El plan B del independentismo: «Paralizar el Congreso para una España ingobernable»

Así se desprende de varios informes de la Guardia Civil incorporados a una investigación que ha venido practicando bajo secreto la Audiencia Nacional y a los que tuvo acceso ABC. Los investigadores detallan las líneas de actuación acometidas desde un «entramado secesionista» compuesto de distintas estructuras «perfectamente organizadas, incuestionablemente desestabilizadoras y gravemente subversivas» para las instituciones e intereses del Estado y encaminadas a la «separación definitiva». El juez Manuel García Castellón, de hecho, ya en 2019 veía «probada» la creación de una estructura secesionista con «gran capacidad de desestabilización».

Como «promotor» e «impulsor», la Guardia Civil sitúa a un hombre: Ramir de Porrata-Doria, a quien relacionan directamente con «personalidades del Gobierno catalán», como los ex presidentes de la Generalitat Quim Torra y Carles Puigdemont o los exconsellers Toni Comín y Miquel Buch, entre otros.

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Las escuchas y seguimientos le sitúan en diferentes reuniones en Bélgica, «centro neurálgico de la cúpula secesionista dirigente evadida de la Justicia». «Voy a Waterloo. Les presento una estrategia de consenso, que sea aceptable para todo el independentismo, y que nos permita avanzar de una vez», se puede leer en un mensaje enviado por De Porrata-Doria en junio de 2019 y que obra en el sumario. En uno de los autos, el juez incide en que esos contactos con los fugados y «altas personalidades y estamentos gubernamentales» de la Generalitat «revelan la aquiescencia, colaboración y asesoramiento de éstas» y «corrobora la constante instrumentalización e intromisión de las más altas esferas políticas e institucionales catalanas alentadoras del independentismo».

Todo empezó en diciembre de 2018, cuando la Guardia Civil pidió al juez investigar la presunta existencia de una organización denominada «CNI catalán». Estaría «relacionado con la administración autonómica y pública catalana, que, en colaboración directa con algunos miembros de los CDR, había iniciado la planificación, mediante el uso de la violencia y la fuerza, para asaltar, ocupar y defender en el tiempo el Parlamento de Cataluña».

Meses de pesquisas les llevaron a trazar el esquema de una organización compuesta por todo tipo de perfiles, «personas relevantes» ya fuera por su «posición, formación» o por «sus cargos» que «globalmente» constituían un conjunto con gran capacidad y potencial para formar una estructura encubierta y paralela, al margen de la administración pública, de amplia movilización». La lista de investigados, todos por debajo en jerarquía de Ramir de Porrata-Doria, llega a 30, incluyendo los 13 detenidos, de los que 12 han sido procesados por terrorismo.

Entre sus planes, además, estaba la creación de un grupo denominado 'Escuts per la repúblic'. La Guardia Civil lo define como una «organización de una fuerza clandestina, prácticamente estructurada y jerarquizada, orquestada por personas con una gran formación y cualificación en materia de seguridad, entre ellos mossos d' Esquadra», policías municipales, bomberos, agentes rurales, estibadores y personal sanitario con «capacidad real» para actuar en toda la comunidad autónoma de Cataluña y pudiendo llegar a utilizarse como «fuerza insurreccional o de control ante un futuro intento secesionista de ocupación física territorial».

Destaca en este punto la «evidencia indubitada de la implicación de agentes del cuerpo de mossos d'Esquadra en activo», según la Guardia Civil, intermediados por un sargento dedicado a escoltar a Puigdemont en Waterloo. Los escudos serían, según el juez, un elemento más del plan subversivo.