La Xunta se abre a un pacto con el Gobierno sobre la Policía Adscrita

Todo parte de unas afirmaciones de del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en las que afirmaba que la Policía Adscrita podría dejar de prestar funciones «que no sean de competencia autonómica», como es la protección de las víctimas de violencia machista, si el Ministerio de Interior no me jora su propuesta de financiación.

Este viernes, preguntado por estas declaraciones, que la oposición en Galicia aprovechó para salir en tromba contra la Xunta, Calvo se ha reafirmado en una postura que considera «responsable», pues, a su juicio, lo que hace el Gobierno autonómico de esta manera es «velar por los intereses de las víctimas». «Me llama la atención que algunos no lo comprendan y pretendan ver en esta postura otro tipo de comportamientos. Deberían de reflexionar sobre su postura y deberían estar apoyando a la Xunta en esta reclamación, porque creo que es justa», rebatió ayer a preguntas de los medios desde Orense.

Conviene contextualizar el papel de la Policía Adscrita. A diferencia, por ejemplo, de los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, que sí son verdaderas policías autonómicas con competencias en seguridad pública, la Policía Adscrita, en realidad, está compuesta por agentes de la Policía Nacional, de ahí su nombre, con un rango de competencias mucho más limitado. Está compuesta por 338 agentes, con la aspiración de llegar a los 500. Ahora, el Estado paga los salarios y la Xunta la productividad y los costes de su funcionamiento.

La cuestión es que, ahora, el Gobierno quiere asumir sólo el 50 % de las nóminas, y que los gastos de funcionamiento sigan corriendo a cuenta de la Xunta. Y ahí es donde el Ejecutivo autonómico está dispuesto a negociar un «punto intermedio» entre las dos posturas. Lo que plantea la Xunta, en esencia, es que las condiciones vigentes continúen de la misma forma para los efectivos actuales y las nóminas de las nuevas plazas ya se pagan al 50 %. Calvo recuerda que en Galicia, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades, la Policía Adscrita, en función de un acuerdo firmado en 2016, también coopera en laborares de protección de víctimas de violencia machista, que en teoría es de competencia estatal.

En todo caso, las palabras de Calvo no sentaron bien en el Gobierno, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, escribió en X: «No vamos a consentir amenazas. Exigiremos el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la correcta ejecución de los fondos del Pacto de Estado».

El BNG tampoco perdió la oportunidad de meter baza e instó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a desautorizar a Calvo, que «ha cruzado todos los límites de la admisible». El PP gallego, por su parte, secundó al número dos de la Xunta, recordando que el Estado debe «garantizar la seguridad» de las víctimas de violencia machista.