El Gobierno de Meloni celebra como «una gran victoria» que la UE adopte su modelo de expulsión de inmigrantes

Pero este lunes el llamado 'modelo Albania' recibió un respaldo explícito en Bruselas por parte de los ministros de Interior, que aprobaron un paquete de medidas migratorias para gestionar retornos y solicitudes de asilo fuera del territorio comunitario. El Gobierno italiano lo vivió como una validación política decisiva, tras los duros ataques de la oposición y dudas sobre la operatividad del proyecto.

Según el nuevo reglamento, que aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo pero que se da por aprobado, los Estados miembros podrán establecer centros de tramitación de asilo y de retorno en países terceros, siempre que existan acuerdos bilaterales o de la UE con esos Estados.

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Es la primera vez que la legislación comunitaria recoge esta posibilidad de forma tan directa. Para el Ejecutivo italiano, significa que Europa adopta por primera vez un modelo que Roma impulsó en solitario y que había sido calificado por la oposición como ilegal, ineficaz y extremadamente costoso.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, no tardó en valorar la decisión europea como «un paso histórico que confirma la línea italiana» y afirmó que los nuevos mecanismos «harán más eficaces los retornos y aliviarán la presión sobre los sistemas de acogida de los Estados miembros».

En su entorno hablan abiertamente de «una gran victoria», convencidos de que el reglamento europeo permitirá reactivar, con una cobertura jurídica más sólida, el acuerdo firmado con Albania en noviembre de 2023.

La satisfacción del Gobierno contrasta con la campaña crítica que la oposición italiana ha mantenido desde el inicio contra el proyecto. El Partido Democrático, el M5S y parte del tercer polo centrista habían denunciado reiteradamente no solo el coste estimado, que algunos cálculos sitúan cerca de los 900 millones de euros, sino la escasa eficacia operativa del modelo.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que permitió a los jueces nacionales supervisar individualmente las expulsiones hacia terceros países, fue interpretada entonces como un golpe casi definitivo al plan albanés de Meloni. En Italia, la oposición llegó a describir el proyecto como «un monumento al despilfarro» y habló de estructuras en Gjader o Shengjin «prácticamente vacías» pese a la inversión realizada.

El aval europeo no elimina de raíz esas críticas, pero sí cambia la narrativa política. Para Meloni, la adopción de mecanismos similares en toda la UE demuestra que su visión, externalizar parte de la gestión migratoria y acelerar los retornos mediante acuerdos con terceros países, se ha impuesto en el debate continental.

El Gobierno insiste en que, una vez entre en vigor el reglamento, Italia podrá aplicar el acuerdo con Albania «de manera más funcional y con menos obstáculos jurídicos». La oposición, por su parte, sostiene que el Gobierno «vende como éxito lo que ha sido un fracaso operativo» y que el modelo europeo no garantiza que los tribunales nacionales no vuelvan a bloquear deportaciones si existen dudas sobre la seguridad de los países receptores.

La decisión europea también incluye una nueva lista de «países seguros», entre ellos Marruecos, Egipto, Bangladés, India, Túnez, Colombia y Kosovo, que permitirá acelerar la inadmisión de solicitudes de asilo procedentes de esos Estados.

España fue el único país que manifestó abiertamente su oposición al paquete migratorio. En el conjunto de la UE, Italia percibe que su posición ha ganado peso: Meloni llevaba meses reclamando una política europea más dura en retornos y más abierta a la externalización, y ahora Bruselas la incorpora a su normativa.

Políticamente, Meloni puede presentarse ante su electorado como la dirigente que ha logrado mover a Europa hacia su modelo. Y en un país donde el debate migratorio ha marcado la agenda durante años, ese argumento tiene un gran peso que el Gobierno aprovechará políticamente.