Vicente Guilarte: «Los políticos tienen que asumir con claridad que hay que renovar el CGPJ»

–Este mes de diciembre el CGPJ cumple cinco años en funciones. ¿Se renovará algún día?

–Esa es la confianza que tenemos, que el acuerdo se produzca lo más pronto posible. Es evidente que tiene que renovarse y que los responsables políticos tienen que asumirlo con claridad. No nos pueden marginar y dejar que el Consejo siga eternamente en esta situación. Por nuestra parte lo único que podemos hacer es clamar para que ahora, una vez pasadas las elecciones, haya acuerdo. Es imprescindible y sería un buen punto para que los dos grandes partidos se empiecen a poner de acuerdo en los grandes temas. Arreglarían un problema grave, sobre todo en las salas del Supremo.

–¿Qué puede hacer el presidente del CGPJ para favorecer esa renovación?

–Me gustaría hablar con los responsables para que la fuercen; hay que intentar que siga siendo un objetivo básico.

–¿Con qué ánimo y con qué propuestas asume esta nueva etapa?

–Con el mejor de los posibles, pese a que las circunstancias no son muy propicias. Hace nueve años nunca pude imaginar que me vería en esta situación. Durante este tiempo he mantenido aquí un perfil relativamente bajo y para mí asumir esta responsabilidad supone un alto coste personal, pero había que dar el paso. El plan más inmediato es fomentar el que se produzca la renovación e intentar solventar el problema del Tribunal Supremo, si es que se puede de alguna manera buscar fórmulas. Y, si alguien lo estima oportuno, también podríamos ayudar en la futura reforma de la elección del Consejo. Paralelamente creo que el CGPJ debiera olvidar todo el ruido mediático que ha generado, y en parte propiciado, y entregarse de lleno a la defensa de la carrera judicial en todos sus ámbitos. Y uno de ellos, a mi juicio de gran importancia, es persistir en la obtención de una remuneración económica acorde a la responsabilidad que asumen con el ejercicio de la jurisdicción. Es evidente que ello ayudará a su independencia.

–¿Está de acuerdo con una reforma para que, en la línea que indica Bruselas, doce de los veinte vocales sean elegidos por la carrera?

–Yo ya he escrito sobre este tema y mi cambio de condición (la presidencia) no debe alterar mi entendimiento de las cosas. Mi idea era buscar una fórmula intermedia y que la procedencia parlamentaria o corporativa del Consejo no fuera un tema tan decisivo como ahora parece que es. Una fórmula sería que todos los cargos gubernativos fueran elegidos directamente por los jueces, como ocurre con los jueces decanos; y respecto a la alta magistratura, los magistrados del Supremo, diseñar la carrera judicial de forma que quedaran claros los méritos concretos para acceder al Alto Tribunal, de forma que a partir de ahí un tribunal especializado dependiente del Consejo valorara esos méritos. Con esto yo creo que superaríamos esta dicotomía de si es mejor la elección parlamentaria o corporativa. Pasaría a ser más irrelevante porque se habrían atendido las dos posiciones y habríamos objetivado los presupuestos para acceder a la alta magistratura, que es lo que preocupa.

–¿Cree que la renovación del Consejo debería hacerse ya bajo ese nuevo marco o no va a dar tiempo?

–Eso escapa de lo que yo pueda decidir u opinar. Lo único que quiero propiciar es que se renueve y que esta anomalía se supere cuanto antes.

–¿Hasta qué punto es responsabilidad de los vocales esta situación? Se lo digo porque desde determinados sectores se sigue alentando a la renuncia en bloque para forzar la renovación.

–Eso yo creo que no tiene mucho sentido. Estando en funciones pienso que hay que tratar de seguir funcionando y ese planteamiento implica una acción política de la que deberíamos huir. No somos los causantes del problema y no somos quiénes para solventar lo que otros no han arreglado todavía. En el Código Civil, que es de lo que yo sé, en materia contractual el que primero incumple no puede exigir luego nada. Esto es lo mismo: no echen sobre nosotros una responsabilidad que no tenemos y que la tienen que arreglar en otros ámbitos y urgentemente.

–La reforma de la ley del Consejo ha provocado una situación preocupante, especialmente en el Supremo, que está con un 30 por ciento menos de su plantilla. ¿Debería revocarse esa reforma y devolver al Consejo las competencias?

–Una vez conocido que la finalidad de aquella reforma no logró su objetivo deberíamos buscar consensuadamente una fórmula sin interferencias políticas para que al menos el Alto Tribunal, que es el que ha sufrido vicariamente esta situación, pueda volver a funcionar con normalidad. Es necesario, no se puede estar así durante más tiempo, ni hoy y mucho menos dentro de tres meses ni de seis. Algo hay que hacer.

–Pero eso requeriría una contrarreforma…

–O buscar fórmulas sin hablar de reforma para que se pueda recomponer. Por ejemplo, evitar que se produzcan más vacantes aumentando la edad de jubilación de los magistrados del Supremo mientras persista esta situación. Es imprescindible arreglar el problema del Tribunal Supremo.

–¿Por qué se da por hecho que devolviendo las competencias al Consejo no puede haber amplios consensos en los nombramientos?

–Yo confío en que quienes lo den por hecho se equivoquen, pero estamos partiendo de un planteamiento incierto, que es que devuelvan las competencias al Consejo.

–Lo cierto es que hay una imagen de politización del Consejo.

–Eso es lo que siempre he querido evitar. Se habla de mí como verso suelto como si fuera una anomalía. Lo que tendríamos que convertir en normalidad es que cada uno tuviera su libertad para decidir todas estas cuestiones. Yo he tratado de huir de esa idea de los bloques y voy a persistir en eso, en que seamos dieciséis versos sueltos con su criterio propio no condicionado por circunstancias externas.

