Cuenta atrás para Ence en la ría de Pontevedra

En unas semanas se espera que el Congreso apruebe el texto legal. La compañía se muestra preocupada por el artículo 18.4 del proyecto. En él se recalca que las concesiones en el dominio público marítimo terrestre pueden durar un máximo de 75 años «siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo». Construida en 1958, el plazo de 75 años caduca para Ence el año 2033. Pero la empresa cuenta con una prórroga de la concesión inicial concedida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2016 que le permitiría seguir hasta 2073. Ence entiende que tal como está la redacción en el proyecto, la ley se podría aplicar de forma retroactiva invalidando la posibilidad de continuar en Pontevedra otros 62 años.

Pero la Ley del Cambio Climático no es la única que podría frenar las aspiraciones de Ence de seguir en la ría . La prórroga otorgada por el Gobierno del PP en 2016 fue recurrida en los tribunales por el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación Pola Defensa da Ría (APdR) y Greenpeace. Hasta la llegada de Pedro Sánchez, la Abogacía del Estado defendía la legalidad de la resolución, pero en marzo de 2019 se allanaba en el procedimiento, es decir, dejaba de oponer resistencia ante las peticiones de los demandantes. El abogado del Estado argumentó en su escrito que la prórroga «no fue conforme a derecho» . Basándose en un informe del Consejo de Estado, expuso que «el plazo máximo» de una concesión es de 75 años, sin que se «pueda sobrepasar» ese límite. Además, la Abogacía del Estado consideró que Ence podría realizar su actividad en otro emplazamiento —algo que la empresa niega— por lo que no tendría por qué seguir ocupando los terrenos públicos del litoral. «Independientemente de cómo se redacte el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático, la legislación anterior ya deja claro que la concesión no puede superar los 75 años», explica Antón Masa, presidente de la APdR. Empresa, trabajadores (personados en la causa) y demandantes están a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el tema. «Nuestros abogados nos dicen que está todo listo para sentencia, no sabemos por qué no sale», indica José Antonio Lafuente, presidente del comité de empresa de la fábrica de Ence en Pontevedra. Pero sea cuál sea la resolución de la Audiencia el proceso judicial podría prolongarse varios años más. Tanto Ence como los demandantes afirman que recurrirán el fallo hasta las últimas instancias.

Lafuente manifiesta el hartazgo de la plantilla sobre las continuas dudas sobre un posible cierre de Ence en Lourizán. Cada día acceden al complejo unos mil trabajadores, 500 de plantilla directa y otros tantos contratados por empresas auxiliares. El comité de empresa solicita que se cree una mesa de Ence para aclarar el futuro de la factoría , en la que se sienten las administraciones, la empresa y los trabajadores. «Queremos acabar con la incertidumbre y dejar de andar con estas historias toda la vida, que las familias puedan estar tranquilas», demanda. Aunque los trabajadores no se niegan de forma rotunda a un cambio de ubicación de la factoría, creen que no es una opción realista. «Llevo 20 años trabajando en esta fábrica y en ningún momento han dado un lugar alternativo», explica el presidente del comité, del sindicato CIG. «Si existiese una alternativa real y completa garantizando los puestos de trabajo sería otra cosa, lo que queremos es una solución definitiva».

«La empresa ha sido categórica e incluso sincera, si no puede seguir en Pontevedra no va a buscar una zona alternativa. Se iría de Galicia. Tenemos que saber las consecuencias de lo que puede pasar», asevera el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Desde el ejecutivo autonómico se defiende la legalidad de la concesión otorgada a Ence en 2016 y se culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de crear una nueva amenaza para el empleo industrial de la Comunidad , tanto allanándose en la defensa de la prórroga como ahora con la nueva Ley de Cambio Climático. Rueda explica que a través del Grupo Popular en el Congreso se han introducido enmiendas a la redacción del artículo 18. Además, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladó la preocupación de Galicia a la ministra de Transición Ecológica , Teresa Ribera, en el encuentro mantenido a mediados de febrero. «La ministra dice que no tendrá efecto retroactivo, pero ya no es que nuestros servicios jurídicos interpreten eso, es que el Consejo de Estado acaba de decir lo mismo», indica en conversación con ABC. Rueda llama también la atención de que la nueva ley no solo pondría en peligro los alrededor de 5.000 empleos (contando los indirectos que genera Ence) sino que crea gran «inseguridad jurídica» en el resto de empresas que se asientan en concesiones del dominio público marítimo terrestre.