El premio Nobel de la Paz a María Corina Machado se vuelve contra Sánchez y Zapatero

Los opositores venezolanos, que tantas veces miraban al este, al otro lado del Atlántico, para encontrar un aliado en España, a quien confiaban la internacionalización de su causa, se topaban ahora con un «silencio» atronador. María Corina Machado, este viernes galardonada con el premio Nobel de la Paz, decía de este «silencio» que terminaba convirtiéndose en «complicidad» con el régimen de Nicolás Maduro. Su hemeroteca urgiendo al Gobierno a actuar contra la represión en Venezuela es abundante. Y por eso, su reconocimiento recibió un nuevo mutismo de la Moncloa y una enmienda a la totalidad a la política exterior respecto al país sudamericano.

Este viernes en Madrid, en el palacio de Parcent, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, reivindicó la labor del Ejecutivo para la excarcelación de Machado durante el tiempo que la retuvo en prisión el régimen bolivariano. Pero la percepción entre la oposición venezolana es que España podría haber hecho más por su causa. Sobre todo, una figura que se contempla, en el mejor de los casos, con total escepticismo: la del expresidente Zapatero. Erigido en un mediador internacional entre el chavismo y la oposición venezolana, su labor cayó en el descrédito cuando después de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado ni siquiera fue capaz de reclamar las actas electorales, como incluso hicieron sus colegas del Grupo de Puebla; el foro académico de la izquierda latinoamericana.

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«El señor Zapatero, durante un largo tiempo, logró presentarse como 'imparcial' en el conflicto venezolano. Él decía en ese entonces que eso le permitía ser un interlocutor del régimen de Maduro. Pues ya hemos entendido qué tipo de interlocución tenía y a quién le servía. En primer lugar, negociar con secuestradores sin cuestionar sus crímenes es una manera de avalarlos y, en segundo lugar, gestionar intereses particulares bajo la mesa, utilizando seres humanos como fichas de cambio, es algo abominable. Como le he dicho, la historia juzgará y será implacable. El pueblo venezolano ya lo ha sido con estos personajes y, cuando esto se sepa, que se sabrá, no tengo duda de que el pueblo español también lo será». Eso es lo que respondió Machado a ABC, en una entrevista hace solo tres meses, cuando la corresponsal de este diario en Caracas, Ludmila Vinogradoff, le preguntó por el papel del expresidente socialista.

Ya en 2020, Zapatero reclamó desmarcarse de la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hacer una reflexión «serena y sosegada» sobre la decisión de no reconocer las elecciones legislativas de Venezuela, que, según determinó la UE, no cumplieron los estándares «mínimos» exigidos a cualquier país democrático. El año pasado, con todo el mundo mirando a Venezuela y observadores internacionales en el país, Maduro se negó a publicar las actas y su comité electoral lo proclamó vencedor. El Centro Carter presentó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) actas de las presidenciales que, al contrario de lo que sostenía el oficialismo, otorgaban una victoria holgada a Edmundo González. Machado, previamente, había sido inhabilitada por el chavismo.

Zapatero calló y el Gobierno de Sánchez se limitó a exigir a Maduro la publicación de las actas, sin dar pasos más allá. La labor del expresidente en Venezuela, para la ahora premio Nobel de la Paz, fue «abominable». Y por extensión, aunque el Ejecutivo de PSOE y Sumar sí fue tímidamente más lejos y reclamó transparencia sin reconocer la victoria de nadie, el propio Consejo de Ministros queda ahora en entredicho. Especialmente el titular de la cartera de Exteriores, José Manuel Albares, quien en agosto del 2024 no solo no se distanció de Zapatero, convertido en una suerte de gurú del sanchismo, sino que aseveró que la Moncloa «aprecia y valora» su trabajo de mediación en Venezuela.

En el Senado, el ministro Albares respaldó a Zapatero –el PP y Vox han pedido al Gobierno que aclare sus vínculos con Venezuela, no solo políticos, sino también económicos–, y se negó a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, quien, de haberse respetado la voluntad de las urnas, debería haber tomado posesión de su cargo el 10 de enero. La posición del Ejecutivo le derivó a un problema en la política doméstica, primero por la disonancia entre PSOE y Sumar y segundo por las discrepancias que afloraron con algunos de sus socios, como Junts y, especialmente, el PNV.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), llegó a pedir el día después de los comicios, a pesar de que el régimen no publicó las actas oficiales, que había que reconocer el resultado, dando por ganador a Maduro, más allá de reclamar «transparencia». El PSOE, mientras tanto, insistió en que estas debían ser reveladas antes de dar ningún paso en falso. Ese, el de evitar un movimiento que después quedase en nada, es la justificación a la que se ha acogido el Ejecutivo desde el principio para no aupar a González.

La propia presidenta del PSOE, Cristina Narbona, recordó lo que sucedió con Juan Guaidó, quien fue reconocido por España y muchos otros países como presidente interino de Venezuela, pero que nunca tuvo capacidad real de desmantelar la dictadura. Esa postura no caló en el Congreso, donde el Gobierno encajó una derrota parlamentaria al exigirle 177 diputados (PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria) el reconocimiento de Edmundo González. El Senado y el Parlamento Europeo también instaron a ello, pero el Ejecutivo se mantuvo en sus trece.

También generó gran controversia la salida de González de Venezuela a España, por las presuntas coacciones que recibió en la Embajada española en Caracas, y que Machado considera que fue una victoria del chavismo al dificultar su toma de posesión, prevista para el 10 de enero. La víspera, Machado salió de la clandestinidad para participar en la histórica manifestación en la capital venezolana. En Madrid tuvo su eco, con venezolanos a los que apoyaron Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, José María Aznar, Mariano Rajoy, Santiago Abascal... Nadie del Gobierno.