El PP confía en que la nueva ley del CGPJ esté aprobada en febrero

Pese a que la recomendación no es nueva -distintos informes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa llevan años alertando de ello- resulta llamativo que el programa electoral del PSOE siga insistiendo en el sistema actual, de exclusiva intervención parlamentaria, sin dar opción alguna al cambio.

Con el respaldo de Bruselas y la convicción de que el actual modelo de designación del Consejo ya no es válido, el Partido Popular no está dispuesto a renovar el órgano de gobierno de los jueces sin llevar cabo esta modificación legal.

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A día de hoy las posturas de los dos partidos que se tienen que poner de acuerdo tanto para la renovación como para que esa reforma legal sea posible son irreconciliables, pero a partir del próximo domingo, si, como vaticinan las encuestas, el Partido Popular gana las elecciones generales, el panorama puede cambiar de forma radical.

Tanto es así que Génova ya ha articulado un plan de Justicia y regeneración democrática que tiene previsto activar el mismo mes de septiembre, tan pronto como Alberto Núñez Feijóo aterrice en La Moncloa.

El plan pasa por una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que posibilite la elección de un nuevo Consejo con unas nuevas reglas en las que se garantice la elección por parte de la carrera de sus doce representantes en el órgano.

En el PP son conscientes de que esta reforma no estaría lista en el mejor de los casos hasta el mes de febrero, y que esto supondría un retraso de unos meses respecto a la otra alternativa, que sería renovar el CGPJ e inmediatamente después proceder a una modificación legal. Pero creen que lo que no tiene sentido es legitimar durante los próximos cinco años una situación que, a la luz de las recomendaciones europeas, estaría «contaminada» de origen.

De esta forma, fuentes del PP argumentan que prolongar unos meses más la anómala situación del Consejo, que en diciembre cumplirá cinco años en funciones, no supondría un gran problema y, además, Bruselas lo entendería, pues son muchos los gestos de esta formación en el último año que avalan que ha hecho todo lo posible para cambiar sin éxito el sistema de nombramientos del Consejo, la última, resucitando la proposición de ley que modificaba el sistema de elección y que no fue ni tomada en consideración por los socios de Gobierno de Sánchez.

Esa proposición de ley sí fue apoyada, sin embargo, por el extinto grupo parlamentario de Ciudadanos y por los diputados de Vox, que con los del PP contarían en esta ocasión con un respaldo holgado para sacar adelante una reforma que tiene que ser aprobada por mayoría absoluta y que se tramitaría, eso sí, como proyecto de ley.

Porque lo que no tendría sentido, apuntan desde Génova, es que tras haber alertado del abuso y uso indiscriminado que ha hecho Sánchez de la proposición de ley para saltarse los informes de los órganos consultivos, ahora el PP haga lo mismo con una materia que, además, afecta de lleno a los jueces y sobre la que este colectivo tiene algo que decir.

El anteproyecto de ley se presenta así como la mejor opción y la forma de poder contar con los informes preceptivos de los órganos correspondientes, entre ellos el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.

Con este mismo razonamiento, y ligada a la reforma anterior, el PP tiene previsto resolver con urgencia la preocupante e «insostenible» situación que se está viviendo en la cúpula judicial como consecuencia de la reforma que desde hace dos años prohíbe al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones y que en el caso del Supremo supone que el 30 por ciento de su plantilla esté sin cubrir y que se estén dictando mil sentencias menos al año.

El mero hecho de que los partidos que sustentan el Gobierno de Sánchez llevaran a cabo esta reforma exprés por desconfianza a que los «conservadores» del CGPJ nombraran durante todo este tiempo «a los suyos» es, sin duda, significativo de que al sistema de elección del Consejo hay que darle por lo menos una vuelta.

Lo mismo puede decirse del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, otra de las reformas prioritarias para el Partido Popular, que parte de que nunca antes había existido una sospecha de politización de la Fiscalía como la que se inició con el aterrizaje de la exministra de Justicia en el órgano. Respaldado también por el reciente informe de la Comisión Europea, que hace unos días reprochó a España que no haya hecho ni una sola modificación para garantizar esa imagen de independencia, el PP quiere que esta reforma se lleve a cabo también como anteproyecto de ley y tras recabar los informes pertinentes.

Las modificaciones que plantea el PP afectan a los requisitos que debe reunir el candidato a fiscal general, al mayor peso del Consejo Fiscal (el órgano que representa a la carrera) en la toma de decisiones, especialmente en los nombramientos, o la desvinculación del mandato del fiscal general del mandato del gobierno que le propuso.

La tercera pata sobre la que el equipo de Núñez Feijóo quiere articular sus primeros movimientos en el ámbito de la justicia -y en este caso también de defensa del Estado ante una amenaza independentista que realmente preocupa en Génova- es la reforma del Código Penal para restaurar el delito de sedición, tipificar cuanto antes el de referéndum ilegal y eliminar el tipo atenuado de malversación con el que el Gobierno quiso contentar socios independentistas el pasado diciembre, una reforma que no gustó nada en Bruselas.