Sánchez frente a la historia: así se enfrentaron los otros presidentes al independentismo catalán

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¿Quién ha sido el jefe del Ejecutivo democrático más expeditivo y eficaz en el problema independentista? ¿Cuáles son los retos que ha tenido que enfrentar cada uno? ¿Está el actual presidente del Gobierno en funciones a la altura de sus predecesores en este mismo asunto? Veamos. Por un lado, mientras Sánchez asegura que el mayor escollo para lograr un Gobierno de coalición con Iglesias son las formas de enfrentar la crisis secesionista, por otro lado no hace ni una sola mención a Cataluña durante su discurso inicial en el debate de investidura de este lunes. Una omisión que le afearon todos los partidos de la oposición.

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Una ambigüedad que no mostraron Figueres, Alcalá-Zamora, Lerroux o Rajoy con sus respectivos desafíos independentistas. Los tres primeros tuvieron que enfrentar declaraciones unilaterales del «Estado catalán» y Rajoy, la convocatoria de hasta dos consultas soberanistas ilegales por parte de Artur Mas y Carles Puigdemont , presidentes de la Generalitat en 2014 y 2017, respectivamente. ¿Cómo solventaron estas crisis? ¿Pusieron en peligro la estabilidad del país?

Las coyunturas políticas eran, evidentemente, diferentes, pero todas tienen en común el hecho de haberse producido en momentos de cambio e inestabilidad como el que actualmente se vive en España con otras elecciones generales anticipadas en el horizonte si no sale adelante la investidura. Estanislao Figueras fue el primero que se vio en esta tesitura el 5 de marzo de 1873, cuando ni siquiera llevaba una mes como presidente de la recién proclamada Primera República. Por eso la noticia publicada por «La Correspondencia de España» se convirtió en una prueba de fuego para él: «Unos 16.000 voluntarios han declarado independiente el Estado catalán y han apresado a las autoridades», podía leerse en el titular.

No se trataba de una independencia en sentido estricto, sino de la proclamación de un «Estado catalán federado con la República española». Había sido promovido por la burguesía del Partido Federal como medio de presión contra el Gobierno de Figueras. Y lo hicieron con la ayuda de los conocidos como republicanos «intransigentes», esa izquierda de la Cámara que defendía que, «para transformar el Estado español en una federación, era necesario desintegrarlo jurídicamente primero. Dicho de otra manera, destruir España», según las palabras del historiador Josep Termes. Y para ello, las regiones debían recuperar su soberanía, pensaban.

Los catalanistas tomaron rápidamente las primeras decisiones. Eligieron a Baldomer Lostau como presidente del nuevo Estado regional, que contaba con el apoyo de los principales representantes de la política del Principado para convocar elecciones y para reunir a un ejército de 10.000 soldados. Figueres, sin embargo, no estaba por la labor. No podía comenzar su legislatura mostrando indefensión y debilidad frente a la amenaza secesionista.

El presidente reaccionó y nombró a una serie de representantes para que presionaran a la Diputación de Barcelona. El objetivo era que esta no siguiese el mismo camino que Lostau. Luego él y su ministro de Gobernación, Francisco Pi i Margall , aseguraron en las Cortes Constituyentes que no iban a permitir que los catalanes pusieran en peligro «la integridad de la patria». Entonces iniciaron urgentemente una serie de negociaciones telegráficas con los dirigentes separatistas, mientras Figueras partía de inmediato hacia Barcelona para tratar el asunto en persona.

Ni siquiera le hizo falta llegar a la Ciudad Condal. Lostua se dirigió antes a las masas congregadas a la espera de la proclamación de la República catalana y les comunicó que esperaban al presidente, que les había prometido la disolución del Ejército español en Cataluña. Por esa razón, renunciaba al acta de soberanía y todo volvió a su orden.

Tuvieron que pasar sesenta años para que otro presidente español se viera en un escollo parecido. Fue Niceto Alcalá-Zamora el 14 de abril de 1931, pocas horas después de que se proclamará la Segunda República, cuando vio al líder de Esquerra Republicana, Francesc Macià , aparecer por sorpresa en el balcón del Ayuntamiento para informar de que, «en nombre del pueblo de Cataluña, se hacía cargo del Gobierno catalán. Y que en aquella casa permanecería para defender las libertades de su patria sin que pudiese sacársele de allí salvo que estuviera muerto», contaba ABC .

Aquella amenaza fue el primer problema que tuvo que afrontar el jefe del Ejecutivo el mismo día de ser elegido. Los partidos nacionalistas eran electoralmente mayoritarios en Cataluña y ERC, además, era la primera fuerza política después de ganar holgadamente las elecciones municipales dos días antes. El problema al que se enfrentaba el nuevo presidente en Madrid era importante. Alcalá-Zamora reaccionó también rápido y envió a varios de sus ministros a Barcelona para entrevistarse con Macià y apaciguar los ánimos: Fernando de los Ríos (Justicia), Luis Nicolau d'Olwer (Economía) y Marcelino Domingo (Instrucción Pública y Bellas Artes). Las negociaciones acabaron inmediatamente en un acuerdo por el que ERC renunciaba a su Estado a cambio del compromiso del Gobierno de presentar el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña en las futuras Cortes Constituyentes. Y también que reconocería al gobierno catalán, que recuperaría el nombre de Generalitat que había perdido en los Decretos de Nueva Planta de 1714 .

