Montoro frena a Carmena por incumplir la regla de gasto

El edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato , envió esta semana una misiva a la Delegación del Gobierno en la que asegura que las exigencias de Montoro «no se ajustan a Derecho». Según explicaron ayer fuentes de su concejalía, los acuerdos de no disponibilidad «ya fueron adoptados y siguen vigentes». Sánchez Mato avanzó que los créditos adicionales votados en Cibeles «tienen una fuente de financiación diferente ».

La brecha entre administraciones arranca tras el incumplimiento de la regla de gasto por parte del Ayuntamiento en el ejercicio de 2016, a lo que el Ministerio de Hacienda respondió con la obligación de inmovilizar un total de 238 millones de euros . Ahora, tras los suplementos de crédito y créditos extraordinarios, amenaza con anular el mandato del Pleno porque nuevamente contraviene la Ley de Estabilidad Presupuestaria .

El Consistorio sostuvo ayer que la impugnación de estos aumentos de crédito supondrán un quebranto a un total de 577 partidas , como la instalación de desfibriladores en los mercados de la capital, la renovación de la flota de la EMT, la operación asfalto, la mejora de monumentos como el Templo de Debod o, entre otros, la rehabilitación de centros culturales y de centros de mayores. Además, aseguran que el 43% de las actuaciones ya están en marcha y, añaden, sería «legalmente inviable» paralizarlas.

Concejales de Ahora Madrid y personalidades afines a Podemos iniciaron ayer una campaña en las redes sociales con la etiqueta «#MadridNoSePara» , bajo el argumento de que el mandato legal pondría en riesgo los servicios de la ciudad. No obstante, como informó ABC, después de dos años de Gobierno no se han ejecutado los porcentajes prometidos en la construcción de viviendas públicas (3 por ciento de desarrollo) y de centros de mayores (0,4 por ciento).

Los grupos del PP y Ciudadanos rechazaron la postura del Gobierno local y le instaron a que «cumpla la ley». El edil popular Álvaro González censuró que Sánchez Mato pretenda colar ininversiones en partidas camufladas»; mientras que Miguel Ángel Redondo (Cs) acusó al concejal de utilizar a los madrileños «como rehenes». El PSOE, en cambio, se alineó con Carmena y condenó las exigencias de Hacienda: «No es una garantía, es un lastre para las políticas sociales».