–Pero a ese etiquetado de conservadores y progresistas contribuye el propio sistema de designación de los vocales, a propuesta de los partidos. Es más, el modo de actuación en el CGPJ se corresponde muchas veces con los postulados políticos de quienes nombraron.

–Sí, ciertamente tenemos todos parte de culpa en eso pero yo creo que se ha magnificado y trato de combatirlo. Por eso mi idea sobre cómo deben producirse los nombramientos. A partir de ahí, y sabiendo cuáles son los méritos a valorar objetivamente por un tribunal especializado, la sospecha de correa de transmisión política quedaría totalmente diluida.

–El último informe de la Comisión Europea no es muy alentador respecto a la separación de poderes en España. ¿Existe en la práctica esa separación de poderes?

–Yo creo que sí, evidentemente, ocurre que es una natural aspiración de la política participar en todos los estamentos del Estado para influir sobre ellos. Lo que hay que tratar es de evitarlo.

–También aludía ese informe a los ataques que especialmente en los últimos meses han protagonizado ministros del Gobierno a los jueces cuestionando incluso la forma en la que aplican la ley. ¿Qué le parece esto?

–Evidentemente mal. Esto no puede tener otra respuesta institucional que el rechazo. Hay veces que gusta lo que se decide, otras que no, pero me parece que una interferencia directa de este tipo en la plena autonomía que tienen que tener los tribunales no tiene ningún sentido y es absolutamente rechazable.

–De hecho que el Consejo haya tenido que reaccionar en varias ocasiones frente a estos ataques no había sucedido antes...

–Ha habido bastante crispación en la política, espero que ahora se apacigüe, aunque el resultado de las elecciones tampoco alienta mucho la estabilidad. Todos los agentes políticos tienen que tratar de evitarlo como también hay que tratar de evitar que la jurisdicción intervenga en la política.

–¿Qué opina de la técnica legislativa que se ha utilizado en la última legislatura aprobando proposiciones de ley en vez de proyectos de ley para eludir el trámite de informes?

–En la pregunta va la respuesta pero eso implica un cuestionamiento sobre cómo se ha procedido en el ámbito legislativo que no soy quien para valorar. Las reglas son las reglas y en la medida en que no sean respetadas, que se cuestione, pero yo no voy a entrar en esa valoración. No nos podemos quejar de que tratan de interferir en nuestra actividad y a la vez nosotros pretender interferir en la suya. Esos temas deben quedar al margen del cuestionamiento por parte del Consejo. Es un tema legislativo. Será el Consejo de Estado o los órganos que controlan esa situación, no nosotros, los que tengan que intervenir.

–¿Debería tener el CGPJ un papel más relevante en el trámite de informes? Me refiero, por ejemplo, a cuando ustedes cuestionaron la ley del «sólo sí es sí» y alertaron de las consecuencias con las que luego nos encontramos. ¿Hay alguna fórmula para que la opinión del CGPJ pese más?

–Es un tema de pura valoración de los informes y de su bondad a la hora de tenerlos en cuenta. En la medida en que el emisor tenga autoridad, su contenido deberá ser valorado como tal, pero fórmulas para convertir en algo más vinculante los informes del Consejo... Creo que es un tema que escapa de lo que desde aquí podemos plantear.

–Pero hay casos en los que ustedes han hablado de una deficiente técnica legislativa y aún así el texto del proyecto ha salido del Consejo de Ministros sin modificar una coma.

–Yo conozco el Derecho Civil fundamentalmente. Hay una Comisión de Codificación que, a mi juicio, sí debería ser más atendida. Pero en situaciones de cierta crispación política la urgencia y las presiones que cada grupo tiene hace difícil atender a lo que parece lo más razonable: que las leyes se hagan más sedimentadamente y atendiendo a los informes de los organismos consultados.

–Una de sus primeras decisiones ha sido reorganizar las comisiones del Consejo, algo que ha escocido especialmente en la Permanente, donde sus miembros tienen dedicación exclusiva y cobran más que el resto. ¿Era necesario esta modificación?

–No era una cuestión de necesidad pero parecía en todo caso de justicia. Yo en su día había manifestado que me parecía oportuno que todos los vocales que quisieran estar en la Permanente tuvieran ocasión de hacerlo; incluso propicié que fuera por el mismo tiempo unos y otros. De hecho la previsión era una renovación anual. Por las razones que sea esa idea no llegó a materializarse y se produjo esta prórroga tan insospechada. Era el momento oportuno para que los que no han estado y querían estar pudieran hacerlo. Pero sin ningún ánimo ni segundas lecturas…

–Cuando Mozo ocupó el puesto de Lesmes cobró como si fuera presidente con plenitud de funciones cuando no lo era. Luego rectificó. ¿Va usted a cobrar como si fuera presidente a pesar de la bicefalia con el Supremo?

–Dios me libre. Mozo aclaró el caso. Cada uno entiende las cosas como las entiende. Yo ni me lo habría planteado. Respecto a la bicefalia con el Supremo, no quiero que haya el mínimo roce, porque estamos en la misma línea y queremos resolver el mismo problema.

–Una de las primeras pruebas de fuego de esa bicefalia será el discurso de Apertura del Año Judicial. ¿Quién lo dará, Marín Castán (presidente del Tribunal Supremo) o usted?

–Yo creo que eso no genera ningún problema, que debe ser Marín Castán. Otra cosa es que en función de esta cordialidad le podamos trasladar desde el Consejo algún idea para que, si tiene a bien, la exprese. Mantengo una larga y gratificante relación institucional y personal con don Francisco Marín Castán que no van a conseguir perturbar voces que interesadamente buscan generar un conflicto inexistente.