La Eurocámara insta a investigar los lazos de Puigdemont con Putin

Esta es probablemente la manifestación política de mayor calado que ha aprobado el Parlamento Europeo respecto a la situación política en España y los hechos de 2017 y además lo ha llevado a cabo con una contundencia que no permite interpretarlo de otro modo que como un señalamiento claro hacia circunstancias que el gobierno de Pedro Sánchez intenta ahora hacer desaparecer con la ley de amnistía. Eso explicaría la estrambótica reacción del propio Puigdemont, que ha publicado en redes sociales una larguísima carta en la que desmiente todas las tesis que le vinculan con los intereses de Rusia y acaba diciendo que «si mi partido hubiera hecho presidente a Feijóo o hubiera impedido la elección de Pedro Sánchez, nos habríamos ahorrado todo este espectáculo», aunque advierte que de ello «ya hablaremos cuando toque».

La resolución fue aprobada con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, entre estas últimas las del PNV, que ha hecho saber precisamente que ha sido por intentar proteger a Puigdemont y al independentismo. Junts, ERC, Sumar y Podemos han votado en contra en todos los puntos. Puigdemont no estaba presente en el momento de votar.

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La enmienda del PP que ha sido aprobada, en este caso sin los votos del PSOE, se refiere explícitamente a las informaciones que indican que Puigdemont se habría reunido con el agente ruso Nikolau Sadovnikov los días previos al referéndum ilegal de independencia de octubre de 2017, tal como se recoge en la instrucción de la causa judicial que el Gobierno intenta anular por todos los medios. Ahora, el texto aprobado insta al ejecutivo español a «investigar efectivamente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE».

Otra enmienda también aprobada, en este caso propuesta por Ciudadanos, pide que esas turbias relaciones que conciernen a los «eurodiputados catalanes» se remitan al Consejo Asesor del Código de Conducta, el órgano interno del Parlamento que ya está analizando las recientes revelaciones que señalan a la eurodiputada letona de la minoría rusa, Tatjana Zdanoka, como una agente de los servicios secretos del Kremlin durante más de dos décadas. En concreto, el texto aprobado reclama que las autoridades judiciales españolas «investiguen las conexiones de los diputados del Parlamento Europeo efectivamente relacionados con el Kremlin y los intentos de injerencia de Rusia en la UE y en los Estados miembros», incluyendo las «campañas de desinformación a gran escala que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos contactos intensos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa y el movimiento independentista». Y más concretamente, «deplora todos los ataques a jueces que investigan cualquier actividad de injerencia» o «que vincula, entre otros, al expresidente de Cataluña y a su entorno con Rusia».

El texto lo habían pactado los principales grupos políticos del Parlamento Europeo en un ambiente tan favorable que hubiera sido imposible que los representantes socialistas españoles hubieron podido pararla. La cuestión de las actividades desestabilizadoras de Rusia ha entrado en la política europea de forma sólida e inequívoca y ahora esta resolución representa un obstáculo considerable para las pretensiones de Pedro Sánchez de seguir complaciendo las exigencias de Puigdemont. Dolors Montserrat, la jefa de la delegación española del PP considera que esta resolución es «un mensaje de fortaleza democrática» y que confirma que desde este partido «queremos dar la batalla en todo momento en favor de la igualdad, la ley y los valores europeos».

Después de lo que sucedió el año pasado con el escándalo de corrupción que involucraba a los gobiernos de Qatar y de Marruecos con varios diputados socialdemócratas, incluyendo a la exvicepresidenta del Parlamento Eva Kaili, el grupo socialista está tan debilitado en este terreno que no podía ignorar esta resolución ni siquiera teniendo en cuenta que la presidenta es la destacada sanchista Iratxe García, que ha eludido todo lo que ha podido verse involucrada. El panorama resulta abrumador para los intereses y las maniobras de Pedro Sánchez, ya que difícilmente puede pretender que la Unión Europea ignora la gravísima coyuntura política en España.