Las huellas del coche bomba que señalan a Anboto permanecieron anónimas 34 años

Es el tercer juicio que afronta Iparraguirre desde que fue entregada por Francia tras cumplir allí una sentencia de 20 años de cárcel. Se trata de 25 kilos de goma 2 y 100 kilos de tornillería que el Comando Álava colocó en un vehículo aparcado al lado de la policía que en mayo de 1985 custodiaba el polideportivo de Mendizorroza , en Vitoria, porque se celebraba un partido. La bomba fue desactivada por los Tedax dos horas antes del encuentro, una vez la Policía localizó el coche. El dueño había denunciado el robo.

Durante su intervención, el fiscal ha explicado que en 1985 y tal y como testificaron en la primera sesión del juicio los dos agentes de la Policía Nacional que participaron en la exploración del vehículo, se hicieron fotos y se encontraron en total cinco huellas, una en un cenicero y cuatro en el volante del coche.

Esas huellas han permanecido como «anónimas» en el sumario, pues no ha sido hasta el año pasado cuando se cotejaron con las de Anboto precisamente por decisión del mismo fiscal, que ante su entrega a España desde Francia y su procesamiento por una docena de crímenes que tiene pendientes en territorio nacional, pidió esa comprobación. Fue así como ella acabó sentada en el banquillo.

«Las huellas dejaron de ser anónimas. Esto no obedece a teoría conspirativa alguna. Simplemente, que esas fotografías iniciales de las huellas del año 85 eran fotografías y negativos y no estaban incorporadas en bases de datos y no se habían digitalizado. Por eso, y es lamentable, puede pasar dormida una prueba durante años y pasar desapercibida. Aquí no pasó y por eso tenemos las huellas de esta persona», ha explicado Bautista.

El asunto de las huellas ha sido uno de los más discutidos en este juicio. En su declaración del miércoles, y ante preguntas de su abogado, Iparraguirre acabó relacionando su obtención con las torturas a las que, asegura, fue sometida durante una detención en régimen de incomunicación por diez días en 1981. También lo asoció a una supuesta persecución por ser ella la coordinadora y portavoz de los presos de ETA.

«Este último aspecto, incluso llevando como llevo de coordinador de penitenciario y de todos los presos de ETA, incluso a mí este aspecto se me había escapado. No tenía ni idea de que esta señora pudiera ser la dirigente del colectivo de presos de ETA . Con más razón un científico que está analizando y comparando huellas», ha argumentado el fiscal.

En la misma línea, ha rebatido que las declaraciones en sede judicial de los otros terroristas condenados por aquel atentado frustrado por la Policía, y que «sí son incriminatorias», sean «tachadas de pervertidas» como se ha hecho en el plenario, bajo la alegación de que se produjeron por coacciones y malos tratos.

«A pesar de todo lo que se ha predicado y de todo lo que se ha dicho sobre ellas, en la causa no existe dato alguno de que maltrato e irregularidad procesal hayan concurrido en la toma de declaraciones. Ni siquiera se ha preguntado tal extremo (...) Habrá que aportar un indicio mínimo de prueba de que eso ha sucedido y no se ha aportado», ha destacado. Sólo son tenidas en cuenta, además, las prestadas en sede judicial, que no en comisarías.

El letrado de Iparraguirre pide, por contra, la libre absolución porque entiende que la prueba practicada «no es suficiente para enervar la presunción de inocencia». Cuestiona las declaraciones incriminatorias por el «alcance devastador de las condiciones en que se crean o se dan» esas comparecencias para quienes las prestan.

«La clave de este procedimiento es la tortura. Y voy a repetirlo: tortura. Y no se lo achaco a este representante del ministerio fiscal porque nos conocemos, pero sí tortura por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, cuando menos, dejadez de funciones por parte del Ministerio Público y de los juzgados de instrucción», ha afirmado el letrado Aiert Larrarte . En su opinión, las declaraciones en sede judicial están íntimamente ligadas a las policiales y no se pueden separar y, así, no deberían tener validez probatoria.

Iparraguirre ha hecho uso de su derecho a la última palabra y de la acusación sólo ha reiterado que ella en el momento de los hechos no estaba en Álava ni era todavía integrante de la banda terrorista. Lo demás, ha sido un alegato contra la tortura -«yo lo que quiero es que en este país no se vuelva a torturar a nadie nunca jamás»-, en el que ha vuelto a recurrir al relato en primera persona de la angustia por los crímenes de los GAL, como hizo durante su declaración, intentando justificar así su acercamiento a la ETA.

Ha narrado, en concreto, su vivencia de la desaparición de Mikel Zabalza, que apareció muerto en un margen del Bidasoa tras ser detenido por la Guardia Civil en 1985 y, además de cuestionar que no hubiera una respuesta contundente de la justicia por aquello, ha puesto en duda que mientras los crímenes que atribuye al fallecido policía franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, prescriben, los de ETA, «visto lo visto», no.

En este sentido, se ha compadecido de Natividad Jáuregui, otra etarra recientemente entregada por Bélgica para ser juzgada en España por el asesinato por la espalda del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche en 1981 a la puerta de una iglesia. «Pobre, es algo de 1981», ha llegado a decir.