Los 12 CDR acusados de terrorismo, a un paso del banquillo

«Una vez practicadas las diligencias que se han reputado necesarias y útiles para el esclarecimiento d ellos hechos, considerando este magistrado que los hechos objeto de instrucción son constitutivos de delito castigado en abstracto en el Código Penal con pena superior a los nueve años de prisión procede dictar auto de conclusión del sumario», señala la resolución.

Fue hace un año cuando el magistrado Manuel García Castellón procesó a los investigados como presuntos integrantes de un «comando autónomo» de los Comités en Defensa de la República catalana (CDR) que, constituido como «organización terrorista», pretendía «subvertir el orden constitucional» e imponer «su causa», la independencia, por la fuerza. Entre sus planes habría estado atrincherarse en el Parlament. Se les intervinieron sustancias compatibles con la fabricación de explosivos.

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De esta manera, y con la conclusión de sumario, los implicados quedan a un paso del banquillo. Se trata de Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado, que han sido procesados por pertenencia a organización terrorista así como tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

Han sido procesados junto a ellos Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, aunque a estos sólo se les imputa la pertenencia. Son en total 12 personas, después de que la Audiencia Nacional archivara la causa para Xavier Duch, otro de los imputados, por razones médicas.

La incorporación de una batería de informes de la Guardia Civil que estaban bajo secreto ha demorado un año el cierre de la investigación. Se trata del trabajo realizado en otras causas que se siguen en la Audiencia Nacional por lo que la Fiscalía ya denominó en 2019 «terrorismo» de corte independentista catalán. Parte de esas pesquisas, como las relativas al supuesto «CNI catalán» afectaban a los procesados y sus defensas reclamaron tener acceso a ellas.

Según avanzó El Confidencial, uno de esos informes revela la existencia de un grupo parapolicial formado por mossos, bomberos y guardas forestales afines al independentismo que se habrían coordinado con los expresidentes catalanes Joaquim Torra y Carles Puigdemont así como otros líderes independentistas para «controlar el territorio». En este sentido, la documentación revelada por Nius indica que Torra, en agosto de 2018, habría pedido a tres responsables de los Comités en Defensa de la República que montaran «un cirio» con objeto de conseguir ese control «efectivo» del territorio para poder acometer una nueva declaración unilateral de independencia en ciernes del aniversario del 1-O.

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Pero en paralelo, la Audiencia Nacional estaba siguiendo otras líneas de investigación. De acuerdo al diario digital catalán El Mon, la Guardia Civil monitorizó a una veintena de personas por su posible relación con las pintadas que sufrió en su domicilio del juez instructor de la causa por el procés en el Supremo, Pablo Llarena. Se consideraron un acto terrorista.

Constan asimismo seguimientos y autorizaciones de escucha a distintos afines o integrantes del movimiento independentista, al margen de la causa que aún sigue abierta y secreta en espera de respuesta de comisiones rogatorias remitidas al extranjero, sobre Tsunami Democrátic, el movimiento orquestado desde las redes sociales que promovió, entre otros actos, el asedio del Aeropuerto del Prat.

El juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional mantiene abiertas las diligencias por la operación Cadera que «en el marco del delito de terrorismo», investiga «las actividades de los CDR, su estructura y sus relaciones con otros grupos, organismos y/o instituciones que buscan la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña fuera de las vías constitucionales».

Consta asimismo la «Operación Apóstolcat», centrada en la presunta «existencia de una organización clandestina, liderada por empleados públicos catalanes, denominada 'CNI catalán'», y la «Operación Tadeo», que «indaga en la composición e implicación de un grupo de individuos que constituirían»un segundo grupo productor de la sustancia denominada Termita«, un precursor de explosivos que se halló igualmente en los registros a los ERT que ahora van camino de juicio.