La nefasta doble vara de medir

Desde el inicio de la legislatura, la izquierda se lanzó a la calle con protestas y manifestaciones de todo tipo y se conjuró para desalojar al PP del Gobierno lo antes posible. En 2003, el PSC (la rama catalana del PSOE) firmó el pacto del Tinell con Esquerra y otras fuerzas de izquierda. Dicho pacto excluía expresamente cualquier acuerdo con el PP. Desde entonces se inicia por parte de la izquierda y las fuerzas nacionalistas lo que vino a llamarse 'cordón sanitario contra el PP', con el objetivo de impedir que el PP llegase al gobierno en cualquier ámbito nacional, autonómico o local. Este pacto pasó a considerar al adversario como enemigo y excluyó cualquier posibilidad de acuerdo entre los dos principales partidos políticos.

Al llegar los socialistas al poder en 2004, desde diversos ámbitos se propagó la idea de que solo la izquierda está legitimada para gobernar. Por ello, lo natural debía ser que la ciudadanía les otorgara su confianza siempre, al estilo de lo que ocurrió en México en el siglo XX, cuando el PRI estuvo gobernando durante 71 años ininterrumpidamente (1929-2000).

En el mejor de los casos, se podría permitir –de modo excepcional– el voto a otros partidos de ideología liberal-conservadora, cuando los partidos de izquierda hubieran llevado al país a la bancarrota, gracias a su ineptitud y despilfarro habitual. En esta extraordinaria situación podrían gobernar otros partidos (expertos en sacar a España de la crisis), pero sólo el tiempo estrictamente imprescindible para resolver la desastrosa situación económica. Una vez que se hubiera resuelto el problema, deberían abandonar el poder y entregárselo a los de siempre, que se encargarían de hundirlo una vez más.

La izquierda y los nacionalistas decidieron que solo ellos representan a la mayoría, a la gente normal, mientras que la derecha es elitista, insolidaria y egoísta, lo que le incapacita de por vida para gobernar. Esta falacia ha ido calando en muchos sectores, de manera que la derecha debe pedir perdón por el mero hecho de serlo, permanecer callada y con la cabeza gacha y avergonzarse de sus ideas. Por el contrario, la izquierda goza de total impunidad en sus acciones. Esta doble vara de medir para valorar los comportamientos de manera diferente según el autor sea amigo o enemigo dificulta la convivencia, crea bloques enfrentados y es completamente injusto. Los hechos no se juzgan de manera objetiva, sino como nos interesa.

En los últimos meses han sucedido un conjunto de acontecimientos que deberían hacernos reflexionar. Así, ante la desgraciada dana que asoló el levante español, el pasado 29 de octubre, en lugar de buscar la unión de las diferentes administraciones, se prefirió el desgaste político y se convocaron manifestaciones llamando asesino al presidente de los valencianos. ¿Hubiera ocurrido lo mismo si gobernase la izquierda en esta comunidad?. ¿A quién se hubieran exigido responsabilidades si el presidente valenciano fuera socialista y el presidente del Gobierno fuera Núñez Feijóo? El Gobierno de Asturias tardó diez días en confirmar que en la mina de Cerredo, en la que murieron cinco trabajadores, se extraía carbón ilegalmente, ¿qué hubiera dicho la izquierda si en esta comunidad estuviera gobernando el PP? Parece claro que este doble rasero conlleva una mayor reprobación a unos que a otros en función de su color político. Siempre será saludable la legítima protesta o la exigencia de responsabilidades a nuestros gobernantes, pero produce repugnancia el insulto y el escrache violento que nos recuerdan el linchamiento injusto que sufrieron Francisco Camps y Rita Barberá.

Mientras se persigue a dirigentes de algunos partidos políticos por una posible mala gestión, en la que es evidente que nunca hubo mala intención, la antigua Convergència organiza un acto de homenaje a Jordi Pujol (que demostró con sus reiterados viajes a Andorra que el nacionalismo no se cura viajando) y los socialistas aprovechan su Congreso federal para ovacionar a los máximos responsables de los ERE de Andalucía.

Debemos desmontar el tópico difundido por determinados grupos políticos –llamados erróneamente «progresistas»– que, basándose en una falsa superioridad moral, consideran que ellos y solo ellos pueden gobernar los servicios públicos, a pesar de que, cuando han recibido este encargo de la ciudadanía, ha aumentado la pobreza y la desigualdad social. Estos grupos propagan que los que no opinan como ellos tienen por objetivo acabar con el estado de bienestar. La insistencia con la que repiten esta falacia hace que algunas personas de buena fe acaben creyéndose esta mentira. Debemos desmontar estas falsedades y reiterar que los servicios públicos son de todos los ciudadanos y todos pueden disfrutar de ellos independientemente de su ideología o nivel socioeconómico. Evidentemente, deben tener prioridad para acceder a ellos los que no tengan otra posibilidad.

Los que rechazan que gobiernen los que no piensan como ellos suelen querer imponer un único modelo obligatorio para todos, que claramente cercena la posibilidad de elegir. La calidad de los servicios públicos mejorará si todos los sentimos como propios, estamos orgullosos de ellos y a todos se nos permite contribuir a su mejora. Por ello, igual que no tendría sentido la celebración de un partido de fútbol en el que a uno de los dos equipos se le obligara forzosamente a jugar maniatado de pies y manos y con una venda en los ojos, debemos trabajar para que las diferentes opciones que se presentan a los comicios lo hagan en igualdad de condiciones.

No existe esa igualdad cuando una parte se considera en posesión de la verdad absoluta y niega a la otra el derecho a discrepar. Igualmente, no es bueno que la parte atacada esté acomplejada, intentando contentar a los que le insultan y atacan. En una nación seria, los sindicatos no convocan manifestaciones contra los partidos de la oposición y mucho menos las mantienen cuando dichos partidos han anunciado que cambian el sentido de su voto. Por el bien de todos, resulta necesario la existencia de diversas opciones políticas y la confrontación serena y constructiva de distintas iniciativas, que sean defendidas desde diferentes posiciones ideológicas, pero siempre con las mismas reglas del juego para unos y otros, permitiendo al adversario que exprese sus ideas con libertad y en igualdad de condiciones.