Armengol deja en manos del Gobierno la petición de Vox de reformar las sesiones de control

No obstante, este martes Presidencia del Congreso ha contestado a la formación derechista que esa decisión no está en su mano y que es el Gobierno quien determina quién contesta a cada pregunta oral formulada por los distintos grupos parlamentarios. La queja de los de Abascal no es nueva. En Vox entienden que su líder debería tener más protagonismo en las sesiones de control como representante del tercer partido con más diputados, 33, y critican que formule las mismas preguntas al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que los portavoces de los grupos de ERC, Junts, Bildu, PNV y Mixto. También, que el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, tenga un cara a cara cada miércoles con el presidente.

Fuentes parlamentarias achacan esto último a una costumbre por la que el líder del grupo mayoritario que no forme parte del Gobierno siempre pregunta en las sesiones de control al presidente. Vox se queja de que este sistema es una herencia del bipartidismo que no responde a la actual coyuntura política, pero lo cierto es que ni siquiera Ciudadanos consiguió que Albert Rivera preguntase cada semana cuando su partido se quedó a 0,9 puntos porcentuales de los populares en las elecciones del 28 de abril del 2019. Entonces, el PP consiguió 66 escaños y los liberales, 57, pero Pablo Casado fue el único que mantuvo el turno fijo, aunque esa legislatura ni siquiera echó a andar porque hubo repetición electoral ese 10 de noviembre.

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Vox pidió a Presidencia del Congreso que, en virtud al artículo 32.2 del Reglamento de la Cámara Baja, Armengol emitiese una nueva resolución sobre la distribución de las preguntas para respuesta oral ante el Pleno. También solicitó la documentación interna existente sobre la figura del líder de la oposición, que, aunque se reconoce al jefe del partido más numeroso ajeno al Gobierno, no está legalmente reconocida ni reglamentada en ninguna parte.

Presidencia de la Cámara Baja, en su respuesta, a la que ha tenido acceso ABC, recuerda a Vox que «al amparo del principio de responsabilidad solidaria del Gobierno en su gestión política ante el Congreso de los Diputados, establecido en el artículo 108 de la Constitución, es al propio Gobierno a quien le corresponde determinar cuál de sus miembros contestará a las preguntas orales formuladas». Del mismo modo, da traslado del escrito al Ejecutivo «para su conocimiento y efectos oportunos».

La respuesta respecto a la documentación interna relativa al líder de la oposición es igualmente insatisfactoria para el Grupo Parlamentario Vox. En ese sentido, Presidencia del Congreso resuelve lo siguiente: «Trasladar al grupo parlamentario autor de la solicitud que, encontrándose la documentación de referencia depositada en el archivo de la cámara, pueden dirigirse directamente al mismo, en aplicación de lo dispuesto en la norma de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 23 de septiembre del 2025, en relación con el archivo de la cámara».

Por otra parte, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha rechazado este martes el requerimiento que le hizo el Senado para corregir el veto a dos enmiendas de la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada definitivamente a mediados de noviembre. La Cámara Alta, como informó este diario, planteó un nuevo conflicto de atribuciones contra el Gobierno y la Cámara Baja por impedir que los diputados se pronunciasen sobre la totalidad de los cambios introducidos por los senadores en la norma. Pero otra vez se repite el guion visto antes en la ley contra el desperdicio alimentario y en la Ley sobre Navegación Aérea. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional.