Portugal quiere sacar del limbo legal a 350.000 inmigrantes
El nuevo Gobierno dará prioridad a la inmigración cualificada
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Dos refugiadas nigerianas en el centro de migrantes de Fundao, donde estudian portugués
En un intento de esquivar el alto nivel de desempleo en el sector de la construcción en Luanda (Angola), Mariano Gomes (50 años) emigró a Portugal en 2018, para instalarse en la localidad de Cacém. Padre de seis hijos, los mayores obtuvieron sus permisos ... de residencia en procesos individualizados, aunque los dos más pequeños, al encontrarse en sus primeros años de escuela, nunca pudieron legalizarse en Portugal. «La ley no establece una edad mínima para la reagrupación, pero Mariano, que lo intentó varias veces, aún no lo ha conseguido», explica a ABC Priscila Correia, abogada especializada en inmigración, sobre su cliente.
Alrededor de 350.000 inmigrantes optaron por el permiso de residencia a través de la CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa), en virtud a un acuerdo de movilidad de países lusófonos y debido a que los trámites parecían más ágiles: según Priscila Correira, «la CPLP preveía la posibilidad de reagrupación familiar a través de una solicitud en la web y sin cita previa en los diez puntos de servicio de los Centros Nacionales de Apoyo a la Integración de los Inmigrantes». Sin embargo, este procedimiento administrativo jamás fue puesto en práctica por el Servicio Exterior de Fronteras (SEF), afirma la abogada. El mecanismo fue objeto de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea por incumplir las normas europeas de inmigración, debido a que prescinde de la recogida de fotografías, datos biométricos, número de identificación fiscal o información sobre el medio de subsistencia de los solicitantes.
Si aterrizamos en el caso del angoleño Mariano Gomes, sus hijos Franceleia (13) y Vivaldo (11) llevan seis años sin documentos. Su progenitor se queja de que el SEF no siguió adelante con el procedimiento porque «la reagrupación sólo sería posible a partir del quinto año de curso». Además, después de seis años, el permiso de residencia de la CPLP de Mariano Gomes expiró en abril sin que el Gobierno haya gestionado su renovación.
Arbitrariedad
Correia ha tramitado ya 7.000 legalizaciones y califica de «surrealista» la arbitrariedad de los procedimientos. «Mariano tiene dos hijos en edad escolar que nunca han recibido el permiso de residencia», asegura la abogada. Aunque la reagrupación está prevista para cualquier ciudadano con residencia válida en Portugal, hoy hay más denuncias de titulares con permiso de residencia CPLP que nunca.
La Agencia para la Integración de Migrantes y Asilo (AIMA) asegura estar trabajando en estos procesos desde febrero. Sin embargo, «la posibilidad de presentar la solicitud de reagrupación familiar en web para los titulares de permisos de residencia CPLP aún no está disponible», explica la agencia por escrito, siendo el contacto telefónico o el correo electrónico las vías de acceso.
«Sin duda habrá una reflexión, que tendrá lugar en el contexto del nuevo Gobierno, sobre el futuro de este instrumento», dijo el pasado abril Luís Goes Pinheiro, presidente del Consejo de Administración de la Agencia para la Integración, la Migración y el Asilo (AIMA). «La propia AIMA está esperando instrucciones y otro tipo de estructura, la normativa, para saber qué hacer a continuación», añadió. AIMA ha eliminado de su página web la posibilidad de obtener la residencia en Portugal a través del visado CPLP.
El nuevo programa de gobierno de Montenegro promete reevaluar esta legislación para garantizar la «regulación de la política migratoria» y asegurar un «control efectivo de las fronteras portuguesas y de la Unión Europea». Se estudiará la posibilidad de cambiar el régimen actual para que «sólo se expidan permisos de residencia a quienes presenten contratos de trabajo o un visado de búsqueda». El Gobierno de Luís Montenegro quiere que se apliquen objetivos cuantitativos a la inmigración, priorizando la inmigración cualificada para que se tenga en cuenta la seguridad del país y se evite «la explotación por redes ilegales y criminales».