Infancia libre: un entramado criminal organizado

A diferencia de los dos casos anteriores, la niña, de 11 años, sí estaba escolarizada y no se la acusa de sustracción de menores . Es el tercer arresto en menos de dos meses de madres de esta entidad que asesoraba a Podemos en materia de menores, por hechos similares.

Fuentes jurídica s consideran que este «modus operandi» continuado se podría corresponder a una trama , por lo que consideran que deben agruparse todos los casos e investigar a la entidad como un grupo criminal. Es más, son ya casi una decena las denuncias que hay contra las integrantes de Infancia Libre por padres a los que no les permiten ver a sus hijos o incluso por sustracción de menores. Se está investigando, por tanto, un entramado delictivo, precisaron las fuentes consultadas.

La detención de ayer se produjo, de hecho, a raíz de que el padre afectado acudiera a la Unidad Adscrita de Policía Judicial, que ha resuelto con gran éxito los dos anteriores, el pasado viernes. En apenas unas horas, el asunto ha sido resuelto, la imputada puesta ante el juez de guardia y ha quedado en libertad con cargos, a la espera que la llame el juzgado de Primera Instancia número 2 de Arganda del Rey. Ana María, de 39 años, fue arrestada en el aparcamiento del Hospital de La Paz, donde trabaja como enfermera; también ejerció como matrona en el Gregorio Marañón. La madre llevaba desde abril de 2014 sin permitir al padre ver a su hija y cambiaba a menudo de domicilio. Reside en Rivas Vaciamadrid.

Como en los casos anteriores (los de María Sevilla y Patricia González), el padre, José Luis, fue denunciado por falsos abusos sexuales contra su hija y quedó absuelto, hace apenas un mes. La acusación particular, que ejerce Carmen Simón, la misma letrada que en los casos de María Sevilla y Patricia González, exigía seis años de cárcel para el hombre. La madre también le denunció por pegar a la pequeña un bofetón , aunque en esta ocasión sí fue condenado a tres meses de prisión. Asimismo, Ana María acudió al mismo psiquiatra de Majadahonda que las otras dos mujeres de Infancia Libre acusadas de secuestrar a sus hijos y no dejarles ver a sus padres.

Según José Luis, que se separó de su pareja cuando la niña tenía 6 meses, fue en abril de 2014 cuando Ana María dejó de llevarle a la niña. Los problemas empezaron cuando la pequeña tenía 2 años . Bloqueó al padre y a los abuelos paternos para no tener comunicación alguna con ellos: «Te la voy a quitar», amenazó, y comenzó a estar en contacto con Infancia Libre y a seguir a Podemos desde su inicio, partido que la invitó a las Cortes.

Este tercer caso vendría a confirmar que Infancia Libre actuaba, presuntamente, como una organización que, disfrazada de oenegé, se dedicaba a denunciar en falso a los ex de sus integrantes por abusos sexuales para arrebatarles la custodia o el régimen de visitas.

Una vez no lo conseguían, «desaparecían» y vulneraban el derecho del padre a ver a sus vástagos, contradiciendo las resoluciones judiciales. El primer caso fue el de María Sevilla , presidenta de Infancia Libre, que fue arrestada a finales de marzo por la Unidad de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla. Tenía a su hijo «secuestrado» en unan finca a las afueras de Villar de Cañas junto a su actual pareja. No lo dejaba salir del lugar, solo lo permitía 20 minutos al día cuando caía el sol, y siempre dentro del solar boscoso que circundaba la vivienda. No estaba escolarizado y además se encontraba totalmente abducido por las obsesiones religiosas de su madre, que le había inculcado que su padre «era el demonio» . Está en libertad con cargos, acusada de sustracción de menores.

Hace apenas unos días, la Unidad Adscrita detuvo a una segunda mujer de la Asociación, Patricia González Arribas , de 48 años, profesora de un instituto de Azuqueca de Henares y que también llevaba dos años y medio sin permitir visitar al padre de su niña, periodista.

En este caso, se escondían en una casona de las afueras de La Cabrera, un pequeño municipio al norte de Madrid. Estaba sin escolarizar y, de nuevo, había acusado al padre hasta en dos ocasiones de abusos contra la menor. En ambos casos, las diligencias judiciales fueron archivadas. Fue detenida tras los seguimientos policiales realizados a su actual pareja, que acudía al pueblo a visitarlas cada fin de semana. No había fanatismo religioso de trasfondo, pero sí un adoctrinamiento hacia el padre como «el enemigo».

El juzgado de Guardia de Torrelaguna ordenó su traslado a los calabozos del complejo policial de Moratalaz, al no tener las diligencias del caso, pero Patricia pidió el «habeas corpus» y fue llevada ante el juez de guardia de Plaza de Castilla, el número 38, que le impuso medidas cautelares hasta que a la mañana siguiente le tomara declaración la magistrada que sí instruía el caso desde el principio, el número 53. Impuso a la mujer una orden de alejamiento de 500 metros sobre el padre y la hija y la dejó en libertad con cargos.