Europa señala a Puigdemont

La resolución fue abrumadoramente mayoritaria. Con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, el Parlamento Europeo pide a España que investigue y que los poderes públicos respeten a los jueces que mantienen abiertos procedimientos penales. Y en términos internos, triunfó una enmienda de Ciudadanos para que Puigdemont y la diputada letona públicamente involucrada con el separatismo catalán, y acusada de ser espía de Rusia, Tatyana Dzanoka, rindan cuentas en el Consejo Asesor del Código de Conducta del eurodiputado. Más allá de la relevancia que tiene este respaldo institucional de Europa, por ejemplo, a la investigación penal que lleva a cabo el juez de Barcelona Joaquín Aguirre por la conexión rusa de Puigdemont, incluidos los encuentros de sus emisarios con miembros de la mafia de Moscú, la aprobación del documento tiene evidentes consecuencias políticas. Entre otros motivos, porque gracias a otra enmienda, esta vez del PP europeo, en el documento se cita expresamente a Puigdemont y sus contactos con quien fuera hombre de confianza de Putin, Nikolai Sadovnikov. Políticamente, lo ocurrido ayer es perverso para el PSOE porque si bien apoyó la aprobación de la resolución, votó en contra de la cita expresa a Puigdemont. Los eurodiputados socialistas pretendían que en el documento sólo figurase la expresión genérica «conexiones de eurodiputados», sin citar al expresidente de la Generalitat. No tuvo éxito el PSOE, que queda en una posición realmente incómoda: vota en Bruselas investigar a la misma persona que en España defiende y pretende amnistiar. Y todo ello, con el propio Puigdemont como testigo de la votación.

La decisión de ayer no facilita la labor del Gobierno en sus esfuerzos al límite por aprobar la ley de amnistía. El mensaje enviado por la Eurocámara es que no se entendería que alguien que estrechó lazos con el régimen de Putin en su lucha contra Europa sea privilegiado ahora en España con una inmunidad total, con el contador de sus delitos a cero, y con un futuro abierto a su retorno a España como si se tratase de un héroe frente a un Estado represor. Europa es consciente de que Rusia es un enemigo amenazante cuyo objetivo primordial es condicionar con injerencias nuestras democracias y debilitar nuestros sistemas políticos. Desde ayer, y para la Cámara de Estrasburgo, Puigdemont no es la víctima que dice ser. Ni un inocente perseguido injustamente por un Estado antidemocrático. Europa empieza a poner algunas cosas en su sitio porque, en efecto, no es solo un presunto delincuente pendiente de ser juzgado, sino un aliado más de alguien como Putin, que mantiene vigente su violenta intimidación a todos los europeos. Por eso Sánchez tiene hoy un poco más difícil que ayer protegerle con una amnistía tan inmoral.

Prueba de ello también son las misiones de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos en Derecho Constitucional, que se desarrollan habitualmente en países que están rehaciendo su marco constitucional o viven una fractura institucional profunda. Por eso, su presencia en España no es un signo de que nos vayan bien las cosas, sino todo lo contrario. La delegación de siete juristas de este organismo inició ayer sus entrevistas en España para realizar un dictamen sobre la ley de amnistía a petición del Senado. Tienen de plazo hasta el 15 de marzo para pronunciarse, pero podrían hacerlo antes, y aunque sus dictámenes no son vinculantes, la Comisión tiene un prestigio tan ampliamente reconocido (al menos en Europa) que llevarle la contraria tiene un alto coste político y reputacional. Los juristas que comenzaron por reunirse con el Gobierno y con los grupos del Congreso inquirieron especialmente por las razones que han llevado a tramitar la norma como proposición de ley y no como proyecto del Ejecutivo, lo que le permite aprobarla sin los informes de los órganos consultivos.