El Congreso solo ha recibido 14 de las 59 leyes que el Gobierno prometió aprobar en 2025

A escasas tres semanas de que finalice el año, el Congreso de los Diputados solo ha recibido catorce de las 59 leyes prometidas por el Gobierno en el Plan Anual Normativo del 2025. A principios de mes, solo un veintitrés por ciento de los proyectos del Ejecutivo de PSOE y Sumar están en la Cámara Baja y de los 140 decretos que el Consejo de Ministros pensaba sancionar este año, solo veintisiete han visto la luz.

Las estadísticas confirman la fragilidad parlamentaria de Sánchez, quien por si fuera poco se ha quedado sin el apoyo de Junts, que votó a favor de su investidura hace dos años a cambio de aprobar la ley de amnistía que el PSOE, antes de las elecciones generales del 2023, veía «claramente inconstitucional». Esa cesión, visto lo visto, no ha generado los efectos deseados por los socialistas, con los independentistas retirando su respaldo porque el presidente no ha podido ni conseguir que Carles Puigdemont regrese a España sin asumir responsabilidades penales ni que el catalán sea oficial en la Unión Europea ni que Cataluña obtenga competencias en inmigración.

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Juan Casillas Bayo

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Sánchez intentó reconducir su relación con los separatistas a principios de la semana pasada, cuando reconoció «incumplimientos» y anunció que el Consejo de Ministros iba a aprobar, vía real decreto ley, algunas de las deudas pendientes con el prófugo de Waterloo (Bélgica). La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, cerró la puerta a una reconciliación, lo que hace imposible que los números del Ejecutivo mejoren, al menos en lo tocante a las leyes, que dependen de la formación secesionista para salir adelante.

Precisamente, el jueves el Congreso discutirá por segunda vez la senda de estabilidad, paso previo a los presupuestos, condenada al fracaso por el no anticipado de Junts. En el primer debate de los objetivos de déficit, la Cámara Baja ya anticipó que tampoco habrá cuentas estatales en 2026, por lo que el Gobierno acumulará tres años consecutivos sin conseguir aprobar la ley que debería llenar de contenido el rumbo de sus políticas. Esto se suma a una dejadez del Ejecutivo que se plasma en los bajos niveles de cumplimiento de su propio Plan Anual Normativo.

Es cierto que el Gabinete de Sánchez lleva cinco años consecutivos aprobando el Plan Anual Normativo, desde 2020, pero el grado de cumplimiento posterior se aleja mucho de los objetivos marcados. El pasado 3 de noviembre, este diario publicó que el Gobierno ni siquiera había empezado a redactar la mitad de las leyes previstas para el 2025, lo que ya alejaba mucho la posibilidad de mejorar el escaso rendimiento del año anterior. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, asiduo en la presión al Ejecutivo por lo poco que se está haciendo esta legislatura, registró 46 preguntas parlamentarias sobre las posibilidades reales de aprobar en 2025 los distintos proyectos de ley y reales decretos recogidos en la previsión de este año.

A principios del mes pasado, treinta de las 59 leyes comprometidas ni siquiera habían iniciado su trámite y lo mismo le sucedía a 61 de los 140 decretos. Los proyectos de ley siguen exactamente en la misma situación ahora, mientras que siete decretos sí han empezado a andar por lo que solo 54 de 140 (38%) siguen sin tener ni una coma escrita. A estas alturas ya se puede afirmar casi con total seguridad que el Gobierno empeorará su registro del año 2024, en el que solo se aprobaron un tercio de las leyes y menos de la mitad de los decretos planeados. Este 2025 la cifra promete ser mucho menor y eso que, como publicó ABC en agosto, el 42 por ciento de los proyectos de ley agendados son reciclados del año anterior y el 37 por ciento de los decretos también figuraban en el plan previo y proceden de incumplimientos.

En las respuestas del Gobierno al PP, a las que ha tenido acceso este periódico, el Ejecutivo y los distintos ministerios interrogados por las normas pendientes se limitan en la inmensa mayoría de los casos a dar excusas para justificar que ni siquiera exista un borrador de la mitad de las leyes que pretendía aprobar en 2025. «Las circunstancias políticas, económicas o sociales pueden cambiar, por lo que la programación prevista está siempre sujeta a la posibilidad de aprobar iniciativas no previstas inicialmente en el plan (…) o que algunas normas incluidas no lleguen a elevarse al Consejo de Ministros porque las circunstancias requieren priorizar la tramitación de otras disposiciones», alegan desde la Moncloa.

De las 46 preguntas que trasladó el PP a los distintos ministerios responsables de las normas prometidas, solo el del Interior y el de Cultura asumen que no podrán cumplir sus objetivos más allá de la explicación genérica que usan todos de 'copia y pega'. «Es previsible que su aprobación no pueda tener lugar en este ejercicio 2025», admiten desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska. Desde el de Ernest Urtasun, reconocen que «resulta difícil garantizar su culminación antes de que se finalice el año vigente». Cultura preveía dos decretos para este año, uno para regular la comisión liquidadora del protectorado de fundaciones y otro para elaborar un reglamento de museos, pero ninguno de los dos estará a tiempo.

El único ministerio que ha dado una respuesta en positivo a la ofensiva de los populares es el Agricultura, que de los cinco decretos por los que preguntaba el PP, garantiza que dos sí estarán finiquitados antes de que termine este ejercicio. En concreto, el que establece las bases reguladoras para las subvenciones destinadas al sector agroalimentario y forestal, y el que establece las normas para las denominaciones comerciales, que está a la espera del dictamen del Consejo de Estado. Dos excepciones en un océano de explicaciones inconcretas a la oposición.