La operadora del caso Hidrocarburos que salpica a Aldama pide que se reclamen a Exolum los albaranes de sus pedidos

La operadora de hidrocarburos Villafuel SL, que es una de las investigadas en esta causa, ha remitido al juez dos escritos en los que señala que, a la vista de la operativa descrita por la Unidad Central Operativa (UCO) en sus informes, quiere que se requieran a Exolum Corporation SA todos los albaranes de 2022 a 2024 para acreditar que efectivamente se hicieron pedidos de combustible y que fueron entregados y recibidos.

Quiere así demostrar que sí que hubo un negocio real entre la suministradora Exolum desde sus depósitos fiscales y la operadora mayorista Villafuel SL. Desde esta mercantil sostienen desde el inicio de la causa que el presunto fraude no existe, y que actuaron de conformidad a la legislación vigente.

En este sentido, la mercantil investigada solicita también que se cite en calidad de testigos a dos empleados de la antigua CHL -Carlos Molina y Iago Solla- al entender que podrían aportar datos relevantes sobre la relación del gigante del transporte de carburantes con la operadora.

Estas peticiones de la defensa legal de la operadora se suman a las recientemente conocidas y en las que solicitaba al magistrado que solicite a la Agencia Tributaria el expediente completo y foliado de la concesión de la autorización e inscripción de su mercantil en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF). También quiere que se localice al funcionario que participó en ese expediente para que sea citado a declarar.

Por otro lado, y con el objetivo de atacar aseveraciones realizadas por la UCO sobre la obtención de su licencia de operadora -lamentan que la Policía Judicial sostenga que Villafuel «no cumplía, a su criterio, con los recursos financieros apropiados ni legales para obtener esta titulación»- pide citar en calidad de testigo a Marc Isaac Pons, el que fuera director de gabinete de la entonces ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera. Indica la defensa que al tiempo de la concesión de la licencia de operadora era parte del equipo de la ministra e intervino en el proceso de obtención por parte de Villafuel de la licencia de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos y demás trámites correspondientes.

También interesa la citación de Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Industria y que, a su juicio, puede aclarar «si existió una mediación institucional o fue un simple trámite administrativo» lo que se dio con ellos.

A estas dos citaciones suman las de María del Mar Delgado y Rafael Romero, ambos de Madel Asesores, consultora que fue contratada por la operadora para la redacción, supervisión y presentación del proyecto de obtención de la licencia de operadora.

Cabe recordar que en esta presunta trama del fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, la UCO sitúa a Víctor de Aldama como principal cabecilla junto a su socio Claudio Rivas. A ambos les atribuye el control velado de siete empresas interpuestas que, mediante el uso de testaferros, habrían servido de vehículo para la comisión del millonario fraude en el IVA: Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company, Cismar Hidrocarburos, Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech y Espaeventos.

La tesis de la defensa de Villafuel, según pudo conocer ABC, es que a través de esas empresas, Rivas y Aldama instrumentalizaron a la operadora para adquirir en depósito fiscal combustible que luego vendían a distribuidoras y gasolineras sin declarar el IVA correspondiente a Hacienda.