Una operación anticorrupción hace tambalearse al gobierno turco
Un reportero de televisión delante de la sede central de Halbank en Estambul - reuters

Una operación anticorrupción hace tambalearse al gobierno turco

La policía de Estambul y Ankara detiene a medio centenar de individuos del entorno de Erdogan, incluyendo a los hijos de tres ministros, bajo acusaciones de soborno y comisiones ilícitas

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Al menos 49 personas, incluyendo a individuos muy cercanos al partido gobernante en Turquía, fueron detenidas ayer en varias operaciones anticorrupción lanzadas en Estambul y Ankara. Las acusaciones incluyen los sobornos y las adjudicaciones ilegales a cambio de comisiones.

Entre los detenidos se encuentra el constructor más importante de Turquía, Ali Agaoglu, cuya empresa TOKI es la responsable de la edificación de cientos de miles de viviendas por todo el país, así como de algunos de los proyectos urbanísticos más importantes de los últimos años. Agaoglu mantiene una relación personal muy estrecha con el primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

También han sido arrestados los hijos del Ministro del Interior, Muammer Güler, el de Economía, Zafer Çaglayan, y el de Urbanización y Medio Ambiente, Erdogan Bayraktar. Otras figuras importantes incluyen al director general del banco Halkban, y a varios funcionarios de los Ministerios de Medio Ambiento y de Economía, así como a varios empresarios importantes.

La operación policial ha tomado por sorpresa al gobierno. Ayer, el primer ministro se negó a realizar comentarios al respecto. «No sería correcto que yo hablase antes de que el proceso legal finalice», dijo Erdogan. Horas antes, había advertido en un discurso contra «algunas personas, respaldadas por círculos oscuros, bandas, los medios de comunicación o propietarios de grandes capitales» que «amenazan la nación». «Se pueden rebajar a usar los sucios métodos que quieran, o mezclarse en sucias alianzas, pero no nos plegaremos ante ninguna amenaza», aseguró.

Cofradía Gülen

Las detenciones han sido interpretadas como el último episodio de la guerra abierta que el gobierno de Erdogan mantiene con su aliado hasta hace muy poco, el movimiento del teólogo Fethullah Gülen, que mantiene una red de empresas e instituciones educativas orientadas a la consecución de influencia política. Se cree que numerosos mandos policiales y miembros de la judicatura pertenecen a la cofradía Gülen.

A partir de 2011 comenzaron a escucharse rumores sobre las fricciones entre este movimiento y el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan, que incluyeron un intento de procesar al jefe de la inteligencia turca, Hakan Fidan, un leal al primer ministro, por abuso de poder. Tras la revuelta antigubernamental del pasado junio, Erdogan acusó a Gülen de estar detrás de las protestas, lo que señaló abiertamente la ruptura entre ambas facciones.

El mes pasado, el gobierno anunció su intención de aprovechar la reforma educativa en marcha para cerrar las llamadas escuelas preparatorias o «dershaneler», una red de centros educativos para estudios no universitarios, que en muchos casos pertenecen al movimiento Gülen, y en las que se forman, por ejemplo, los oficiales de policía vinculados a la cofradía.

Estas escuelas le aportan cuantiosos ingresos al movimiento, por lo que el intento de cerrarlas fue percibido como un ataque directo contra la cofradía. La prensa turca especula ahora sobre si el movimiento podría estar utilizando su influencia en las autoridades policiales y judiciales y la información comprometedora acumulada para tratar de perjudicar a los partidarios de Erdogan.