La Guardia Nacional comienza su despliegue en Los Ángeles contra las protestas y el Pentágono amenaza con enviar a los Marines

La Casa Blanca justifica la operación como una medida para «restablecer el orden» tras los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales durante las recientes redadas de inmigración. Según el presidente Trump, las protestas representan «una forma de rebelión» que requiere una respuesta firme del Gobierno federal. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que la presencia de la Guardia Nacional busca «garantizar la paz y permitir que la gente proteste, pero también mantener la ley y el orden».

La crisis se agravó aún más cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó con movilizar a los Marines del cercano Camp Pendleton «si la violencia continúa». Su mensaje, difundido en la red social X, desató una ola de críticas y abrió un debate legal: varios expertos y sobre todo los demócratas recordaron que la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso de tropas federales en funciones de orden interno sin autorización expresa del Congreso.

Durante las redadas, las tensiones estallaron en varias zonas de Los Ángeles, incluidas las localidades de Paramount y Compton, donde algunos manifestantes bloquearon vehículos del Servicio de Inmigración y lanzaron piedras y ladrillos de cemento. Las autoridades policiales respondieron con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de pimienta para dispersar a los concentrados. En total fueron arrestadas al menos 44 personas el viernes, mientras que el último recuento de la agencia migratoria indica que se detuvo a 118 inmigrantes, incluidos cinco con historial delictivo registrado.

Entre los detenidos figura David Huerta, presidente regional del afamado sindicato SEIU California, acusado de obstrucción y trasladado al mismo Centro de Detención Metropolitano, además de haber sido hospitalizado por heridas durante su arresto.

Las autoridades de California se desmarcaron rápidamente del operativo federal. El gobernador Gavin Newsom calificó el despliegue como una «provocación innecesaria» y denunció que la amenaza de enviar Marines representaba una «conducta delirante». Desde la alcaldía de Los Ángeles, la oficina de Karen Bass informó de que la ciudad está siguiendo de cerca los disturbios, tanto en el centro como en zonas periféricas como Paramount, y que la misma alcaldesa ha mantenido comunicación directa con altos funcionarios en Washington para «explorar vías responsables de contención».

De camino a Camp David, al ser preguntado por las protestas, Trump las ha calificado como «disturbios violentos» y ha asegurado que no se permitirá que quienes participan en ellos salgan impunes. Aunque ha descartado que se trate de momento de una insurrección, ha afirmado que habrá tropas «en todas partes» y que actuará con firmeza para restaurar el orden. No ha descartado desplegar el resto de las Fuerzas Armadas, de hecho, y dijo que enviará «lo que haga falta» para garantizar la ley y el orden. Además, ha criticado duramente al gobernador de California y ha advertido de que, si las autoridades estatales obstaculizan las deportaciones o el restablecimiento del orden, podrían enfrentarse a cargos federales.

Trump mantendrá reuniones con mandos militares y otros asesores sobre «asuntos muy importantes». Ha rechazado dar detalles, pero subrayó que el lugar ofrece mayor seguridad. Al ser preguntado por la posibilidad de que haya visitantes extranjeros, dijo que «no puede decirlo». Sobre el posible uso de la Ley de Insurrección, ha señalado que dependerá de si considera que hay una insurrección real. Esta es necesaria para desplegar tropas en suelo estadounidense.

Trump, sin embargo, ve en esta respuesta una oportunidad política: mostrar mano dura, proyectar autoridad frente al desorden y subrayar el caos en uno de los bastiones demócratas del país. En su relato, la violencia en las calles y la resistencia a las redadas refuerzan su mensaje de que sin control migratorio no hay ley. Una encuesta de CBS News/YouGov publicada este fin de semana muestra que un 54% de los estadounidenses aprueba sus planes de deportación, aunque el apoyo varía según quiénes sean los deportados y en qué número. Para el presidente, ese respaldo es combustible en plena ofensiva electoral.

Es especialmente llamativo que el despliegue ordenado por Trump se produzca sin el consentimiento del gobernador, algo que no ocurría desde hace décadas. En círculos jurídicos y políticos, el gesto ha sido interpretado como una ruptura del principio de cooperación entre administraciones. La Guardia Nacional, que tradicionalmente opera a petición de los estados, fue activada directamente por el presidente, en un claro pulso a California y su liderazgo demócrata. El gobernador Newsom suena como uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial demócrata.

Las reacciones en el Capitolio han sido inmediatas y opuestas. El senador Bernie Sanders advirtió de que Trump está «usurpando los poderes del Congreso» y empujando al país hacia un modelo autoritario. Desde el ala opuesta, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó con firmeza la decisión presidencial. «Gavin Newsom ha demostrado una incapacidad –o falta de voluntad– para hacer lo que se requiere, y por eso el presidente ha intervenido», declaró en una entrevista televisiva.

La ciudad ha vivido escenas de gran tensión a lo largo del fin de semana. En Paramount, que es una zona de mayoría latina, grupos de manifestantes intentaron bloquear el paso a vehículos de policía migratoria y fueron repelidos con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y proyectiles de pimienta. En Compton, algunos comercios amanecieron con cristales rotos y pintadas contra las redadas. Una imagen circuló ampliamente en redes sociales, ya un símbolo de la protesta: la de un manifestante herido siendo cargado por otros bajo una lluvia de humo.