La interminable obra del complejo deportivo de Monterroso sobre el que hay abierta una investigación de la Fiscalía, a raíz de un desfase de 323.937,37 euros en trabajos que no se llegaron a ejecutar, sigue buscando responsables un año y medio después de que se detectasen supuestas irregularidades en la certificación de la obra.

Fue precisamente uno de los ingenieros de la Diputación de Lugo, en concreto el director de la obra, José Antonio Mondelo, quien puso en conocimiento del presidente provincial, José Ramón Gómez Besteiro, la situación.

Llegados a este punto, el expediente de la obra arroja si cabe aún más dudas sobre las responsabilidades que se pudieran derivar de la obra adjudicada en 2010, por un importe de 1.276.485 euros, a la orensana Construcciones Gamallo, hoy en liquidación.

Mondelo, al que Besteiro promocionó como jefe de Servicio de Expropiaciones y Control de Proyectos a finales de 2013 y con efecto a partir del 1 de enero de 2014, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, emite un primer informe el 24 de octubre de 2011 (un mes antes de que se certificasen 950.129 euros de la obra con 5.525,35 euros pendientes y a tres meses de que se formalizase el pago) en el que señala un retraso de 12 meses en la ejecución de la infraestructura —que incluye un polideportivo, un gimnasio y una piscina climatizada—.

No es hasta un año después (el 23 de octubre de 2012) cuando, en una segunda visita documentada al complejo de A Ulloa, este mismo técnico, hoy jefe de servicio, detecta unidades de trabajo sin ejecutar en la piscina climatizada por un montante cercano a los 300.000 euros, cantidad que coincide con el desfase objeto de investigación a instancias de la propia Diputación.

El 9 de noviembre de ese mismo año, dos semanas después de que se informase a Besteiro de las supuestas irregularidades en el complejo deportivo, es el regidor de Monterroso, el también socialista AntonioGato, quien envía una carta a la Diputación alertando de esa misma situación.

Confirmación del desvío

Para ese entonces, el presidente provincial ya había solicitado información sobre los hechos para comprobar la adecuación de la obra al estado real, que vino a confirmar el desvío de miles de euros. Será Ana Belén Mera, directora de la unidad de proyectos de la institución provincial, la encargada de cuantificar las unidades de obra pendientes. En paralelo, el titular lucense solicita un informe a Intervención sobre el estado de pago de la certificación, que se aprobó el 22 de octubre de 2011 y se ejecutó el 2 de enero de 2012.

En este punto, pese a que las certificaciones tienen por concepto pagos a cuenta sujetos a variaciones derivadas de la medición (estado de las obras) final, lo cierto es que ya se habían abonado 950.129 euros.

El 4 de diciembre Besteiro decide, por resolución, efectuar las reclamaciones pertinentes a la adjudicataria, remitir el informe a la asesoría jurídica (recibe el día 19 la notificación) para que determine posibles responsabilidades disciplinarias, administrativas y penales. Tres semanas más tarde, la Secretaría decide poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal e iniciar los expedientes de responsabilidades disciplinarias y patrimoniales.

El 7 de enero, Presidencia firma la resolución para iniciar los trámites judiciales sobre la existencia de posibles irregularidades en las obras de la piscina de Monterroso, orden que no recibe la asesoría jurídica hasta el 11 de febrero. Nueve días más tarde y cuatro meses después de que Besteiro tuviera conocimiento de los hechos se envía a la Fiscalía, incumpliendo así la Diputación la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge que «el que por razón de su cargo, profesión u oficio tuviera noticia de un delito público, estaría obligado a denunciarlo inmediatamente ante el Ministerio Fiscal».

Hasta el momento, la juez que investiga el caso solo ha citado a declarar como imputada a Ana Belén Mera, directora de la unidad de proyectos de la institución provincial, con el objetivo de esclarecer si fue ella quien dio el visto bueno al pago.