Patricia González (izquierda), con María Sevilla (derecha) - ABC

Detenida otra madre de Infancia Libre por secuestrar a su hija en una finca dos años

La Policía rescató ayer a la menor, de 10 años, en Madrid. Es el segundo caso en esa asociación en mes y medio

MADRIDActualizado:

Ha vuelto a ocurrir. Una mujer de la asociación Infancia Libre, vinculada a Podemos, ha sido detenida por un caso de secuestro parental. Se trata de Patricia González Arribas, de 43 años y profesora de instituto en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Desde hacía más de dos años, su exmarido no tenía noticias de la hija en común, de 10, a quien se había llevado a una finca en La Cabrera, en la zona norte de Madrid, donde la tenía sin escolarizar ni relacionarse con ningún otro niño. La Unidad de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla, la misma que resolvió el caso casi gemelo de María Sevilla, la presidenta de la asociación, ha puesto fin a esta historia de película.

Patricia se casó con Daniel, periodista, después de doce años de convivencia. Tuvieron a la niña, aunque la relación entre ambos se había deteriorado. Cuando la pequeña tenía 2 años, en 2011, se separaron. Él quería la custodia compartida, merced de la cláusula de excepcionalidad en la Ley del Divorcio que entró en vigor siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Finalmente, consiguió un amplio régimen de visitas. Todo fue bien, hasta diciembre de 2014. Tras el divorcio, ella consiguió por una irrisoria cantidad (60.000 euros) su parte de la vivienda familiar en el barrio de Prosperidad, una pensión de alimentos de 380 euros, el coche, la plaza de garage y la custodia. «Pero nunca me pagaba la deuda del piso», explica a ABC Daniel, el padre de la menor.

Patricia se involucró mucho en el movimiento 15-M, en Podemos y entre 2016 y 2017 entró en Infancia Libre, la asociación supuestamente dedicaba a velar por los intereses de los hijos que presidía María Sevilla, a la que acompañó en sus comparecencias, a instancias del partido de Pablo Iglesias, a la Asamblea de Madrid y al Congreso de los Diputados. Daniel comenzó una nueva vida con otra pareja y las cosas empeoraron: «Cuando los domingos estaba con la niña en mi casa, ella se quedaba allí; era muy obsesiva, hasta me decía que tuviera cuidado con el pederasta de Ciudad Lineal... Pero yo aguantaba por mi hija».

Él empezó a reclamarle la deuda del piso y ella, en verano de 2014, llevó a la pequeña a una psicóloga, a sus espaldas. Hasta que ese diciembre Patricia denunció a Daniel por abusos sexuales a la cría, después de que él lo hiciera en dos ocasiones en una semana por no dejarle verla. Se archivaron las diligencias e incluso el forense del caso determinó que la menor estaba condicionada. «Salí del juzgado con mi hija de la mano y Patricia se fue a otro y puso una segunda denuncia. Ambos jueces cruzaron los datos y volvieron a absolverme».

No contenta con ello, la mujer se fue con el informe de una pediatra a la Comunidad de Madrid, que le ofreció a Daniel acudir voluntariamente a someterse a unos análisis y sesiones, «que fueron una tortura». Finalmente, también en este estadio, quedaron como falsas las acusaciones de abusos. Aun así, le denegaron la custodia. Daniel llegó a poner 200 denuncias por incumplimiento del régimen de visitas y ella perdió varios juicios. Pero cambió la ley y el asunto pasó de ser delito a una falta.

Detectives privados

En febrero de 2017, ya metida de cabeza en Infancia Libre y probablemente condicionada por María Sevilla, dejó de permitir a Daniel ver a la niña. Desde octubre, no volvió a llevarla al colegio y Patricia cogió una baja y luego una excedencia en su trabajo. Desaparecieron. El padre contrató a unos detectives y averiguó que su ex había puesto en alquiler el piso de Prosperidad. El juzgado emitió entonces una orden de averiguación de domicilio y el Grume cogió el caso, sin resultados. Pesaba, además, otra orden de busca, detención e ingreso en prisión.

Hasta que a primeros de abril saltó a la opinión pública el caso de María Sevilla, que había secuestrado a su hijo en una finca de Cuenca, influenciada por una especie de locura religiosa, y quien también había acusado en falso a su ex de abusos sexuales contra el niño. Además, en las fotos aparecidas en la prensa también salía Patricia. Daniel se puso en contacto con la Unidad Adscrita de Policía Judicial de Plaza de Castilla, que tomó las riendas. En apenas tres semanas, dio con la actual pareja de la encartada. Ella llevaba dos años con su móvil dado de baja, pero él lo apagaba cada vez que salía de su casa para ir a la finca de La Cabrera, donde estaban escondidas madre e hija. Al regresar a su casa, volvía a encenderlo.

La Policía dio con el lugar el viernes por la noche. Hasta que ayer, tras ver por las ventanas que estaban dentro de la casa, a las afueras del pueblo, llamaron para entrar. Era un sitio inexpugnable, en el que llevaban al menos año y medio. La primera reacción de la menor fue decir que no quería ir con su padre: «Estaba adoctrinada para verlo como el enemigo», indican fuentes del caso.

Ayer por la tarde, la cría estaba feliz. Su padre le había comprado ropa, esperaba la llegada de sus abuelos desde Reus y volvía a mostrarse tan cariñosa con Daniel como siempre lo había sido antes de toda esta pesadilla. Patricia podría entrar en prisión el lunes, tal como solicitará su exmarido.