La guerra judicial en Turquía saca de prisión a condenados por golpismo

La semana pasada, el presidente Abdullah Gül sancionó la ley que abole los Tribunales Especiales, creados la pasada década para juzgar los excesos del llamado «estado profundo» y las acciones golpistas. Los casos llevados por estas cortes han sido derivados a tribunales convencionales, que ahora están revocando algunas de sus decisiones.

«Mi puesta en libertad es solo el principio. Creo con todo mi corazón que los otros [militares condenados], inocentes como yo, recuperarán su libertad muy pronto», declaró este fin de semana Ilker Basbug en un acto público, al día siguiente de su excarcelación. Basbug, condenado este pasado verano por su presunta participación en la supuesta red golpista Ergenekon , ha pasado un total de 26 meses en prisión.

Sucede que los miembros de la judicatura que metieron en la cárcel a estos sospechosos son en muchos casos los mismos que en diciembre trataron de iniciar una investigación anticorrupción en el entorno de Erdogan. Y desde entonces, las maniobras del gobierno –que no ha dudado en destituir a más de cinco mil policías y funcionarios, y en reformar el sistema de justicia- han logrado someter a los jueces y fiscales rebeldes y contrarrestar de forma efectiva las operaciones policiales.

Las investigaciones de diciembre fueron orquestadas por agentes de policía y miembros del estamento judicial leales al teólogo Fethullah Gülen, cuyo movimiento cuenta con millones de seguidores en Turquía , y que antaño fue un estrecho aliado de Erdogan. Fiscales como Zekeriya Öz, que cobraron notoriedad al procesar a centenares de militares y miembros de los cuerpos de seguridad del estado acusados de golpismo, fueron mimados en el pasado por un ejecutivo a quien le convenía sentar en el banquillo a un ejército muy acostumbrado a ejercer de árbitro de la vida política del país.

Sin embargo, las desavenencias entre el primer ministro y Gülen se convirtieron a partir de 2012 en un enfrentamiento abierto que ha provocado la mayor crisis política de la historia reciente del país. Los Tribunales Especiales intentaron sentar en el banquillo al jefe de la inteligencia turca (Hakan Fidan, un leal a Erdogan) por su presunto «abuso de poder» por haber negociado en secreto con la guerrilla kurda del PKK. Desde entonces, el desencuentro no ha hecho más que crecer. En noviembre, Erdogan trató de cerrar la red de instituciones educativas en la que se apoya el movimiento Gülen. Como respuesta, se pusieron en marcha las mencionadas operaciones anticorrupción, que en un principio afectaron a los hijos de varios ministros y forzaron la dimisión de estos, y llegaron a amenazar a Bilal Erdogan, el hijo del primer ministro.

Desde el primer momento, el gobierno ha calificado las investigaciones de «golpe de estado encubierto», y ha reaccionado en consecuencia. En febrero, aprobó por decreto una nueva legislación que ponía todo el sistema judicial bajo el control del Ministro de Justicia, quien apenas tardó unas horas en renovar a los miembros del Alto Consejo de Jueces y Fiscales (HSYK, por sus siglas en turco). «Esta ley viola el Artículo 159 de la Constitución, que estipula la independencia del HSY»”, protestó entonces el parlamentario Akif Hamzaçebi, del partido opositor CHP. «Jueces y fiscales estarán bajo el control del Ministro de Justicia, lo que va abiertamente contra el principio de la separación de poderes», advirtió.