Las claves de la revuelta de Gezi

Para 2013, el sesgo autoritario del ejecutivo de Erdogan era ya evidente. No solo por haberse convertido en el país del mundo con mayor número de periodistas encarcelados , sino también en el uso de las leyes antiterroristas contra un número cada vez más amplio de opositores , a los que a menudo se acusaba de vínculos con alguno de los numerosos grupos armados de Turquía, como la guerrilla kurda del PKK o el marxista DHKP/C .

La policía, además, se acostumbró a utilizar los chorros de agua a presión y el gas lacrimógeno como forma rutinaria de lidiar con cualquier tipo de manifestación, violenta o no. Durante el mes de mayo de 2013 se produjeron al menos una docena de protestas, y en todas ellas se cargó contra los manifestantes, incluyendo una sentada pacífica contra la demolición de un teatro en Estambul en la que participaba el cineasta Constantin Costa-Gavras.

Es notorio el desdén de Erdogan por las críticas hacia su gestión y por los contrapesos políticos, una idea reforzada por las tres victorias de su Partido Justicia y Desarrollo (AKP) en las elecciones generales, las dos últimas con mayoría absoluta. Antes de Gezi, el primer ministro valoraba la idea de transformar el actual sistema político parlamentario a uno presidencialista , y terminar su carrera política como presidente con amplios poderes. Sin embargo, un cambio de este tipo requiere una mayoría de dos tercios en la Asamblea, de la que el AKP carece, lo que les llevó a iniciar un proceso de paz con la guerrilla kurda a cambio del apoyo de los parlamentarios kurdos en la reforma.

El clima político tras la revuelta lo hizo inviable. Todo apunta a que Erdogan se presentará de todas formas a las elecciones presidenciales del próximo agosto, y que esperará a que la atmósfera sea más propicia antes de plantear el refuerzo de sus poderes.

En los últimos tres años, el gobierno del AKP parece haber acelerado su programa islamizador, plasmado en medidas como la segregación de sexos en los campamentos públicos de verano, las crecientes restricciones al alcohol (que en muchas ciudades de Anatolia ya ha sido relegado a los antros de la periferia ), la construcción de mezquitas por doquier, la ampliación de las competencias y el presupuesto de la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) o en las sentencias por blasfemia contra intelectuales críticos con el islam.

Una de las grandes críticas hacia el AKP es su promoción desmedida de la ‘política del ladrillo’, que implica no solo la realización de grandes proyectos urbanísticos (como el tercer puente sobre el Bósforo, el tercer aeropuerto de Estambul o el plan para crear un nuevo estrecho artificial ), sino también el ‘boom’ inmobiliario que atraviesa el país, y que ya comienza a dar signos de ser una burbuja a punto de estallar. En su afán urbanizador –que les ha acarreado el sobrenombre de «gobierno de los constructores»-, se les echa en cara el favorecer las obras públicas frente a la protección de los naturales e incluso, como en el caso de la aldea milenaria de Hasankeyf , de joyas patrimoniales.

Aunque, comparado con sus antecesores, el gobierno de Erdogan ha realizado una cierta apertura hacia los derechos de las minorías , existe una excepción notoria: los alevíes , una secta escindida del chiísmo a la que pertenece nada menos que un cuarto de la población de Turquía, y que a menudo son considerados herejes por los teólogos suníes. Los lugares de culto alevíes no son reconocidos como templos por las autoridades –por lo que tienen que registrarlos como «asociaciones culturales»-, y a menudo han sido objeto de violencia por parte de islamistas radicales o ultranacionalistas, incluyendo, varias veces, este mismo año . A Erdogan se le ha escapado algún comentario que pone de manifiesto su desprecio por esta minoría, y el AKP no ha hecho nada para poner fin a su discriminación.

Un caso aparte es la minoría kurda, a la que pertenecen entre 15 y 20 millones de personas en Turquía. En el momento de estallar la revuelta, el gobierno llevaba varios meses de negociaciones abiertas con la guerrilla kurda del PKK . Pero lo que condujo a dichas conversaciones había sido la constatación de la imposibilidad de vencer militarmente a la insurgencia. Tras una fallida “apertura kurda” en 2010, las autoridades turcas habían optado por una estrategia de mano dura que produjo una espiral de violencia que hizo de 2012 el año más sangriento del conflicto desde los 90 , con más de setecientos muertos en ambos bandos y miles de políticos y simpatizantes kurdos detenidos.

El año pasado, entre los manifestantes de Gezi, apenas un puñado mencionaban la corrupción como uno de los motivos para levantarse contra el gobierno. Este año, sin embargo, el asunto está en boca de todos los opositores, después de que miembros de la policía y la judicatura –probablemente obedeciendo órdenes del poderoso teólogo Fethullah Gülen , que lidera un movimiento religioso con millones de seguidores- lanzasen varias operaciones en las que se implicó a miembros del entorno cercano de Erdogan , incluyendo a su hijo Bilal y a la familia de varios ministros en activo.

Para paralizar las operaciones, el gobierno turco lanzó a principios de este año una purga de policías y funcionarios «desleales» , y una reforma judicial que somete al hasta ahora independiente Alto Consejo de Jueces y Fiscales a los dictados del Ministro de Justicia. La medida ha resultado eficaz, y la mayoría de los imputados han sido puestos en libertad «por falta de pruebas» . Un año después de la revuelta de Gezi, las razones que la provocaron siguen intactas.