Los 'rebeldes' de la Comunidad de Madrid: cuatro ciudades vulneran la ley para no tener zona de bajas emisiones en 2023

El urbanismo, los cambios de gobiernos tras las elecciones del 28-M, la falta de tiempo desde que alcanzaron el umbral de los 50.000 vecinos... Y sobre todo la poca atención del real decreto de las zonas de bajas emisiones a la casuística de cada localidad son los principales argumentos con los que los responsables de los ayuntamientos explican la vulneración de la ley. «No es lo mismo una ciudad de cuatro millones de personas que una de 60.000», coinciden. Ellos se tomarán las uvas sin el área de restricción porque, pese a ser una medida obligada por ley y por un real decreto, la norma es tan laxa que no se enfrentan a ninguna sanción. Eso sí, la mayoría asegura que llegarán las restricciones en 2025. Con dos años de retraso.

«No lo vamos a hacer. Por su orografía, su callejero, Arganda no está capacitada para tener una ZBE. Establecerla sería asfixiar a la ciudad, a los comerciantes y a los vecinos», sentencia el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano (PP, 57.553 habitantes). Sabe que incumple la ley y lo admite, pero sus respuestas son tajantes. «No tenemos nada que ver con grandes ciudades como Madrid, Fuenlabrada o Móstoles, por poner algún ejemplo. Aquí no llegamos al nivel de contaminación del aire, y hacer una ZBE implicaría prohibir el tráfico en el centro», continúa.

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Escribano no duda en criticar el real decreto de bajas emisiones por la tabla rasa con la que se redactó. «Las normas sobre el papel pueden quedar muy bien, pero no valen para todos los municipios por igual porque cada uno es diferente», comienza, y sigue: «Arganda ha crecido, pero sigue siendo un pueblo en su casco histórico. Una plaza y dos calles principales; lo demás son callejuelas. Es inviable cortar el tráfico en el centro neurálgico, por donde pasan autobuses, se distribuye el transporte, las mercancías...».

Sus otros motivos hacen referencia al urbanismo y la orografía. «En Arganda estamos en medio de un barranco, nuestras calles son cuestas de nivel pronunciado... En algunas no caben ni siquiera la acera y un carril a la vez. No es porque se me antoje no poner una ZBE, es porque es inviable», subraya Escribano, en conversación con este diario.

Así contestará al Defensor del Pueblo que la semana pasada le envió una carta alertándole de que abre expediente por no tramitar la norma. No fue al único. La misiva llegó a todas las ciudades incumplidoras de España: 33. «Las medidas hechas en un despacho sin pisar la calle no suelen salir bien, y ponerlo en Arganda sería el perfecto ejemplo. Invito a cualquier experto a que venga y lo compruebe», zanja el alcalde, no sin antes subrayar: «Arganda mantiene al alma de pueblo pese a crecer. El centro es una zona muy pequeña pero que marca toda la vida de la ciudad, comercial y social... Prohibir circular sería hundir el centro de Arganda».

A 38 kilómetros, en Valdemoro (79.100 habitantes) el 28-M un gobierno en coalición de PP y Vox consiguió arrebatar la alcaldía a Ciudadanos. David Conde, el actual regidor, del PP, asegura que la ZBE «se quedó en el tintero» durante el anterior mandato, porque «pocos pasos se dieron». «No hemos podido sacar adelante ninguna medida porque no había presupuestos aprobados, y las medidas requieren inversión», explica. No es tan tajante como su homólogo en Arganda, aunque también es crítico con el decreto. «Es cierto que no la hemos aprobado, pero estamos trabajando en ello. Lo haremos, porque tenemos que cumplir, no somos independentistas catalanes», asevera con ironía Conde: «Pero lo haremos de la mejor forma, sin perjudicar a los vecinos».

Para explicar el porqué del retraso –no hay una fecha prevista en el calendario para que entre en vigor– Conde culpa también a la poca cooperación del Gobierno de Pedro Sánchez. «Valdemoro tiene una situación muy particular y es que la A-4, una carretera nacional, divide en dos el municipio. ¿Qué sentido tiene poner en las calles de al lado una zona de bajas emisiones cuando la autopista va a seguir funcionando?», se pregunta, y da datos.

«Por esa autopista que nos atraviesa pasan cada día 115.000 vehículos, 19.000 de ellos pesados, lo que creemos que produce aproximadamente el 80% de la contaminación del municipio», argumenta. «Tenemos al lado un gigante y poner una ZBE sería taparlo con un dedito para intentar frenar la mancha de aceite. Pedimos que se replantee todo el protocolo para avanzar. Y eso implica hablar con el ministerio antes de tramitarla, que es lo que nos gustaría», informa el regidor popular. Por eso, cuando llegó al consistorio envió una carta a la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a la que todavía no han obtenido respuestas. «Queremos cumplir lo antes posible, pero hacerlo de la mejor forma: con diálogo administrativo y evitando fastidiar a los vecinos».

El real decreto de las ZBE, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a finales de 2022, obligaba a las ciudades a tener en 2023 una de esas áreas. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Y más con una norma que no implica sanciones. Muchos entendieron que tenían de margen todo el año; aunque en el periodo de información pública se especificaba que se debían adoptar «antes» del 2023. Pero hay más: el incumplimiento no acarrea ninguna sanción. No les multarán si vulneran la ley. «No existe un régimen sancionador. A lo que se exponen es a la pérdida de fondos europeos», aseguran a ABC desde el ministerio. Si no pidieron los fondos, como pasa en los consistorios madrileños investigados por el Defensor del Pueblo, la consecuencia de vulnerar la ley será ninguna.

Coslada (80.596 habitantes) es el único municipio de izquierdas (PSOE-Más Madrid-Unidas Podemos) de la lista de incumplidores de Madrid. Han ejecutado un plan de calidad del aire y un plan de movilidad urbana sostenible, pero no la ZBE. «No está definida», reconoce la Concejal de Movilidad, Sonia Murillo (MM), pero da una fecha: 1 de enero de 2025. «Creemos firmemente en las ZBE no solo para reducir la contaminación, sino para mejorar la habitabilidad. Y queremos que Coslada sea un referente. Por eso la ZBE queremos que afecte a todo el municipio, salvo quizá el polígono», desvela la responsable del ramo, que espera los datos del parque circulante de vehículos y la etiqueta de cada uno para continuar desarrollando, aunque de forma tardía, el proyecto.

Aranjuez (PP-Vox) es el único municipio expedientado por el Defensor del Pueblo por vulnerar la ley que no ha dado explicaciones a este diario. En el informe había otro, Tres Cantos (PP), que fue incluido por error, puesto que aunque no está implantada sí que se ha empezado la tramitación. «No podíamos empezar a trabajar antes de enero porque no teníamos más de 50.000 habitantes», explica la concejal de Movilidad, María del Mar Sánchez, sobre el retraso.

Se pusieron manos a la obra al superar el umbral: «Hemos hecho una consulta ciudadana y en el 2024 se implantarán las cámaras y la señalización; en el 2025 entrará en vigor», confiesa. Las zonas ya están definidas, a falta de perfilarlas, aunque tendrán «una extensión reducida, sobre todo en Tres Cantos consolidado» y «no habrá ningún tipo de restricción» a los vehículos matriculados en la ciudad. Son las cuatro ciudades de Madrid que han sorteado una ley sin sanciones.