El Gobierno asturiano confirma ahora que sí había extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo

Pero los socialistas se enrocan en que el ejecutivo no debe asumir ninguna responsabilidad. Por el momento, todos los grupos parlamentarios de la Junta, menos el PSOE, reclaman como mínimo una comisión de investigación para que Díaz y el PSOE rindan cuentas de su gestión.

El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, levantó el miércoles, y de forma sutil, sospechas sobre la empresa concesionaria al citarla y decir que se debe empezar a «poner nombres» sobre la mesa. Hace una semana, la consejera aseguró que en los últimos dos años se hicieron hasta nueve inspecciones en la mina de Cerredo y nunca se detectó actividad irregular, pero este viernes resultó que, al final, sí.

En una comisión parlamentaria en la cámara asturiana, la consejera Díaz se desdijo y señaló que los técnicos del Principado sí han detectado indicios de extracción irregular de carbón sin permisos en la mina donde se produjo la explosión que acabó con la vida de cinco mineros y donde otros cuatro resultaron heridos, el pasado 31 de marzo. Díaz recordó que la inspección empezó el propio día del accidente, pero que no fue hasta el pasado martes, día 8, cuando estos expertos pudieron ampliar su investigación y descubrieron dos huecos de 18,2 metros y de 24,6 metros de longitud, una altura aproximada de 25 a 30 metros y unos 0,8 metros de anchura, según recoge Europa press del informe técnico del Principado.

Tras trasladar estos datos en su comparecencia, la consejera de Industria añadió que el Principado de Asturias exigirá a Blue Solving todas las responsabilidades que le correspondan «con toda la fuerza de la ley». Eso sí, Díaz dejó muy claro que ella no iba a dimitir. Tanto Barbón como su consejera han insistido en los últimos días en que desde 2022 se realizaron diversas inspecciones en el pozo del accidente «sin manifestarse ninguna irregularidad». Y recordaron que el último de estos informes favorables sobre la explotación es de septiembre de 2024.

En 2022, esta mina pertenecía a la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa, del empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, que fue titular hasta febrero de este año, cuando comunicó al Ayuntamiento de Degaña el traspaso a Blue Solving, sociedad que tiene como administrador único a su hijo, Adrián Rodríguez. El padre, Rodríguez Morán, fue acusado por extracciones ilegales e investigado por un accidente en esa misma mina en 2022, donde falleció el conductor de un camión y otro resultó herido hasta perder una pierna.

El informe de inspección del Principado ya avisó aquel año de lo siguiente: «Se advierte que el carbón que transportaba el camión accidentado procede de plaza del 6º piso de la mina interior, para la que no existe autorización de explotación encontrándose como ha sido señalado, en proceso de cierre. Consecuentemente, dado que existen indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada, procede la inmediata apertura de un expediente informativo».

Belarmina Díaz era en aquel momento directora general de minas del Principado. Si bien la empresa concesionaria cambió después, tenía información suficiente para saber que el traspaso era al hijo del anterior titular que fue acusado de explotaciones ilegales. Se suma que la empresa Promining (Proyectos Mineros e Ingeniería S.A.) presentó días después del accidente del 31 de marzo una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Asturias asegurando que Blue Solving, al igual que hacía la de su padre, estuvo cometiendo «labores de explotación bajo el paraguas de un permiso de investigación»: «Es una explotación de carbón, sobre macizos que quedaron sin explotar en la antigua mina».

La denunciante Promining está vinculada al empresario Victorino Alonso, que fue dueño de la explotación anteriormente y la conoce perfectamente. Este empresario rival también fue en el pasado acusado de extracción ilegal y cumplió prisión por delitos medioambientales. La consejera insiste en que ella no tenía información.

La oposición de Foro, PP y Vox consideran que el Gobierno asturiano está tirando balones fuera para no asumir responsabilidades. Y los socios de gobierno empiezan a hartarse de unas explicaciones que tampoco les convencen. Izquierda Unida, socio de gobierno de Barbón, tildó este viernes las justificaciones de Díaz de «fallidas» y ya se posicionan a favor de una comisión parlamentaria de investigación.

Del mismo modo, Covadonga Tomé, del grupo Mixto e integrante de Somos Asturies, llave para que el PSOE gobierne y fundamental para sacar adelante muchas votaciones, aseguró que «esto va más allá de la negligencia, o no negligencia. Esto va de la responsabilidad que tuvo la Consejería de Transición Ecológica en lo ocurrido», dijo, y pidió responsabilidades políticas.