Argumosa, 11: víctimas del «boom» de los pisos turísticos

La situación de los inquilinos empezó a cambiar hace dos años . Fue entonces cuando el dueño del inmueble murió. Decidió, entonces, dejar el edificio en herencia a dos hijos y dos sobrinos. Los primos, según cuentan los vecinos, nunca se pusieron de acuerdo en lo que respecta a la gestión del edificio . Por ello, en noviembre del año pasado, algunos recibieron la visita de varios herederos. «Me ofrecieron 2.000 euros si abandonaba mi casa antes de un mes», afirma Teresa Sarmiento, vecina de la primera planta. La mujer no sabe cuántas personas más recibieron esa visita. «Varios vecinos dejaron el edificio por esas fechas. No sabemos si aceptaron el dinero o si decidieron marcharse por otros motivos. Por pura coincidencia. Las puertas de las que eran sus casas ya están tapidas», dice de la problemática que están viviendo.

Teresa tiene 68 años. Durante toda su vida se dedicó al cuidado de enfermos terminales. Ahora, ya jubilada, recibe una pensión que no llega a los 370 euros mensuales . Por el alquiler pagaba, hasta hace unos meses, 320 euros. Pero se lo han subido 60. Ella lidera el movimiento de esta comunidad. Lleva casi 20 años en el que ya considera su hogar, pero no sabe adónde irá a partir de junio, mes en que expira su contrato. «No los quieren renovar. No nos han dado opción para negociar . Quieren el edificio vacío», explica la vecina: «Nos echan de nuestra casa y de nuestro barrio». A raíz del auge del turismo invasivo que se da en el centro de la capital, los propietarios pretenden «aprovecharse» de una zona estratégica del barrio, donde confluyen bares, terrazas y tiendas.

El objetivo de la empresa compradora, Inversión en Proindivisos S. L., es aumentar los precios del alquiler hasta en un 150% . Teresa pasaría a pagar 800 euros, algo inviable con una pensión que no llega a la mitad. « Detrás de esa sociedad están los herederos que no consiguen ponerse de acuerdo. Son ellos mismos», asegura una vecina de la segunda planta. Ella se encuentra en una situación distinta: lleva más de 40 años en el edificio de Lavapiés y tiene un contrato de alquiler antiguo. Tan sólo son seis quienes están en esa coyuntura: se trata de personas mayores –algunos ingresados en residencias y otros enfermos de Alzheimer– que no han recibido la orden para abandonar sus hogares. Pero sí les mandaron otro documento: el que anunciaba el cambio de propiedad. Ese cambio ya se ha producido, pero esta vecina continúa pagando el alquiler a las mismas personas. Esto es lo que le ha hecho pensar que se trata de los anteriores propietarios, amparados bajo una empresa. «Que son ellos lo pone, además, en el burofax que nos enviaron». Esa es la sociedad que ahora, por la gentrificación que se vive en el barrio, quiere aumentar los precios del alquiler para reformar el edificio y hacer viviendas turísticas o pisos más modernos por los que la gente pague el doble de la cantidad actual.

Contactada por este motivo, la empresa prefiere no responder preguntas ni ofrecer ninguna información.

En la misma situación que Teresa se encuentra Míriam. Lleva desde 2014 en Argumosa, 11. Sus dos hijos –de siete y nueve años– han crecido en esa casa. «Desde hace un año sabemos que los propietarios no quieren renovar los alquileres . No esperábamos que, antes de negociar, nos enviasen una orden para que abandonásemos nuestros hogares», explica la joven. Está dispuesta a pagar, dentro de sus posibilidades, una cuantía mayor; pero no el doble, tal y como pretende la empresa.

«A los niños en el colegio sus compañeros los llaman ‘okupas’ , porque conocen la situación. Lo ven en las pancartas. No queremos eso para nuestros hijos», continúa, apenada, por el momento que están viviendo y cuya solución la ven, cada vez, más improbable.

Hace cuatro años, cuando entró al edificio, Míriam reformó la casa porque que no estaba en las condiciones adecuadas . Los propietarios no corrieron con ningún gasto. A pesar de ello, la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos , modificada por la Ley 4/2013, establece que las mejoras para que la vivienda tenga las condiciones mínimas de habitabilidad «deben correr a cargo del arrendador , sólo exento cuando el deterioro fuera provocado por el inquilino» o cuando resultase destruido por causas externas, como un incendio. Del mismo modo, la misma legislación también establece el derecho de « adquisición preferente » por parte de los inquilinos , en caso de venta. Una oferta a la que tampoco han tenido acceso los «desahuciados».