La improvisación marca la gestión penitenciaria del Gobierno Vasco

Un ejemplo: a la evidente falta de funcionarios en las cárceles vascas la administración autonómica quiere responder con la creación de una bolsa de trabajo, prevista para septiembre, con unas 60 personas. De ahí saldrá personal que, con una formación exprés, trabajará en los módulos con los internos. Ni oposición, ni nada por el estilo; un cursillo rápido y a funcionar... «Es peligroso, la seguridad se puede resentir», explican los profesionales penitenciarios, que añaden además que «se infravalora nuestro trabajo; trasladan la imagen de que cualquiera puede hacerlo».

¿Cómo es posible que se esté en una situación así cuando el Gobierno vasco no paró de exigir la competencia de las prisiones, que finalmente obtuvo el 1 de octubre del año pasado? Es verdad que la asunción de la gestión de las cárceles estaba pendiente desde hacía muchos años y que está recogida en el Estatuto de Autonomía, pero no lo es menos que mientras estaba aciva la banda terrorista ETA la reclamación era más de boquilla que real. Desde la derrota de la organización, sin embargo, la competencia ya le resultaba mucho más atractiva, entre otras cosas porque podía hacer un uso político de ella.

«La exigieron entonces porque eso les permitía tener el control del acercamiento de los presos de ETA y del ritmo de concesiones de terceros grados, un arma política que bien utilizada puede ser muy rentable para el PNV», explican las fuentes consultadas por ABC. Hasta julio, son 18 los etarras a los que se ha concedido el régimen abierto, que es una de las exigencias del aún influyente colectivo de familiares de los terroristas encarcelados, capaz de movilizar una cantidad notable de votos hacia una opción política concreta.

Noticia Relacionada

Interior acerca a 12 presos de ETA con delitos de sangre al País Vasco

Marta Martínez

En menos de un mes han sido trasladados más de 20 condenados a cárceles vascas. Solo quedan 50 etarras fuera del País Vasco y Navarra, según la AVT

«La situación en las cárceles del País Vasco demuestra que el tan cacareado proyecto de prisiones del que alardeaba el Gobierno autónomo era simple propaganda, porque después de casi un año no hay ni rastro de él», insisten las fuentes. El diagnóstico que hacen los profesionales penitenciarios es demoledor. Lo más evidente es la ya mencionada falta de funcionarios, que califican de «alarmante». Por ejemplo, en Zaballa se calcula que faltan 100, ya que ha habido muchas jubilaciones desde que en 2011 se abrió el centro. Además, entonces había cuatro módulos cerrados, mientras que ahora todos están abiertos y al 100 por cien de su capacidad. En la actualidad hay medio centenar de funcionarios menos y 150 internos más que antes de que el Gobierno vasco asumiese la competencia, hasta llegar a una población penitenciaria de 800 individuos.

En la de Martutene (San Sebastián) hay también escasez de personal, sobre todo de oficina y del área mixta, que es la encargada de gestionar servicios clave como el peculio de los presos o el economato para que no falten los productos más demandados por los internos. Los cálculos son que harían falta una veintena de funcionarios en este área.

Finalmente, en la de Basauri hay ahora bastantes más internos a pesar de que es un centro antiguo. Esa masificación provoca tensiones entre los reclusos que a veces, como se vio en julio, desembocan en peleas.

«En total, en el conjunto de las tres prisiones harían falta 140 funcionarios, tanto para los módulos (los llamados V1) como para oficinas y área mixta, que también son claves porque en ellas se gestionan, además de las cuestiones de personal, asuntos sensibles como la concesión de permisos», explican las fuentes consultadas por ABC.

El segundo gran problema de las prisiones vascas es que se hacen distinciones entre los funcionarios. No se cumple la máxima de 'a igual trabajo, iguales condiciones'. En el último concurso general se incorporaron 65 de fuera del País Vasco que tienen unas condiciones laborales distintas a las que firmaron con el Gobierno de Urkullu los que ya estaban allí. En un principio la diferencia salarial entre unos y otros llegó a superar los 400 euros al mes a favor de los antiguos, aunque tras denunciarse se ha reducido a unos 40.

Tampoco disponen esos nuevos funcionarios de los 20 días de especial peligrosidad –eso supone un mes de vacaciones–, de los que sí disfrutan sus compañeros. Además, al faltar personal la gente tiene que doblar turnos, lo que supone más salario, pero a los recién llegados no se les permitía hacerlo, aunque ahora se hace la vista gorda.

La falta de funcionarios ha disparado las 'peonadas' (así se conoce a las horas extras remuneradas), que se pagan menos que las de la jornada habitual, y la mitad que lo que cobra, por ejemplo, la Ertzaintza. Son necesarias, además, para que la gente se pueda ir de vacaciones, por las bajas que ha habido por Covid, y aunque suponen un sobresueldo luego Hacienda hace su trabajo también.

Por si fuera poco, hay serios problemas con el sistema informático. El paso del utilizado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al del Gobierno vasco ha provocado el caos. Muchas veces los funcionarios son incapaces de introducir sus claves. «El anterior sistema iba bien, el actual no está adaptado a una actividad como la nuestra». La improvisación también se percibe en los economatos, donde se han cambiado los proveedores por otros elegidos por la nueva administración. El problema está en que los nuevos no sirven algunos de los productos más demandados por los internos, y eso provoca tensiones. «Si no pasan más cosas es porque la plantilla que queda lleva ya muchos años y los presos nos conocen y respetan. Por eso hemos podido salvar los muebles, de momento».