Trump militariza Los Ángeles sin permiso de California y desata una crisis institucional
El despliegue de la Guardia Nacional sin invocar la Ley de Insurrección ni consultar al gobernador Newsom marca un precedente inédito, alimenta el temor a la represión política y pone en jaque el equilibrio entre poderes federales y estatales
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Galería | Las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles, en imágenes
El insólito despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles por orden directa del presidente Donald Trump, sin la solicitud y el consentimiento previo del gobernador, Gavin Newsom, ha desatado una polémica legal, política y constitucional en EE.UU., porque marca un territorio ... inexplorado en el uso del poder presidencial para tratar de contener disturbios internos.
La polémica surge porque Trump hizo uso de una ley federal que le permite movilizar tropas de la Guardia Nacional (reservistas) sin la aprobación del gobernador estatal sin proclamar una insurrección, algo que no ocurría desde hace aproximadamente 60 años.
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Esta medida fue justificada por la Casa Blanca como una forma de proteger funciones federales y propiedades gubernamentales tras disturbios en protestas contra redadas migratorias que se han llevado a cabo estos pasados días. La policía de San Francisco ha anuncaido que detuvo este domingo a última hora a unas 60 personas durante choques con manifestantes.
La ley general para movilizar tropas dentro de EE.UU. fue pensada para situaciones extremas, como una invasión extranjera o una rebelión interna, y no protestas locales aisladas.
En realidad, Trump no invocó el directamente la Ley de Insurrección, que históricamente ha sido el marco legal usado cuando se movilizan tropas para reprimir disturbios violentos o proteger derechos civiles. En lugar de eso, el presidente recurrió a una disposición menos clara del Código Federal, abriendo dudas sobre si está usando atribuciones del Acta de Insurrección sin activarla formalmente. La Casa Blanca no lo ha aclarado.
Esto implica que no se habilita a los militares a hacer arrestos o patrullar como policías en Los Angeles, sino para contener disturbios. De momento, ha usado gas lacrimógeno y otras medidas no letales para contener las protestas cerca de un centro de detención federal en la ciudad.
Nunca antes un presidente había tratado de separar estas autoridades, ni había usado este estatuto del Código Federal para responder a protestas civiles sin coordinación estatal. En las protestas tras la muerte de George Floyd en 2020, Trump forzó a los gobernadores a pedir la ayuda y desplegó a la Guardia Nacional en Washington porque es capital federal y puede hacerlo de forma unilateral.
La Ley de Insurrección (Insurrection Act en inglés) permite el uso de tropas para controlar disturbios, pero exige condiciones claras y, generalmente, una solicitud formal del estado antes.
Pero la parte del Código que usó Trump permite federalizar tropas si hay una «rebelión» que impide la aplicación de leyes federales, pero nunca ha sido usada sola para responder a protestas de este tipo.
Una actuación legal atípica
Hay una ley, llamada Posse Comitatus, que restringe el uso del ejército en funciones policiales domésticas. Solo se puede superar si se activa primero la llamada Ley de Insurrección. De ese modo, se evita el uso de tropas para un golpe o funciones al servicio del gobierno civil.
La última vez que un presidente de EE.UU. activó la Ley de Insurrección sin consentimiento del gobernador fue en 1965, cuando Lyndon B. Johnson envió tropas federales a Alabama para proteger a manifestantes por los derechos civiles durante las marchas de Selma, ante la negativa de las autoridades locales de garantizar la seguridad de las personas negras.
Desde entonces, este tipo de despliegue ha sido extremadamente infrecuente, y su uso está rodeado de gran polémica por el riesgo de militarizar la respuesta a protestas y debilitar el equilibrio entre los poderes federal y estatal.
Polémica en el sistema de equilibrios de poder
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, condenaron duramente la decisión del presidente Trump de desplegar la Guardia Nacional sin consentimiento estatal, calificándola de ilegal, incendiaria y contraproducente.
Bass advirtió de que esta medida «solo impulsa el péndulo hacia el extremo opuesto», generando miedo generalizado en la ciudad y calificando a Los Ángeles como una «ciudad sitiada» por fuerzas federales.
Newsom, por su parte, envió una carta al secretario de Defensa acusando a Trump de actuar fuera de su autoridad, citando que incluso la ley federal exige que tales órdenes se emitan a través de los gobernadores.
Ambos gobernantes insistieron en que las fuerzas locales podían contener la situación, y que la intervención federal solo alimentaba el caos y el temor, especialmente tras las redadas migratorias que, dijeron, aterrorizaron a comunidades inmigrantes.
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