El vocal Vicente Guilarte asume la presidencia del Consejo del Poder Judicial tras la jubilación de Mozo

Fuentes del Consejo señalaron a ABC que Guilarte ha mostrado su acuerdo con la propuesta de los miembros de la Comisión Permanente, que el lunes pidieron introducir en el orden del día del Pleno el debate y pronunciamiento acerca de las condiciones para el desempeño de la presidencia de este órgano, en relación a la posible incompatibilidad en la que podría incurrir si aceptara la presidencia sin renunciar a su actividad privada. A juicio de estos vocales, la aceptación del cargo implica que Guilarte se dedicará a esta tarea con exclusividad y así lo ha entendido por unanimidad el Pleno y el propio vocal.

Vicente Guilarte nació en Bilbao en 1953 y ejerce la abogacía desde 1979. Asesor Jurídico de la Universidad de Valladolid desde 1988, fue catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de Burgos y desde 1991 es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid.

Además, es miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, letrado-director de la Asesoría Jurídica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y miembro del Consejo Editorial de la Revista Abogados del Consejo General de la Abogacía Española.

El próximo martes está previsto que se celebre un Pleno extraordinario, ya bajo la presidencia de Vicente Guilarte, para abordar la situación del CGPJ en la nueva etapa, pues como informó ABC el resultado del 23J condicionará decisivamente el devenir del CGPJ.

El Pleno de este miércoles ha sido el último bajo la presidencia de Mozo, que se ha despedido de sus compañeros tras casi diez años de mandato, pues el próximo diciembre el Consejo cumple cinco años en funciones.

En una carta al personal del Consejo, Mozo se congratula especialmente de dos hitos que han tenido lugar bajo su mandato de apenas nueve meses: el nombramiento por unanimidad de los dos magistrados del Tribunal Constitucional el 27 de diciembre de 2022 y de la lograda actualización de las retribuciones de jueces y magistrados.

Sin embargo, reconoce que le «embarga un sentimiento agridulce» por la «anomalía constitucional» que supone la falta de renovación del Consejo. «La prolongación en el tiempo de esta situación y la ausencia de perspectivas de un acuerdo entre las fuerzas políticas que la pusiera fin, así como la presentación de la renuncia del presidente Carlos Lesmes, son hechos que han generado uno de los episodios más tristes de nuestra historia democrática«.

Recuerda Mozo que la recomendación que contiene el Informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la Unión no deja lugar a dudas: «que se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario y que se inicie, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus miembros de procedencia judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Magistratura«. 

«Reitero desde aquí, con la firmeza que me permite el largo tiempo transcurrido -desde el 4 de diciembre de 2018- mi petición a las fuerzas políticas concernidas, para que, sin excusa ni pretexto alguno, se tomen en serio esas recomendaciones y para que procedan de inmediato, en cuanto termine el proceso electoral en el que nos hallamos inmersos, a la renovación de este órgano de gobierno, que nos reclama no sólo la Constitución Española, sino también la Unión Europea de la que formamos parte desde 1986. El mantenimiento de esta situación debilita y erosiona las principales instituciones de la Justicia española y, por tanto, de nuestro Estado de Derecho», apunta.