El «cinturón marrón» del sur de Madrid: 30 kilómetros de escombros ilegales

Del entorno del Polígono Marconi, en Villaverde, hasta los descampados del Barrio de Las Rosas, en San Blas-Canillejas, se expande esta cadena intermitente de desechos. Parcelas cercanas a la M-45 entre Villaverde y Vicálvaro, el entorno del camino de Valdecarros, la zona del antiguo poblado chabolista de Las Barranquillas, los solares que rodean el polígono de Vicálvaro, los márgenes de la carretera que une la A-3 con el vertedero de Valdemingómez, el camino del Malecón y el del Pozo del Tío Raimundo son algunos de los lugares donde más se concentran los vertidos incontrolados y que ejemplifican este problema que se arrastra desde hace muchos años .

Además, el Camino de la Magdalena , que conecta el parque de La Gavia con el Lineal del Manzanares, tiene el lamentable título de ser la mayor escombrera ilegal de la capital . A lo largo de los más de cinco kilómetros por los que discurre esta vía pecuaria, los escombros y la basura vertidos en los márgenes hacen impracticable el paseo por esta zona.

Desde hace más de tres años, los residentes observan alarmados cómo particulares y empresas se deshacen de todo tipo de desechos que se acumulan en los solares cercanos a sus viviendas sin pudor alguno. Justo en enero del año pasado, como avanzó ABC, el PSOE interpuso una denuncia ante el Seprona para evitar nuevos vertidos. «Cortaron algunos accesos al camino, pero los camiones entran ahora por otros lados. También desmantelaron la infravivienda que había, pero ahora han vuelto a aparecer más asentamientos . La situación, tristemente, es igual o peor», lamenta en declaraciones a este diario la presidenta de la asociación de vecinos del PAU de Vallecas, Rosa María Pérez, que el pasado noviembre volvió a dejar constancia de estas nuevas chabolas ante la junta del distrito.

«También hemos detectado que se producen quemas de escombros, para extraer el cobre de los cables », relata Pérez. Para los vecinos estos hechos son «súper peligrosos», puesto que se producen en un entorno en el que hay restos de láminas con amianto y uralita, neumáticos y productos químicos altamente inflamables.

El pasado octubre emprendieron una nueva marcha para reclamar que el camino de la Magdalena sea recuperado como un «pasillo verde». «El plan está dentro de la Estrategia del Este, ojalá pronto se pueda materializar», expresa la presidenta del PAU de Vallecas, que recuerda que el Camino de la Magdalena une el Ensanche con los restos arqueológicos del poblado carpetano de La Gavia, por lo que su recuperación serviría para poner en valor el recorido.

El Ayuntamiento y la Comunidad son quienes tienen la potestad de sancionar a los infractores que realizan vertidos ilegales. En ocasiones, es la propia Policía y la Guardia Civil quienes dan traslado a la administración competente del transporte ilegal de los residuos. Como regla general, según indicaron a ABC desde la Consejería de Medio Ambiente, las sanciones se tipifican como infracciones graves y el baremo va desde los 901 hasta los 45.000 euros, cuando se trata de vertidos no peligrosos; y desde los 9.001 hasta los 300.000 euros, si son residuos peligrosos. En los casos en los que no es posible identificar al responsable de los depósitos incontrolados, se contacta con el titular catastral de las parcelas afectadas. Además de las multas, desde la Consejería presupuestan cada año un plan de limpieza de escombros en los 4.000 kilómetros de vías pecuarias de dominio público que existen en la región.

En 2019, la Comunidad abrió 72 expedientes sancionadores , por los que se llegaron a recaudar 236.354 euros. Fueron 11 multas más que el año anterior, cuando el total de infractores tuvieron que desembolsar una suma de 235.309 euros. La multa más alta de 2019 ascendió a 30.000 euros .

Por su parte, en cumplimiento de la ordenanza de Limpieza, el Ayuntamiento interpuso 15 sanciones por abandonar muebles, electrodomésticos y otros enseres y 37 por el vertido de escombros de obras. Curiosamente, se redujeron a la mitad el abandono de muebles (37) y se duplicaron (84) las sanciones por escombros con respecto al año anterior, según los datos proporcionados por el Área de Medio Ambiente y Movilidad municipal.

En la última Comisión del ramo, a raíz de una pregunta del PSOE, el delegado del Área, Borja Carabante , se comprometió a dirigirse a la Comunidad para «buscar una solución» conjunta. En este sentido, desde la concejalía confirman a ABC que ya «se están estudiando mejoras en las actuaciones » que se coordinan con la Comunidad. A su vez, desde la Consejería señalan que «se realizan reuniones habitualmente con el Ayuntamiento para asesorar y coordinar actuaciones puntuales, así como con el Seprona».

Para el portavoz socialista de Medio Ambiente en el Consistorio, Alfredo González, es necesario crear un programa de regeneración y reforestación de los terrenos afectados. Considera que «el aumento de estos vertidos incontrolados está propiciado por la escasez de escombreras legales en Madrid». De hecho, tal y como señaló en la Comisión, sólo hay una en todo el término municipal, «La Salmedina», en Valdemingómez. Además, cinco de los veintiún distritos de la capital carecen de puntos limpios fijos , donde deshacerse de muebles, escombros, electrodomésticos y enseres.

El inconveniente es que en estas instalaciones sólo aceptan en cada porte un máximo de 120 kilos de escombros, es decir, cuatro sacos pequeños y hasta cinco enseres o elementos de gran envergadura. Por ello, desde el PSOE proponen revisar los criterios de admisión de basura en estas instalaciones, ya que entienden que «ponen muchas trabas».

Para compensar a los barrios que carecen, desde Medio Ambiente indican que el Consistorio quiere crear nuevos puntos limpios fijos en Montecarmelo, en Fuencarral, para el que ya se ha redactado un anteproyecto; y otro, en El Cañaveral, en Vicálvaro. Además, aseguran, «se está buscando suelo en otros distritos para instalar más». En cuanto a la creación de más escombreras legales, dependen de la iniciativa privada, que son quienes las gestionan y los nuevos centros los debe autorizar la Comunidad.