Moncloa asume que el acoso de Salazar no es reciente pero reactiva los protocolos internos

Los hechos se produjeron en Moncloa pero las denunciantes utilizaron el canal de denuncia interna del PSOE. ¿Por qué? Las fuentes del partido consultadas apuntan a que las víctimas utilizaron esta vía porque, manteniendo la militancia socialista, ya no trabajan en las dependencias del Gobierno.

Desde el Ejecutivo también se apunta en esta dirección, pero lo hacen para tratar de explicar la complejidad que tiene la investigación del caso en la actualidad, por la falta de testimonios. Fuentes gubernamentales consultadas por ABC sitúan los hechos denunciados antes de julio de 2021, cuando Salazar abandonó el Gobierno -era director adjunto de la Presidencia del Gobierno- para acabar recalando en la Presidencia del Hipódromo de la Zarzuela.

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Allí solo estaría un año, porque en agosto de 2022 regresaría de nuevo a Moncloa. Primero, como secretario General de Planificación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y después como secretario General de Coordinación Institucional, puesto en el que cesó el pasado mes de julio tras trascender las denuncias de acoso sexual.

Fuentes gubernamentales siguen exhibiendo la «contundencia» con la que actuaron una vez que trascendieron los hechos. Con el propio Salazar y con su mano derecha, Antonio Hernández, una vez que el pasado domingo se conoció la literalidad de uno de los testimonios, publicados por 'eldiario.es' en el que se le apuntaba directamente como «encubridor» de los hechos.

«Nada de su conducta totalmente despreocupada» hacia las mujeres «hubiera sido posible sin la colaboración especial de su leal Antonio Hernández Espinal». «Un señor que se pasaba la vida haciendo pedagogía para que no viéramos a Paco y su comportamiento como lo que eran. Antonio nos hacía luz de gas constante, haciéndonos dudar de nuestras percepciones y nuestra propia realidad. Nos repetía incansablemente que no valorábamos el sitio en el que estábamos, que cualquiera mataría por ser nosotras». Cuando en Moncloa leyeron esto, Diego Rubio y María Jesús Montero se pusieron en contacto con él para forzar el cese.

«Esto es de la máxima gravedad», sostienen en el Ejecutivo, donde aseguran que el propio Hernández fue «consciente» de que la «situación era insostenible» y la salida se realizó de mutuo acuerdo. No obstante, puntualizan que siempre «ha negado las acusaciones» y que no informó de que se le requirió por parte del comité antiacoso para recabar su testimonio.

Tras destaparse los hechos, en Moncloa realizaron una serie de acciones internas. Promovieron formaciones y se hizo una labor informativa para que todos los trabajadores supieran los canales de denuncia que tenían a su alcance. Nadie los utilizó. Ahora, tras avanzar las investigaciones y producirse nuevos ceses, fuentes gubernamentales confirman que volverán a realizar esta tarea, a modo de recuerdo. «Volveremos a ofrecer los canales», apuntan.

En el Ejecutivo, no obstante, reconocen que se trata de un tema «hipersensible» y que hay que ir «con pies de plomo» porque no quieren que nadie tenga la percepción de que se está tratando de hacer una labor prospectiva. «Hay una línea muy delgada entre ofrecer ayuda y que parezca que buscas a las víctimas», señalan. En todo caso, en el Ejecutivo siguen tratando de cauterizar la crisis, sobre todo, aplacando la sensación de que 'todos lo sabían'.

En este sentido, hacen una reflexión en tanto en cuanto «se señala a los entornos» como conocedores y conniventes con este tipo de prácticas, porque «los entornos y las personas que están al lado de otras personas, en determinados momentos, no son los responsable de las conductas reprochables que una persona pueda tener».