Casi todos los partidos políticos catalanes aceptaron el acuerdo, excepto Estat Catalá, que acusó a Macià de traidor, y el comunista Bloc Obrer i Camperol, que aseguraba que ese acuerdo «había aplastado a la República Catalana, cuya proclamación había sido el acto revolucionario más trascendental llevado a cabo el día 14». Pocos días después, Alcalá-Zamora era aclamado en Barcelona. Pero fue un triunfo muy breve, puesto que se produjo el primer enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno antes de que acabara abril, por una supuesta invasión de competencias.

El presidente español que reaccionó con más dureza contra los catalanistas fue Alejandro Lerroux . La razón, que el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, actuó de la misma manera que lo había hecho Francesc Macià tres años antes. El 6 de octubre de 1934 se asomó al balcón del Ayuntamiento de Barcelona en la plaza Sant Jaume y gritó: «En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña».

Se proclamó de nuevo el «Estado catalán» y, en palabras de ABC , «se rompía toda relación con el Gobierno central». «En una palabra –añadía este diario–, se declaraba la guerra al Estado español». Companys había mandado tomar las calles de la Ciudad Condal con 400 mossos, 3.200 guardias de asalto y más de 3.400 militares armados, según los datos de la página web de la Generalitat. Y más tarde declaraba: «Vengan a Barcelona y defiendan la Generalitat del posible ataque del Ejército español». La asonada había sido provocada porque Lerroux había dejado entrar a tres ministros de la CEDA (Confederación de Derechas Autónomas) en su Gobierno.

La respuesta del presidente del Gobierno no se hizo esperar. Declaró el estado de guerra y encargó al general Batet que marchará contra los independentistas. Las calles de Barcelona se llenaron de jóvenes de Esquerra. «Iban todos armados –contaba ABC–. Algunos llevaban, además de una magnífica carabina Winchester, una soberbia pistola automática, a veces ametralladora». La ciudad se convirtió en el escenario de una batalla entre el Ejército español contra los mossos de Esquadra. El jefe de estos último, el general Pérez Farrás, insistió después en que él sólo había obedecido al presidente de la Generalitat.

Murieron ocho militares y 38 civiles durante los tiroteos. A las siete de la mañana del día siguiente, Companys comunicaba su rendición a Batet y las tropas entraban en el Palacio de la Generalitat para detener al presidente de la Generalitat, a los miembros de su Gobierno, al presidente del Parlamento catalán, a varios diputados, al alcalde de Barcelona y a los concejales de ERC.

La solución de Rajoy ante la última declaración unilateral de independencia de Puigdemont fue la aplicación del artículo 155. Nunca un Gobierno en 40 años de democracia se había planteado siquiera usarlo, pero el anterior presidente no dudó en poner en marcha esta medida de carácter excepcional que implicó el control político de Cataluña por parte del Estado. Una decisión polémica ante la que el líder del PP tuvo que responder ante el Tribunal Supremo una vez abandonado el cargo.

Pero Rajoy lo seguía teniendo claro. Ante la subversión del orden constitucional y la necesidad de preservar la convivencia ciudadana, el Ejecutivo que presidía no tuvo otra alternativa que no fuera la aplicación del artículo. Así lo explicó ayer en el tribunal el expresidente, el único que tenía en su mano la posibilidad de apretar el botón para activar un precepto nunca antes utilizado en España. El 155 implicó, además, el cese de los miembros del «govern» y la convocatoria de unas nuevas elecciones que devolvieran la normalidad democrática a Cataluña, algo «inédito». «España es lo que quieran los españoles y no una parte de ellos [...] Y nadie, ni el Ejecutivo, ni los representantes de una autonomía, ni un supuesto comité de soberanistas, pueden cambiar eso», alegó, antes de subrayar: «Yo no estaba dispuesto a negociar que la Generalitat cumpliera la ley a cambio de algunas cosas».

Ante un contexto muy parecido al de Rajoy y con el antiguo expresidente de la Generalitat huído de la Justicia en el extranjero, resulta cuanto menos extraño que Pedro Sánchez haya omitido ese problema en su discurso del lunes en el Congreso de los Diputados. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el candidato socialista hizo del «diálogo» con Cataluña y el País Vasco uno de sus principales argumentos para buscar apoyos en 2018, debido a que necesitaba los votos de las fuerzas independentistas para ser investido. Una necesidad de apoyo que también ha sido diferente en el caso de los presidentes españoles mencionados.

Ahora, este «diálogo» al que se ha referido Sánchez en diferentes ocasiones quedó completamente olvidado en su discurso del lunes, a pesar de ser la cuestión catalana sigue siendo uno de los principales problemas que el candidato socialista tendría que afrontar en caso de ser investido. Sobre todo, con la sentencia del «procés» cada vez más cerca.