Carmena abandera la cruzada contra la ley Montoro

Las diferencias entre el Gobierno municipal y el ministerio han sido una constante en los últimos meses, habida cuenta de que rechazó el Plan Económico y Financiero (PEF) porque rebasaba el techo de gasto de 2014 a 2016 en 700 millones de euros . El Ayuntamiento, no obstante, insistió en su postura y dio por zanjada la discusión con 17,2 millones por incumplimiento del límite en 2015. Las idas y venidas en esta relación alcanzaron su momento más caliente tras la reunión entre Carmena y Montoro; la alcaldesa se comprometió a cumplir con sus directrices, pero quince horas después se desdijo y explicó que todo había sido una interpretación errónea por parte de los medios.

Estos episodios son una muestra más de la oposición indisimulada del Gobierno de Carmena a las normas de estabilidad presupuestaria. Las metáforas para definir la presión de Montoro sobre las administraciones locales son recurrentes; el edil Carlos Sánchez Mato habló durante el encuentro en Valencia de «corsés» por el sistema de financiación, mientras que ayer Maestre utilizó términos como «límites» o «ahogo».

La portavoz municipal utilizó la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno para hacer una «reflexión» en torno a la suerte de cruzada contra la ley Montoro. Sin hacer ningún anuncio sobre la política municipal , como es habitual, concentró su discurso en el rechazo a la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la norma sobre Estabilidad Presupuestaria. «Hay una reflexión sobre los enormes problemas, limitaciones y obstáculos que implica las leyes de estabilidad presupuestaria y de reducción de la autonomía local», dijo Maestre.

El Consistorio de la capital, que apoya su argumentación en la amortización anticipada de deuda y el superávit en sus cuentas, sotiene que su apreciación es compartida por otros ayuntamientos y por la Federación Española de Municipios. «Nos afecta en la gestión cotidiana», apuntó Rita Maestre, al tiempo que detalló que cuentan con una «limitación enorme para ampliar la plantilla municipal».