El caso Salazar rompe el PSOE: «¿De esto tampoco se enteró el presidente?»

Tanto en lo relativo al asesor áulico del presidente del Gobierno como en el del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, el patrón se repite: Ferraz se convirtió en un muro para que prosperasen las denuncias internas, arrojando a las mujeres a la indefensión y a un estado de terror, porque lo que describen es «miedo», ante las consecuencias de dar un paso al frente contra un socialista revestido de poder e influencia en el círculo más próximo del presidente.

La falta de reacción en la respuesta no solo se ha producido cuando las denuncias no eran públicas, una vez trascendieron. El cierre de filas en torno a la figura de Salazar ha sido una constante. La protección de su figura se mantuvo, incluso después de tener que salir de Ferraz y La Moncloa, forzado por el escándalo. Salazar era el elegido por Pedro Sánchez para integrar una Secretaría de Organización colegiada tras la expulsión de Santos Cerdán por su presunta corrupción. Fuentes conocedoras del desarrollo de los hechos aseguran a ABC que el presidente del Gobierno no ha renegado en privado de quien fuera una persona de su máxima confianza.

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Tampoco en público se ha manifestado, aunque fuentes oficiales aseguran que no se han visto desde el pasado mes de julio, como sí hicieran otros cargos como la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Sí se ha intentado asegurarle un porvenir laboral fuera de las esferas del partido y se ha tratado de limitar el impacto de las denuncias. No solo condenándolas a la irrelevancia sino tratando de averiguar datos de las víctimas que se presuponían reservados. La influencia de Salazar sobre Rebeca Torró, actual secretaria de Organización del PSOE, es conocida en el partido.

Por ello, en clara posición de defensa, en sus escritos, las mujeres acosadas por Salazar se cuidaron de no aportar datos de situaciones personales que pudieran señalarlas directamente. La falta de confianza en el protocolo interno se aprecia también en el foro en que se presentaron las denuncias. Pudiendo hacerlo en La Moncloa, donde se produjeron los hechos de los que se hizo eco 'elDiario.es', las denunciantes acudieron al PSOE. Sin éxito, hasta ahora.

El clima interno es de profunda indignación. «¿De esto tampoco se enteró Sánchez? Lo sabían y no hicieron nada», asegura un dirigente, en alusión a la actitud que se ha exhibido por parte de la dirección con los escándalos de corrupción que afectan a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Todos ellos integraron un entorno del presidente del Gobierno que se ha demostrado profundamente tóxico, aunque algunos tengan un mayor potencial desestabilizador que otros.

Todas las fuentes consultadas resuelven que el caso Salazar supone una ruptura del cortafuegos que Sánchez ha tratado de levantar respecto a otras polémicas que cercan al partido y al Gobierno. Tanto en lo que afecta al desconocimiento de lo que estaba ocurriendo como al impacto electoral del escándalo. «Esto es peor que lo de Ábalos y Cerdán», señala un alto cargo. «Nos da donde más nos duele», tercia otra dirigente, que apunta a todo lo que afecta al feminismo como un terreno especialmente sensible. Aquí ya no opera la retórica de que eran «tres golfos» actuando a espaldas del partido, en este caso, el partido ha funcionado como parapeto protector del acosador.

En términos de puro cálculo político, el voto de las mujeres es el principal nicho electoral del PSOE. Si Sánchez sigue hoy en La Moncloa es mayoritariamente gracias a la movilización de un sector femenino que vio amenazados sus derechos si Vox tenía alguna influencia en la gobernabilidad del país. Este movimiento reactivo, que se canalizó en el 23-J, sufrió un importante varapalo con el escándalo de Ábalos y Koldo García, en lo relativo a su lenguaje misógino y el consumo de prostitución. Volvió a reactivarse cuando el PP reabrió, involuntariamente, el melón del aborto y volvió a desgastarse con la polémica de las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad.

Ahora, en el PSOE se lamentan de que se inflija otro golpe demoledor al partido, porque ataca a la convicción de que hace falta promover espacios seguros contra la violencia de género. Y, sobre todo, creer y socorrer a las víctimas. También deja en solfa la gran medida que se anunció en julio, la implementación de los canales de denuncia internos. «Les decimos que denuncien y cuando lo hacen, ¿les abandonamos? ¿Les dejamos cinco meses sin atender?», se preguntan en privado.

El componente corrosivo es letal, además, porque los movimientos de la dirección federal han ido en todo momento dirigidos a cortocircuitar el avance de las investigaciones y, una vez se hizo público el escándalo, a silenciar la crítica en el seno de la formación. La reunión, convocada de urgencia por Pilar Bernabé el miércoles por la noche, se impulsó en respuesta a que se estaba gestando un manifiesto interno de mujeres socialistas como reacción ante la parálisis de su partido. «Vamos de cagada en cagada», se lamentan en el PSOE, ante la imagen de connivencia con el agresor que se está trasladando con cada dato que se conoce. Tanto en lo relativo a Salazar como con el caso de Torremolinos.

Además, a nivel interno, la dirección federal ha pedido tanto a las asistentes a la reunión como a otras mujeres referentes en feminismo del partido que limiten su crítica pública. Esto es, que no hablen con los medios de comunicación para no alimentar más la polémica. «Calma y confianza», pidió en privado Pilar Bernabé a las secretarias de Igualdad de las diferentes federaciones, una suerte de 'pacto de silencio' que no desestabilice más al partido hasta celebrar una nueva reunión con los servicios jurídicos del PSOE.

Sin embargo, el enfado es tal que algunas de ellas han decidido no acatar las instrucciones de su partido. «No es falta de diligencia, es una negligencia voluntaria o involuntaria, pero tendrá que ser aclarada», apunta una dirigente muy crítica con la gestión interna del caso. Este movimiento está pidiendo, además, que el partido se mueva en clave judicial y con la Fiscalía. La dirección, por el momento, considera que esto «no le compete» y dice que esperará a que acabe el proceso del comité antiacoso para tomar cualquier decisión al respecto.