Oleada de detenciones contra intelectuales izquierdistas en Turquía

Entre los detenidos hay intelectuales, músicos y al menos quince abogados, la mayoría de ellos miembros del ÇHD. A los letrados se les acusa de «transferir instrucciones de los líderes de la organización en prisión a los militantes». Pero la asociación lo ve de una forma totalmente diferente: «El estado está enfrascado en un ataque total contra la gente y las instituciones que se oponen al sistema y luchar por la democracia y la liberdad. Estas prácticas legales antidemocráticas tratan de oprimir a la sociedad y destruir a la oposición», declaró hace dos días el ÇHD en un comunicado.

Estas detenciones han sido duramente criticadas por Human Rights Watch (HRW), que los ha considerado «parte de una toma de medidas más amplias contra aquellos que se oponen al gobierno». En los últimos años, centenares de estudiantes, activistas de derechos humanos e incluso los hackers de la organización «RedHack», responsable del sabotaje de numerosas páginas gubernamentales y otras acciones , han sido acusados por fiscales y policías de pertenencia al DHKP/C, un grupo con cierta implantación en los medios universitarios e intelectuales, pero que apenas ha cometido atentados en la última década.

En los juicios contra algunos de estos presuntos militantes, la fiscalía ha aportado como evidencias cosas como «participar en la manifestación del Primero de Mayo», «tener una bandera con la hoz y el martillo» o «tener libros comunistas». Lo endeble de las pruebas no ha evitado condenas durísimas, como la sentencia de ocho años de cárcel para los estudiantes Berna Yilmaz y Ferhat Tüzer, que desplegaron una pancarta en la que se leía «Queremos educación gratuita» durante un acto presidido por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Otros cinco estudiantes podrían ser ahora condenados a 21 años de cárcel por motivos similares .

«Lo que hace de estos últimos arrestos particularmente preocupante es que estos abogados son bien conocidos por sus acciones en favor de aquellos cuyos derechos han sido violados por el estado», explica Emma Sinclair-Webb, investigadora de Human Rights Watch en Turquía. Precisamente, los abogados del ÇHP se habían encargado de la defensa de Yilmaz y Tüzer.

La asociación también ha trabajado en casos de violencia policial, como la muerte por disparos del nigeriano Festus Okey mientras estaba en custodia en una comisaría de Estambul, o la búsqueda de responsabilidades por la muerte de decenas de presos izquierdistas en varias prisiones durante la controvertida operación «Regreso a la Vida», en diciembre de 2000. Dos de los abogados detenidos son asimismo fundadores de la ONG «Imdat Polis!» («¡Ayuda, Policía!»), dedicada a combatir el maltrato policial.

«Las cifras oficiales de hace unos meses sugieren que muchos miles de personas están en prisión por delitos terroristas, muchos de ellos activistas políticos, estudiantes, periodistas y defensores de derechos humanos. La mayoría no han cometido ningún delito que pueda o deba ser descrito como terrorismo bajo la legislación internacional», asegura Sinclair-Webb. En mayo, el Ministerio de Justicia indicó que el número total de imputados por terrorismo en Turquía ascendía a 8.995.