Los activistas intentan atravesar el cordón policial formado por la Policía - Vídeo: EP

Ejecutado el desahucio de cuatro familias en Argumosa con seis detenidos

Vecinos y activista se han manifestado a las puertas del inmueble de Lavapiés, rodeados de un gran dispositivo policial, para impedir el desalojo

MADRID Actualizado: Guardar
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En la fachada del número 11 de la calle de Argumosa todavía cuelgan pancartas con lemas que representan un grito de auxilio para los vecinos, amenazados desde hace un año con ser desahuciados. «No nos vamos», puede leerse en alguna de ellas. A pesar de los mensajes, la resistencia de los inquilinos ha terminado hoy, después de que tres juzgados madrileños enviasen una comisión judicial para efectuar cuatro desalojos simultáneos. Pepi, Juani, Rosi y Mayra han tenido que abandonar, obligadas, las que han sido durante años –en ocasiones varias décadas– sus viviendas y, con ellas, todos los recuerdos que ahora sienten como un lastre del lugar. Aseguran que no tienen una alternativa habitacional y que el desahucio les ha pillado fuera de juego. Las vecinas, según su versión, recibieron ayer la notificación judicial que las instaba a dejar sus pisos del barrio de Lavapiés, sin margen de tiempo para poder recoger sus cosas.

En la calle, un cordón policial corta desde primera hora de la mañana el acceso al bloque. Varias dotaciones de la Unidad de Intervención Policial se han desplazado a la céntrica calle para controlar la concentración de activistas y plataformas que se han amotinado a las puertas de Argumosa. Pero la presión vecinal no ha tenido hoy el efecto deseado. Pasadas las 10.00 horas, un cerrajero ha conseguido abrir la estrecha puerta de cristal que da entrada a las viviendas. En las escaleras, 40 manifestantes con cascos azules –en un guiño a la resolución de la ONU que pidió la paralización de los desahucios– han intentado impedir el paso de la Policía, aupados por los gritos de ánimo y aplausos que llegaban desde el exterior. Como en una reivindicación simbólica, los activistas han unido sus manos dejándole clara a la Policía cuál era su postura: no iban a levantarse de las escaleras. Uno a uno, los agentes los han sacado, pero algunos se han resistido. ¿El resultado? Seis detenidos y 26 identificados.

Fachada del inmueble
Fachada del inmueble

Fuera ha estado la comisión judicial esperando durante varias horas, rodeada de la tensión palpable existente entre manifestantes y agentes. Una de las afectadas, Pepi, había vivido siete intentos de desahucio. Tenía la esperanza que esta vez fuese como las anteriores: una amenaza. Pero no ha sido así. La comisión judicial ha entrado decidida a efectuar el mandato. No les ha quedado otra que abandonar la resistencia mostrada y cerrar las puertas de sus hogares, rodeadas de ladrillos apilados en el suelo, dispuestos a que algún obrero los cogiese para tapiarlas. La actuación judicial pone fin al lema de «Argumosa resiste», mientras las cuatro afectadas esperan la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento. Dos de ellas se irán a una pensión; otra, a una plaza hotelera, y la última se alojará con unos familiares hasta que encuentren solución.

Durante este año, Argumosa se ha convertido en la resistencia de los desalojos forzados. Ellos, como una fuerza unida, representan el último caso de desahucio mediático en el país, después de conseguir paralizar en varias ocasiones las amenazas. Su versión es que luchan, como un contrapeso, contra los fondos de inversión que «solo quieren comprar viviendas a precio de coste» para convertirlas en pisos turísticos. «Nos suben la renta un 300% y si no cumplimos, nos echan», afirman los vecinos.

Los propietarios tienen una versión muy diferente. El inmueble se reparte entre cuatro dueños: una señora de 90 años, dueña por herencia, que vive con su hijo incapacitado; una señora incapacitada judicialmente por padecer una enfermedas psiquiátrica; su hermano, profesor universitario, que ejerce como su tutor; y una «pequeña empresa». Este hombre, Pedro Aguado, asegura que la situación en el interior ha sido durante todo este tiempo muy diferente. Las ya desahuciadas tienen una renta de alquiler antigua y muy baja que han dejado de pagar. «Los propietarios somos personas normales que debemos soportar la carga de mantener el edificio y nos enfrentamos a los reproches, mentiras e injurias de quiénes somos», afirma el dueño de una de las viviendas que hoy ha sido la protagonista del céntrico barrio.

Pedro asegura que es falso que los inquilinos se encuentren en una situación de «vulnerabilidad y exclusión social» y critica el «lamentable comportamiento» que tienen con ellos y las condiciones en las que mantienen el inmueble.

Para él, las cuatro desahuciadas, que son familia, pertenecen a un «grupo organizado que controla nada más y nada menos que siete pisos del edificio» y que han encontrado una «forma de vida en la que residen de manera gratuita en el barrio por ellos escogido». Se muestra tajante al respecto de otra de las acusaciones que soporta: «No vamos a montar ningún piso turístico».