Años han tardado los trabajadores del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Lugo en hacer oír sus reclamaciones. Hasta tres escritos llegaron a la mesa de José Ramón Gómez Besteiro en el último año sin respuesta por parte de Presidencia. Ahora es un informe de Inspección de Trabajo el que concluye que el local, que tiene delegadas las competencias tributarias de hasta 62 ayuntamientos de la provincia, incumple flagrantemente la normativa en materia laboral.

Un demoledor informe fechado el pasado 18 de febrero, que se produce a instancias de Comisiones Obreras —a raíz de una denuncia presentada por el sindicato—, exige a la institución provincialsolventar en el plazo de tres meses deficiencias con las que la plantilla y sus usuarios llevan años conviviendo. Carencias estructurales que hacen que el espacio no sea apto para prestar un servicio a los contribuyentes, y al que la institución que preside el socialista Gómez Besteiro «no ha querido prestar atención hasta ahora».

Así es al menos en opinión de varias fuentes consultadas, entre ellas trabajadores y miembros de CC.OO, que lamentan que no se hayan tomado antes cartas en el asunto y se preguntan «qué hubiera pasado si la organización sindical no hubiera dado el paso de presentar la denuncia».

Un año ha tenido el gobierno del también secretario general del PSdeG para evitar la denuncia, atendiendo a las inquietudes de los trabajadores que pedían adecuar el inmueble a la normativa vigente en materia de riesgos laborales. Periodo éste en el que los representantes de la Diputación no hicieron más que «dar largas a los escritos de los trabajadores», que solicitaron en varias ocasiones una reunión con Besteiro. En su última y única respuesta, la semana pasada, el titular provincial resuelve emplazando a la plantilla a «seguir los cauces jerárquicos para resolver la situación».

Y es precisamente esta negativa a negociar la que llevó a Comisiones Obreras a poner en conocimiento de la Inspección provincial las condiciones en las que se ofrecía el servicio, y no por «un capricho» de los funcionarios adscritos al departamento, sino por el «acondicionamiento y mantenimiento mínimo que se debe exigir a un ente público», advierten los afectados. Defienden así unas instalaciones adaptadas al número de trabajadores y a la cantidad de público que accede a ellas, espacios mínimos de archivo, modernización en los equipos, buena iluminación, ventilación y óptima distribución del personal de acuerdo a sus funciones.

Premisas todas estas que fallan en el actual local, por el que, según ha podido saber ABC, la Diputación estaría pagando entre 3.000 y 5.000 euros al mes al propietario del inmueble, a su vez vinculado a la Diputación, según cuentan a este periódico fuentes cercanas a la institución provincial.

Acinados y sin espacio

Así las cosas, el informe de Inspección, al que ha tenido acceso este diario, es revelador en cuanto a las condiciones laborales en las que la plantilla (de unos 35 empleados) desarrolla el servicio. Dichos incumplimientos se refieren a que la Diputación debe «garantizar la salud y seguridad de todos los trabajadores». En él se detallan riesgos asociados a las condiciones termohigrométricas, relativos a la temperatura, humedad y ventilación (renovación del aire), que no cumple el inmueble; eléctricas, relacionadas con la falta de revisión periódica de las instalaciones, que arroja serias deficiencias; generales del lugar de trabajo, entre las que se incumplen las relacionadas con la iluminación natural, señalización y el espacio, marcado por normativa, para que el empleado desarrolle su trabajo con libertad de movimiento; y, por último, a la ausencia de mantenimiento.

Una situación que la diputada delegada del área de Economía, Recaudación y Hacienda, Pilar García Porto, reconoce en un escrito fechado el pasado 31 de marzo, y en el que confirma «la difícil corrección de algunas de las deficiencias de orden estructural». En el mismo, señala la voluntad del gobierno de solventar la situación, para lo que propone el traslado del departamento a otro local, en concreto al complejo del hospital de Santa María, en la Rolda da Muralla, donde actualmente se ubican otros servicios.

Asimismo, García Porto manifiesta su intención de negociar con la plantilla las condiciones del traslado. Con este objetivo se celebraba una reunión el pasado 2 de abril a la que llamativamente solo estaban convocados la presidenta de la junta de personal y los representantes de UGT, CSIF y CIG, no igual Comisiones Obreras. El sindicato, muy crítico con la Administración de Besteiro e impulsor de la denuncia, no fue invitado por la delegada. Un intento de «aislarles», a ojos del sindicato, e impedirle el acceso a la información, y cuyo malestar se extiende al resto de organizaciones sindicales que, se queja, CC.OO, «conculcan su derecho como representantes de los trabajadores» a informar a la plantilla de la negociación en curso.