a los socialistas la salida a la calle de los presos en la próxima legislatura si quieren su apoyo. Para ello resulta clave la transferencia de la competencia de Prisiones al País Vasco, ya que es esa administración la que ahora concede los terceros grados.

La Fiscalía, de momento, es el muro de contención que impide la salida de más terroristas y sus recursos ante la Audiencia Nacional han logrado la revocación de diez terceros grados de los 40 aprobados por el Gobierno vasco desde que asumió la competencia penitenciaria, en octubre de 2021. Otros once recursos están pendiente de resolución y desde 2019 los jueces han aprobado 21 libertades condicionales.

El último frente es el político. El blanqueamiento de Bildu, heredera de Batasuna, brazo político de ETA, es un hecho. Tanto, que es aliada del PSOE en Madrid y también en Navarra, donde la socialista María Chivite gobierna gracias a la coalición radical. Y ello a pesar de que David Pla, el último jefe de ETA, de origen navarro, ocupa un cargo en la dirección de Sortu, principal partido de la coalición abertzale.

Si la clave de los últimos cinco años, que coinciden con Pedro Sánchez en la Moncloa, ha sido la de votos por presos, la incógnita es qué sucederá el próximo lustro. ETA fue derrotada, pero no está tan claro que los demócratas sepan administrar la victoria.