Renfe reafirma ante la Junta que suprimirá 'sine die' frecuencias AVE en Castilla y León

Y no parece que Renfe tenga intención de cambiar, pues Fernández Heredia acusaba a la Junta de estar «soliviantando» a los ciudadanos con un asunto en el que consideraba «se le está queriendo dar un impacto mayor del que hay» y justificaba que algunas de esas paradas «no están en los núcleos urbanos», además de pedir colaboración al Ejecutivo regional, informa Ical.

Que «obedece a criterios económicos y empresariales» era la única explicación con la que Sanz Merino salía de un encuentro en el que reiteraba la oposición a los planes de Renfe. Eso sí, tras subrayar la denuncia de los «problemas de información» en este asunto y «chequear trayecto por trayecto y horario por horario» cómo quedará el trazado entre la capital de España y tierras gallegas, lo que «ha confirmado» el presidente de Renfe es «la supresión» de un total de diez circulaciones, explicaba el consejero.

Pero la Junta «no» se conforman «no va a cejar en su empeño de reclamar», tanto al Ministerio de Transportes como a la operadora «la reposición» de esas paradas, pues Castilla y León «está penalizada» por estas decisiones, lamentaba. «Creemos que son servicios esenciales, que luchan contra la despoblación» y «ofrecen la posibilidad» de acceder a otros servicios, esgrimía Sanz Merino, quien reivindicaba que «nuestra tierra se merece lo mismo que otras comunidades».

Así que, ahondaba, de nada sirve argumentar en este caso los criterios económicos cuando «no» rigen para la negociación a la hora, por ejemplo, de traspasar o subvencionar la explotación en otros territorios. Tampoco tragan con la «pretendida coartada de distinguir entre servicios comerciales y obligaciones de servicio público» y menos aún cuando se trata de una empresa dependiente del Gobierno, subrayaba el consejero: «No se puede aceptar».

«Debe haber voluntad política», reclamaba Sanz Merino, quien cargaba contra el «abandono permanente» al que está siendo sometida la Comunidad como ejemplifica este caso o las infraestructuras en la lista del debe. «No vamos a consentir esta situación», subrayaba. Serán «reivindicativos», reclamando «en las instancias que corresponda y en todos los foros» para que «no se consolide» esta situación de «quita» de servicios que «impiden» a las personas «desarrollar su proyecto de vida» en Castilla y León, cuestionaba Sanz Merino.

Están «bastante molestos» con la postura de Renfe por el haber «superpuesto» las razones económicas a la «cohesión, equidad y equilibrio territorial». Ya antes del encuentro con Fernández Heredia y su equipo, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reivindicaba «igualdad» y «solidaridad» entre los españoles, «especialmente cuando se habla del mundo rural», y censuró que en esta materia, el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, «decide y Castilla y León siempre pierde». «Si no nos ayuda, al menos que no nos perjudique», subrayaba. «Ya estamos acostumbrados a que no se atiendan nuestras peticiones, pero por lo que no vamos a pasar es porque nos reduzcan los servicios», incidía al tiempo que pidía que, además de la «rentabilidad económica» se tenga en cuenta también la «rentabilidad social». «¿Qué dirían de nosotros si cerrásemos hospitales, consultorios locales o colegios porque tienen menos pacientes o alumnos?», se preguntaba.

«Es una decisión técnica que tiene que corregirse desde el punto de vista político, lógicamente», señalaba por su parte el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, quien llamaba a ir más allá «de los números fríos de usuarios» y ponderar también «la vertebración territorial y rentabilidad social». El también alcalde de Soria, quien decía haber tenido ya «muchas» reuniones para abordar esta cuestión, reconocía que aún no han dado con la tecla para el acuerdo. «Estamos en ese proceso de búsqueda de punto de equilibrio para la conexión rápida de los puntos distantes y la vertebración territorial», señalaba además de incidir en acusar al PP de «utilizar cualquier cosa para agitar y convertir esto en un ariete más con el cual golpear la gestión del Gobierno de España».

También desde IU –cuyas siglas están integradas en Sumar, miembro del Gobierno central– mostraba su oposición «firmemente» a la supresión de esas frecuencias, reclamaron a Renfe que «reconsidere la reorganización de servicios» y «paralice las decisiones tomadas». También desde Podemos, su líder en la Comunidad y coportavoz nacional, Pablo Fernández, reclamaba a la operadora ferroviaria que rectifique su «deplorable y lamentable» decisión.

Y el Partido Popular llevará al próximo pleno el Senado una iniciativa para reprobar a Puente, por su «nefasta» gestión al frente de las infraestructuras y los servicios en la provincia de Ávila, así como por su actuación en la política ferroviaria a nivel nacional, informa Ep.