El laboratorio de Sánchez para blanquear al separatismo

Cuenta con escaños para ello, cuenta con un PSOE subordinado a su autoridad, y cuenta principalmente con la convicción personal de que tiene un mandato legislativo que ya no emana de una moción de censura forzada, sino de una «voluntad mayoritaria» de resolver el conflicto de Cataluña con «más autogobierno».

Es muy posible que Sánchez no necesite al separatismo catalán o al nacionalismo vasco para completar una legislatura de cuatro años gobernando en solitario, como transmitió ayer la dirección del PSOE. Hasta en eso, el aspecto de la nueva legislatura apunta a la primera de Zapatero, cuando hizo fortuna aquella expresión de gobernar en función de la «geometría variable» parlamentaria. Ahora, el presidente del Gobierno tratará de convertir su obligada sumisión al separatismo para ganar la moción contra Mariano Rajoy en una fortaleza aparente, explotando una suerte de posición intermedia entre el independentismo radical e irredento y el bloque -fallido en el nuevo Senado- de partidos que propugnan la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sánchez prevé poner en marcha un proyecto de blanqueamiento del independentismo para atraerlo de modo progresivo hacia una reforma territorial que, con toda probabilidad, no incluirá ningún referéndum ilegal de autodeterminación, pero sí una incesante espiral de federalización -o confederalización- del Estado. Sánchez, como Pablo Iglesias en su aviso al PSOE en la misma noche electoral , siempre aludió a una pretendida condición «plurinacional» del Estado como coartada para plantear negociaciones y cesiones al chantaje del separatismo. Ahora, con una mayoría suficiente, no solo no renunciará a esa España de taifas, o a una España de «matriuskas» interdependientes pero separadas, sino que la impulsará tratando de atraerse a ese soberanismo fracasado en su propósito de declarar la república catalana, y profundamente fracturado.

Para ello, Sánchez cree contar ahora con una legitimidad añadida, las urnas, pese a que la suma total del voto «nacional» es superior a la del sufragio «plurinacional». En cualquier caso, los resultados electorales se convertirán en el argumento de Sánchez contra cualquier criterio inamovible de la soberanía y la unidad nacional.

El PSOE considera hoy una obligación política negociar la proyección de esa España «plurinacional» sobre dos bases: la apariencia de que en sus negociaciones con la Generalitat y la Lehendakaritza no supera el marco constitucional; y la oferta de reformas legales «con más autogobierno» que, de facto, pueden suponer una reforma constitucional encubierta y ejecutada por la vía de los hechos consumados.

Serán los pilares de un proyecto para superar el espíritu de la Constitución, caduco ya para buena parte del PSOE, sin verse obligado a alterar su letra. Se trata de disfrazar cualquier cesión al soberanismo, travestiéndola de una tolerancia aceptable para su propio electorado con la complicidad añadida de un separatismo catalán que «evolucione» en sus exigencias. Y ahí, Sánchez cuenta con un factor añadido a su favor: la división aparentemente irreconciliable entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras , con Joaquim Torra como marioneta de un Gobierno descompuesto que empieza a sopesar nuevas elecciones.

El independentismo -llegue a ser o no imprescindible para Sánchez- ha ganado ocho escaños más de los que tenía. ERC, JxCat, PNV y Bildu suman 32 escaños, y resulta ociosa cualquier otra lectura sobre la fortaleza en votos de un centro-derecha que la Ley D’Hondt ha fulminado en escaños. Si antes se asumía que los sucesivos varapalos electorales del PSC en Cataluña respondían a que no se parecía al PSOE -llegó a introducir en su programa el «derecho a decidir»-, ahora se asume que el PSOE de Sánchez debe parecerse al PSC de Miquel Iceta.

Precisamente por no necesitar al separatismo más que de modo residual, Sánchez podrá hacer valer esta vez una aparente posición de fuerza para que los independentistas y nacionalistas se vean obligados a asumir sus soluciones «plurinacionales» como un mal menor para sus conflictos.

Y todo ello, pese a que objetivamente son más de once millones de votos reunidos en torno a PP, Ciudadanos y Vox, que se oponen frontalmente a esa idea propagada por Zapatero, y asumida por Sánchez, de que «el concepto de nación es discutido y discutible». No obstante, esa será precisamente la base de la que parta el jefe del Ejecutivo en su estrategia para blanquear a quienes han pretendido romper con España. Y lo hará con formas y maneras «moderadas» , sin estridencias, y adornadas con un aparente pragmatismo de comprensión hacia los chantajes del soberanismo, y de complicidad emocional con el victimismo ejercido por los líderes del «procés» juzgados por el Tribunal Supremo. Será la búsqueda de «una solución política», tal como lo definió Sánchez durante sus meses de mandato, cuando alentaba la oportunidad de un indulto para los acusados, o cuando se oponía a la prisión preventiva porque Cataluña no requiere de soluciones penales.

En la mente de Sánchez está plantear una reforma territorial que resigne al separatismo a aceptarla como una solución alternativa a su propósito rupturista y que, a la vez, no cause estrépito en un PSOE que nunca supo cerrar con un criterio homogéneo y nítido su idea de España. Sin parecerlo, será un proyecto reformista que de facto dé por superados los artículos 1 y 2 de la Constitución, tal y como lo intentó Zapatero en 2005 con la reforma estatutaria de Cataluña al incorporar el término «nación» en su preámbulo, aunque no superara el filtro del Tribunal Constitucional . Pero la reedición de una operación similar se ha convertido en un anhelo para Sánchez, y para una dirección federal del PSOE encapsulada en esa arriesgada idea, aún desde la experiencia de que la estrategia de «apaciguamiento» del secesionismo ha sido un fracaso, e incluso una desautorización de nuestra Justicia.

La caída de Ciudadanos y del PP en Cataluña ha sido demoledora. La agitación del fantasma de una derecha radical «unionista» ha vuelto a movilizar a un electorado independentista que se había desanimado, y que vivía resignado en torno al victimismo de los acusados por rebelión, y severamente fracturado.

El resultado ha sido un refuerzo de ERC y el PSC , que ya gobernaron en coalición hace una década, y que no descartan abrirse ahora a sentar las bases conjuntas de un proyecto confederal. Este es el argumento que ahora capitalizará Albert Rivera erigiéndose en un virtual líder de la oposición.

Ciudadanos nació como bastión sentimental y como resistencia social frente al secesionismo, y al hilo de su exposición en Cataluña ha crecido en toda España hasta situarse a poco más de 200.000 votos del PP. Y lo cierto es que su crecimiento exponencial le ha reforzado como la antítesis de Pedro Sánchez en defensa del modelo territorial vigente, ante la pérdida de potencia de fuego del PP.

En el País Vasco, incluso en Navarra, el panorama puede ser similar si Sánchez consigue extender su gota a gota adoctrinador entre la ciudadanía para legitimar a un nacionalismo moderado, posibilista, transigente y pragmático, que sentimentalmente merecería ver reconocidas sus ansias de autogobierno. Y más aún, si logra aparecer desde Moncloa como el presidente que ha conjurado la amenaza de nuevos intentos unilaterales de independencia. A priori, la pretensión es sencilla: ceder sin que lo parezca, convertir en inevitable una reforma territorial basada en un supuesto mandato de las urnas, y dar por liquidado el actual esquema jurídico que configura a Cataluña o al País Vasco como meras comunidades autónomas.