Puigdemont a Sánchez: «Esto no va de fotos, va de cumplir pactos»

El argumento de Puigdemont es que a él le interesaba una fotografía con Sánchez cuando éste era presidente de turno de la UE, durante el segundo semestre del año pasado, pero ahora considera que «a quien beneficia la foto es a Sánchez». «Es como si una persona que está en números rojos va a pedir una hipoteca. La respuesta del banco es que, antes de pedir nada, debe saldar su deuda», explican a ABC metafóricamente esas mismas fuentes para explicar que el líder de Junts sólo se sentará si se cumple lo que él considera acordado previamente. Como es sabido, Puigdemont se siente engañado por Sánchez porque entiende que no ha correspondido el apoyo de los siete diputados de Junts a su investidura, en noviembre de 2023.

Este ofrecimiento se produjo semanas atrás, cuando en La Moncloa se percataron de que la negativa de Junts a negociar los Presupuestos Generales no es un farol. Las condiciones que pone sobre la mesa Puigdemont antes de abrir esa negociación tienen que ver, como adelantó ABC, con compromisos que a su entender han sido previamente adquiridos por el Gobierno.

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Juan Fernández-Miranda

El primer asunto tiene que ver con la consideración del catalán como lengua oficial en Europa. A pesar de que el Gobierno se comprometió a intentarlo y de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, le ha dedicado mucho tiempo, lo cierto es que nada ha cambiado. Puigdemont entiende que el Gobierno no ha hecho todo lo posible y que el ministro les explicó que sería difícil conseguirlo en la presidencia española, pero que habría posibilidades de lograrlo en la siguiente, que correspondió al Gobierno belga, en la primera mitad de este año. En aquel entonces el socialismo europeo aspiraba a aumentar su posición en la UE, algo que quedó descartado en las elecciones comunitarias de junio. «Puigdemont se lo creyó y ahora ha visto cómo, por conseguir que Teresa Ribera sea vicepresidenta de la Comisión Europea, el Gobierno ha sido capaz de pactar hasta con Orbán y Meloni», apuntan para contextualizar la posición de Junts.

La segunda condición tiene que ver con la gestión de la inmigración, asunto sobre el que hubo novedades la semana pasada, pero que para Junts son insuficientes. El pasado miércoles, el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, anunció que a principios de 2025 convocará una nueva reunión de la Junta de Seguridad para que los Mossos d'Esquadra asuman las competencias de los puertos y aeropuertos de Cataluña, por lo que se expulsará a la Guardia Civil y la Policía Nacional de estas infraestructuras. Sólo unos días antes, tras la última reunión de la Junta de Seguridad del 5 de diciembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que esta transferencia no estaba sobre la mesa, a pesar de que fuentes policiales confirmaron que el tema estaba acordado.

Esa es la primera cesión en el ámbito de la inmigración, pero hay otra reclamación de Puigdemont que es más relevante y más compleja: la entrega a la Generalitat de la tramitación del Número de Identidad de Extranjeros (NIE), un código para la identificación tributaria enlazado con la residencia.

La primera vez que Junts introdujo la cuestión migratoria en sus negociaciones con el PSOE fue a comienzos de este año, el 10 de enero, en la primera negociación parlamentaria de la legislatura: para convalidar dos de los tres decretos que Sánchez aprobó nada más ser investido presidente, la portavoz independentista, Miriam Nogueras, le arrancó la «gestión integral» de la inmigración. Aquello fue muy polémico, porque se basó en un párrafo pactado in extremis que daba lugar a distintas interpretaciones: «Se acuerda una ley orgánica de delegación de competencias y recursos para que Cataluña pueda hacer una gestión integral de la inmigración conforme al artículo 150.2 de la Constitución».

Aunque, irónicamente, pueda parecer que Puigdemont esté negociando competencias para que las gestione el PSC —que es quien manda en la Generalitat—, para Junts es prioritario y, cuando todo comenzó, aspiraba a ser presidente autonómico. El motivo es el crecimiento de Aliança Catalana, que según las últimas encuestas podría pasar de dos a una docena de escaños en el Parlament, la mayoría en el mismo espectro ideológico que Junts.

Hay otro punto de discrepancia entre Sánchez y Puigdemont que el prófugo considera relevante. El jefe del Ejecutivo dijo el pasado lunes en su balance del año que «a efectos políticos ya se aplica la amnistía», algo que el líder de Junts no cree en absoluto. En su opinión, si fuera así se le permitiría tener escoltas como todos los expresidentes de la Generalitat. Puigdemont quiere que se le reconozca esa condición y, como consecuencia, que se pague su seguridad con dinero público.

El cuarto punto de discrepancia es conocido, como publicó ABC el 14 de octubre: que el Estado abone a Cataluña los millones de euros previstos como inversiones en los Presupuestos del Estado que no lleguen a ejecutarse. Esta exigencia persigue evitar la trampa que los socios del Gobierno denuncian que Sánchez hace en cada negociación presupuestaria. Esto es, prometer una lluvia de millones para inversiones que, aunque llega a incluirse en el proyecto de Presupuestos y aprobarse por las Cortes, no llega a materializarse en su totalidad. El montante que Junts tiene en la cabeza con esta reclamación no es menor. En el periodo 2015-2022 la media de las inversiones territorializadas no ejecutadas en Cataluña se situó en el entorno del 40%. Según confirman las fuentes consultadas, Puigdemont quiere que se emita un cheque con la cantidad no ejecutada de 2024 y aspira a conseguir lo mismo de 2023.

Por último, hay una cuestión sobrevenida como consecuencia de la desconfianza que se ha instalado en Waterloo ante los reiterados incumplimientos del Gobierno. Se trata de la petición de que el presidente del Ejecutivo se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento. Este asunto, que ABC desveló ya hace tres meses, concretamente el 26 de septiembre, acabó de cuajar el pasado día 9, cuando Junts registró en el Congreso una proposición no de ley en esa dirección. Esa misma semana el PSOE fue tajante en negarse y en anunciar que la Mesa del Congreso la rechazaría. Sin embargo, tras la última reunión en Ginebra entre Junts y los emisarios del Gobierno, la Mesa no la rechazó, sino que ganó tiempo aplazando la decisión a después de Reyes.

En definitiva, Junts está endureciendo su posición de cara a la negociación de los Presupuestos Generales, consciente de la debilidad del Gobierno, que también tendrá que convencer a ERC, Podemos y PNV. Ya hace tiempo que el número tres del PSOE, Santos Cerdán, dejó de ser un interlocutor válido para Puigdemont y también ha pasado el momento de Zapatero, que fue clave para desatascar la negociación de la amnistía. Por eso, la reunión cara a cara con Sánchez se puede producir, pero no se limitará —o esa es la intención del líder de Junts— a una mera foto.

En los últimos meses, ABC ha ido adelantando los pormenores de las negociaciones entre el Gobierno y Puigdemont, desde sus reivindicaciones hasta la irrupción de Zapatero. Hace ya tres meses, ABC desveló en su portada del 26 de septiembre la intención de Junts de exigir a Sánchez una cuestión de confianza, como se ha confirmado ahora.