Ence congela las inversiones hasta saber si puede continuar en la ría

Según informa Ep, la firma que preside Juan Luis Arregui se ha dado un plazo de cuatro semanas para presentar un análisis del impacto de esta nueva situación en su plan estratégico 2019-2023 y definir alternativas. Entre ellas podría estar el traslado de parte de la producción de la planta de Pontevedra a la de Navia , en Asturias, aunque Ence estima que la ampliación de capacidad productiva de esta planta no sería suficiente para alcanzar el objetivo inicialmente fijado en su plan estratégico actual. Las dudas sobre la concesión de la planta de Pontevedra pueden hacer variar las principales magnitudes del plan estratégico, con el que Ence preveía casi duplicar su resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta alcanzar 550 millones de euros en 2023 a precios constantes de la celulosa.

A dos años del plazo legal para que Ence abandonase la ría, el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones prorrogó la concesión a Ence hasta 2060. Pero el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría y Greenpeace, que se oponen a la pastera por su fuerte impacto medioambiental en la ría , denunciaron la prórroga en los tribunales. Después de que el Estado considerase también que la decisión fue ilegal, la Audiencia Nacional decidirá en un mes si continúa con el procedimiento dándole a Ence la opción de defenderse. De hacerlo, el proceso podría alargarse entre cuatro y seis años en caso de que se tuvieran que agotar todas las instancias legales, incluyendo el Tribunal Supremo, el Constitucional e instancias europeas. Ence ve improbable que durante este tiempo algún juez decida paralizar la fábrica.

Si el proceso judicial no se resuelve de forma exitosa para la compañía, Ence tiene previsto reclamar todas las inversiones realizadas en la planta desde que se extendió la concesión, que alcanzan ya los 132 millones de euros (aproximadamente el 10% de su capitalización).

De momento, la compañía no contempla el peor escenario para sus intereses. Considera que incluso en el caso de que la justicia no les diera la razón, deberían ser capaces al menos de obtener una prórroga hasta el año 2033 , lo que implicaría una duración de la concesión de 75 años en total desde 1958, que es el periodo máximo que ha argumentado el ministerio para inhibirse en los procesos en curso. Hasta esa fecha la compañía cree que la planta podrá seguir funcionando.