La Justicia cerró ayer de manera definitiva el denominado «caso de los trajes» que durante cuatro años ha supuesto una auténtico calvario para sus protagonistas: Francisco Camps y Ricardo Costa, acusados de cometer un delito de cohecho pasivo impropio. La acusación era la de recibir dádivas y regalos de empresas de la trama Gürtel, pero ayer vieron reparado su honor por el Tribunal Supremo después de que cuatro magistrados (Carlos Granados, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena y Antonio del Moral) confirmaran la absolución del jurado popular a los dos dirigentes políticos que se produjo hace algo más de un año.

Solo uno de los magistrados, Joaquín Giménez, discrepó de la opinión mayoritaria de sus compañeros y anunció un voto particular cuyo contenido se conocerá en los próximos días. A juicio de la Sala Segunda, la motivación del jurado popular para decidir la absolución de ambos políticos no fue «arbitraria, ilógica o irrazonable, al individualizar las pruebas y elementos de convicción que le llevaron al veredicto de no culpabilidad».

«Mayorías necesarias»

La Sala acordó así desestimar el recurso planteado por los socialistas valencianos contra la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En el jurado «concurrían las mayorías necesarias (cinco votos frente a cuatro) para declarar no probados los hechos», señala el Supremo.

La encrucijada de Puig

La acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE, había recurrido ante el Tribubal Supremo la decisión del jurado al considerar que tenía «contradicciones» que revelaban «el sin sentido del veredicto en su conjunto».

El empecinamiento de los socialistas valencianos en alargar la «causa de los trajes» fue objeto incluso de alguna desavenencia interna en el partido, ya que, según fuentes consultadas por este diario, el exsecretario general Ignasi Pla sugirió al actual líder del PSPV, Ximo Puig, la conveniencia de no recurrir (como también pareció apuntar, por estéril, el letrado contratado para este juicio, Virgilio Latorre).

Puig, sin embargo, presionado por el «aparato» del partido, que había dedicado grandes esfuerzos a estirar este juicio que acabó con la dimisión de Camps como presidente de la Generalitat, admitió que no quedaba más remedio que seguir hacia adelante.

Las dudas entre los socialistas valencianos estaban más que justificadas porque el fiscal no recurrió la sentencia. El veredicto del jurado consideró no probado que la trama Gürtel, encabezada por Francisco Correa, regalara al expresidente trajes y otros presentes por valor de 13.000 euros y al ex secretario regional del PP y diputado autonómico, por más de 10.000 euros, en consideración a sus funciones.

El recurso de los socialistas señalaba que para que los hechos fueran declarados probados o no probados se requería una mayoría de siete votos, «al menos cuando fuesen contrarios» al acusado. El Supremo, ayer, le recordó que las mayorías, de cinco a cuatro, fueron suficientes.

El veredicto no dejó indiferente a nadie y desde el PP políticos como el presidente del partido en Valencia, Alfonso Novo, instaban al PSOE a pedir disculpas a Camps por la estrategia de «acoso» a la que ha sido sometido durante los últimos años. El portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, fue claro: «Me alegro por Camps».

El papel de Barceló

Los socialistas valencianos insistían en que «estamos ante mucho más que cuatro trajes». Este mensaje fue especialmente llamativo en el caso de la presidenta del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, quien señaló que «acatan y respetan la decisión judicial, pero en ningún caso va a frenar nuestra lucha contra la corrupción». Barceló fue una de las que cuestionó hace un año la absolución de Camps y Costa, basándose en que había sido un jurado popular y que otro hubiera sido el resultado si el tribunal hubiera sido profesional. El Supremo la ha dejado sin ese argumento.

La palabra «fin» ya figura en el «caso de los trajes», aunque la reparación judicial no tiene nada que ver con la reparación profesional. Camps ya no figura en los planes de futuro del PP para grandes empresas como sí sucedía hace unos años, y ahora se mantiene en un discreto segundo plano en el Consejo Jurídico Consultivo. Las previsiones indican que también continuará como diputado autonómico hasta el final de la legislatura y ahora, con el veredicto de absolución bajo el brazo, su presencia resultará mucho más cómoda para el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

En este sentido, no es previsible que el recibimiento de Camps y Fabra en la próxima sesión parlamentaria incluya un recibimiento especial por el grupo.