Montenegro integra 60 medidas de la oposición en su programa de gobierno y supera dos mociones de rechazo en su estreno parlamentario

La principal novedad anunciada resulta ser un fraude, la «reducción global de cerca de 1,5 mil millones de euros en los impuestos sobre el trabajo portugués en comparación con el año pasado, especialmente sentida en la clase media», reducción de cerca de 1,2 mil millones de euros ya prevista en el presupuesto del Estado del anterior gobierno de António Costa y trasladada al de Montenegro.

Noticia Relacionada

Un tratamiento médico gratuito a dos gemelas salpica al presidente luso

Tomás Guerreiro

La inspección sanitaria revela que su hijo solicitó una intervención que no cumplió los requisitos legales

En cuanto a la defensa de su «shock fiscal», el ejecutivo de AD quedó inmediatamente aislado en sus primeros días de mandato. De izquierda a derecha, la oposición se ha opuesto expresamente a los avances y retrocesos del PSD en materia de comunicación. Y ya hay dos peticiones sobre la mesa: el PS quiere que los socialdemócratas presenten explicaciones durante un debate urgente en el Parlamento el miércoles; Chega, que no quiere quedarse atrás, ha subido la apuesta: el Ministro de Hacienda debe ser examinado en una Comisión de Presupuestos y Finanzas.

En cuanto a los profesores y las fuerzas de seguridad, cuyas reivindicaciones han marcado los dos últimos años de gobierno e incluso el debate principal de las elecciones legislativas, Luís Montenegro garantizó que «en los próximos 10 días se iniciarán conversaciones con los representantes de los profesores y las fuerzas de seguridad, para tratar cuestiones relacionadas con la carrera profesional y la situación salarial».

Para combatir la crisis de la vivienda, que afecta a Portugal y a la gran mayoría de los países europeos, Montenegro afirmó que en las próximas semanas se presentará «una nueva política de vivienda». La nueva directiva gubernamental prevé la derogación del alquiler forzoso, una medida del anterior ejecutivo del Partido Socialista, así como el fin de la suspensión de las licencias aplicadas a las viviendas locales.

En cuanto a los fondos europeos, Montenegro señaló la baja ejecución de los fondos asignados a Portugal 2030 y al Programa de Recuperación y Resiliencia (PRR), y subrayó que el Gobierno «creará las condiciones para presentar la solicitud de liberación» de 713 millones de euros en fondos retenidos por Bruselas en los próximos 60 días.

En la lucha contra la corrupción, uno de los principales ejes del PSD a lo largo de la campaña electoral, el jefe del Gobierno destacó que, en esta primera semana, ya se ha firmado la orden que determina «la apertura de un concurso para aumentar en un 60% el número de inspectores especializados en esta lucha».

También en el ámbito de la lucha contra el fraude, Luís Montenegro afirmó que la publicación sobre la aplicación de los fondos de la UE será obligatoria en la prensa local y nacional, una modificación de la ley que «ya está prevista» para el próximo Consejo de Ministros.

El nuevo Gobierno de Alianza Democrática aspira también a programar de inmediato una reunión con las organizaciones patronales y sindicales para reforzar los ingresos de los trabajadores portugueses y la competitividad y el crecimiento de la economía.

El Gobierno presidido por Luís Montenegro también se ha fijado el objetivo de aumentar los salarios más bajos hasta un mínimo de 1.000 euros en 2028. También quiere aumentar el salario medio hasta 1.750 euros en 2030, «basándose en las ganancias de productividad». El Gobierno también prevé un aumento anual de todas las pensiones, con una renta mínima garantizada de 820 euros para cada pensionista.

En sanidad, el Gobierno quiere perfilar y proponer un Plan de Emergencia del Servicio Público y su modelo de implantación en los primeros 60 días de mandato, para garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de respuesta en consultas de especialidades, intervenciones quirúrgicas y medios complementarios de diagnóstico y terapia. Al igual que el Gobierno socialista - que incumplió su promesa-, el Gobierno de AD quiere «dar a cada portugués un médico de familia, empezando por las personas más frágiles», y promete garantizar las citas con el médico de familia «en tiempo útil» para finales de 2025.